Diputados del Frente de Todos quieren anular, por ley, los sumarios a Salud

Sostienen que en esta segunda ola es necesario una eficiente prestación del sistema de Salud.

Desde que se levantaron los cortes de ruta, los trabajadores autoconvocados de Salud siguen adelante con distintas medidas de fuerza reclamando la devolución de los días descontados y el cese de los sumarios iniciados en el contexto de la protesta. Pero ahora, los y las diputadas del Frente de Todos presentaron una ley para que esto último ocurra sin la aprobación del Ejecutivo.

El bloque de diputados del Frente de Todos presentó este viernes un proyecto de ley para que se dejen sin efecto los sumarios administrativos iniciados a los trabajadores del Sistema de Salud Público de la provincia, con motivo de las medidas que llevaron adelante durante el conflicto salarial de este año. Los autoconvocados bloquearon las rutas de Vaca Muerta por más de 20 días, reclamando una recomposición que compensara la pérdida económica sufrida en 2020.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que la que se vive es una situación excepcional, por la que atraviesa no solo Neuquén sino todo el país debido a la segunda ola de la pandemia de Covid-19, y que por tal motivo “el Estado no puede distraer esfuerzos físicos y económicos para tramitar sumarios, ni tampoco distraer al personal de salud que debe abocarse exclusivamente a la atención de pacientes”.

El proyecto señala también que los “sumarios administrativos de carácter laboral” se han iniciado por “las actividades desarrolladas durante el extenso conflicto salarial” y que en “una situación normal podrían sustanciarse con todas las garantías del debido proceso y el derecho de defensa”. Pero advierte que frente a una situación excepcional, por la segunda ola de contagios, “corresponde a esta legislatura dejar sin efecto los sumarios iniciados con motivo del conflicto salarial último, en salvaguarda de una eficiente prestación del servicio de salud pública”.

Finalmente, el proyecto, en los considerandos se hace hincapié en el derecho a la salud como “derecho humano y social del primer orden” y como “bien jurídico” que debe ser reconocido y tutelado por todos los ordenamientos jurídicos donde impera el estado de derecho.

“Sin lugar a dudas, la preservación de la salud genera obligaciones positivas y no sólo negativas, o de simple abstencionismo estatal. Se ha añadido la obligación de dar y hacer lo necesario para proteger la salud, como así también para promoverla en beneficio de las personas mediante el despliegue de prestaciones y medidas de acción positivas”, agrega el texto.


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