Disenso intelectual

Un grupo de intelectuales emitió días atrás un crítico documento titulado: “Hacia una caracterización del gobierno de Cambiemos. La ampliación del horizonte punitivo y los derechos humanos”.

Bajo el nombre de Espacio autónomo de pensamiento crítico, el grupo es integrado por Roberto Gargarella, Rubén Lo Vuolo, Maristella Svampa y Silvina Ramírez, entre otros.

El documento evade los lugares comunes. No omite considerar las responsabilidades del gobierno anterior en el actual estado de cosas, como tampoco los problemas económicos y sociales para entonces irresueltos. Sin embargo, se centra en “un signo inequívoco de este gobierno y que merece una reacción urgente: su retórica y su política en materia de derechos humanos y de seguridad ciudadana”.

Allí se destaca que bajo la gestión de Cambiemos no hay invocación alguna a los derechos humanos como guía de las políticas públicas.

Por el contrario, el gobierno plantea una política de criminalización cada vez más generalizada sobre diferentes actores sociales y políticos movilizados, en un contexto de visible aumento de la protesta social.

En tal sentido, representa una ruptura con los mejores valores que buscó construir la recuperación democrática en el país.

Así, la violencia institucional se agravó y en los últimos meses se abrió a una nueva época. Primero, con el hallazgo sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado tras un procedimiento a cargo de una fuerza de seguridad del Estado.

Luego con el asesinato por la espalda del joven Rafael Nahuel por parte de las fuerzas de Prefectura, una acción justificada públicamente por altos funcionarios de gobierno.

El manifiesto sostiene, además, que en un contexto de extractivismo y de clara disputa por la tierra con grandes actores económicos, el gobierno convirtió a la población mapuche en una suerte de “enemigo interno”, buscando así disciplinar cualquier disputa sobre la apropiación de los recursos naturales en el país.

En relación con el accionar policial expresa que desde los lugares más prominentes del Ejecutivo se alienta la idea según la cual la muerte del delincuente es una opción más, disponible sin mayores resguardos, para los agentes de seguridad.

Critica incluso la felicitación presidencial al agente policial procesado por haberse excedido en el ejercicio de sus funciones, y responsable de haber matado a un presunto delincuente, considerándola de enorme gravedad.

Cuestiona los estándares probatorios postulados por el oficialismo, en tanto pretender “cambiar la presunción de inocencia a favor de las fuerzas de seguridad” colisiona contra la Constitución.

Pero también, a un mismo tiempo, contra la idea que nos dice que el poder extraordinario que adjudicamos a quienes llevan armas de fuego, exige de cuidados y controles también extraordinarios sobre el modo en que ellos pueden hacer uso de ese poder.

En el área procesal el documento advierte acerca de la iniciativa de “presentar como extremas, o propias del fanatismo doctrinario, a las posiciones llamadas garantistas”. Lo cual conlleva a subestimar la defensa de garantías incluso asumidas por el más modesto derecho penal liberal, en cualquier país civilizado.

En materia de discurso constitucional empleado por el gobierno advierte que los derechos económicos y sociales establecidos en la Constitución desde hace más de medio siglo no son tratados hoy como derechos inviolables e incondicionales.

Por el contrario, se los asume como residuos de un programa que prioriza y garantiza beneficios y rentas al capital más concentrado.

Lo cual, en la práctica, se traduce en la erosión de las garantías para el acceso a condiciones laborales y beneficios sociales básicos, y la continuidad de políticas asistenciales que no responden a las exigencias de bienestar social de la población.

Todas esas prácticas, sostienen finalmente, expresan un grave retroceso. Tanto en cuestiones de libertades individuales como en términos de autogobierno colectivo.

(*) Doctor en Derecho. Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)