Dólar + inflación = la cruz invertida

Por Redacción

DARÍO TROPEANO (*)

El inicio del año ha recalentado dos conceptos que machacan con intensidad la vida diaria de los argentinos: la inflación y el dólar. Los diagnósticos y soluciones que se proponen varían según la posición política e ideológica, la escuela económica o los intereses personales o sectoriales de cada uno de los muchos expositores que a diario explican estos fenómenos. El dólar es la principal moneda del comercio mundial; con ella se compra y vende la mayoría de las mercaderías –incluidas las que exporta Argentina– y su precio activa o desactiva la “competitividad” de la economía argentina y, por cierto, los precios internos. El tipo de cambio entre el dólar y el peso es la relación entre dos monedas que definen equivalencias expresando el valor de las mercancías. Por eso Argentina fija la paridad peso-dólar como lo crea más conveniente pero no define el nivel de productividad del país, aunque fijando su precio puede mejorar la llamada “competitividad” en la colocación de productos a nivel internacional y de paso –como en la actualidad– fijar un ancla contra la inflación. La paulatina pérdida de sobrevaluación cambiaria (dólar alto) a partir del 2008 –con aumento evidente del salario real–, la elevación de los precios internacionales de los productos que Argentina importa para incorporarlos al proceso de producción, la sistemática devaluación del dólar que eleva esos precios y el pago “religioso” de la deuda externa que requiere una constante disponibilidad de dólares, junto con la presión de los grupos económicos concentrados por una devaluación que contribuya a recuperar su rentabilidad, constituyen el cóctel que explica el aumento de la moneda norteamericana. El Estado fuerza el control del “precio del dólar” y al regularlo mediante un “dólar oficial” define férreamente su cotización. Al controlar la compra pretende asegurarse para sí los dólares que necesita para el pago de la deuda –sin endeudarse en dólares– y para que dispongan los importadores que adquieren productos básicos para la industria y el agro que vienen del exterior. El aumento del dólar refleja, además, una fuerte disputa por la posesión de la divisa entre el Estado y los grandes grupos económicos, ahora sujetos al control cambiario. En la década del 90 las privatizaciones y el endeudamiento externo, junto a la paridad 1 a 1, facilitaban el libre egreso de dólares hacia el exterior. En una economía monopólica y oligopólica (pocos formadores de precios) los actores (industriales, exportadores, grandes productores), frente a la pérdida de competitividad y la consecuente ganancia empresaria, presionan por un aumento del tipo de cambio (el dólar). En lugar de reinvertir una parte sustancial de las superutilidades obtenidas en los años posconvertibilidad, las “exportaron” al exterior sistemáticamente hasta el 2012 (cuando comenzaron las regulaciones), debilitando así la productividad vía capacidad instalada, tecnología y formación de capital humano. El Estado nacional permitió en el ciclo 2002-2012 este drenaje e intentó reordenar con grandes limitaciones (control Moreno, estatización de AFJP e YPF, control de importaciones, precio del dólar oficial, etcétera) los precios internos, la cotización del dólar y la disponibilidad de la moneda extranjera, aumentando los recursos fiscales (retenciones a las exportaciones). El pequeño inversor –no es el problema central del asunto– adquiere dólares por una cuestión simple: ahorra en una moneda que “cree” que le da cobertura frente a la inflación dado que no puede ser cubierto con un plazo fijo bancario, no le alcanza para un auto o un inmueble o acaso atesora para un viaje. Veamos el asunto de la inflación y su vinculación con el dólar como se nos explica asiduamente en los medios de comunicación. La inflación es un proceso de transferencia de riqueza de un sector a otro de la sociedad. Refleja la existencia de un conflicto no resuelto en relación con la estructura productiva y distribución del ingreso donde interactúan las “fuerzas del mercado” y las fuerzas políticas y sociales. Ante el aumento sostenido de los precios en los últimos cuatro años no se puede pedir a los consumidores “hacer un vacío” a los remarcadores de precios. Menos aún los acuerdos de precios por “60 días”. Es algo que ya se probó sin éxito en la historia argentina. La solución no es tan fácil. El mecanismo de formación de precios se vincula con el sistema de competencia. El que tiene un capital ofrecerá un bien o un servicio y si no tiene ningún capital deberá vender su fuerza de trabajo o su capacidad intelectual. Todo eso tendrá un precio determinado en el mercado. El precio que logre cada uno por lo que venda será la parte que recibirá de la distribución del ingreso. Pero ¿quién determina los precios de los bienes y servicios y, por lo tanto, el ingreso de cada uno? Todo dependerá de la forma en que funcione el mercado respectivo. En nuestro país la inflación se vincula con dos factores centrales: el tipo de cambio (devaluación del peso en relación con la divisa) y la estructura concentrada de los mercados. Veamos un esbozo parcial de su conformación. La leche fresca se concentra en un empresa que comercializa el 64%, en yerba mate tres molinos absorben el 53% del mercado, en gaseosas dos empresas multinacionales abarcan el 81% del mercado, cuatro ingenios concentran el 54% de la producción de azúcar, dos empresas multinacionales controlan el 99,5% del mercado de tocador, cosmética y perfumería, tres multinacionales absorben el 86% del mercado, en plásticos dos empresas promedian el 70%, en acero otras dos concentran aproximadamente el 71%, en cemento tres empresas disponen del 98% y así sucesivamente. La oferta concentrada y extranjerizada de productos sustanciales de la economía argentina es un acicate cierto e ineludible para pensar el fenómeno inflacionario. La búsqueda para imponer los precios internos más elevados por los formadores de ellos, como mecanismo para mantener la tasa de ganancia, explica además la necesidad de mantenerlos actualizados en forma permanente frente a un proceso de recomposición del salario que disminuyó la ganancia, proceso éste que llegó a su clímax en el 2011 y evidencia ahora un deterioro. Las pequeñas y medianas empresas que coexisten con los grandes conglomerados empresarios se hallan al final de la cadena con un poder relativo de negociación y por lo tanto son “tomadoras” de precios de los grandes grupos. La mayoría de los economistas nos dice que el exceso de demanda ha incentivado la inflación. Ello ha sido consecuencia de la recomposición del salario y ha permitido la sustitución de importaciones y la reindustrialización primaria del país. Bajar salarios no va a disminuir la inflación. Queda claro que los golpes de inflación no se asocian a excesos de demanda y se puede considerar que los tres momentos de hiperinflación (Rodrigazo, Alfonsín y Menem en sus inicios) sucedieron con una economía en recesión, con una fuerte caída del consumo y de la inversión; es decir, a la inversa de lo que explican los economistas liberales. La apropiación de la renta y su distribución requieren un modelo de inversión y desarrollo más horizontal y democrático, repartiendo en miles de pequeñas y medianas empresas el grueso de la actividad económica. Es un proceso lento y trabajoso que depende del impulso estatal. Es necesario recuperar los superávits fiscales que dieron impulso al fuerte crecimiento 2002-2008 disminuyendo el gasto público improductivo y el subsidio imperfecto que ha generado escasos resultados en el transporte y la energía. Se impone una actitud moderada con la emisión monetaria, sobre todo a partir del recesivo 2009, ya que la economía no evidenció durante el bienio 2011-2012 absorber “gratuitamente” los pesos volcados a la misma, sobre todo para financiar déficit. Al revés que en la convertibilidad, nos encontramos frente a un dólar en asenso y con una presión inflacionaria que puede dejar de ser inercial y transformarse en intensidad; una cruz invertida, una cruz que de acentuarse nos hará retroceder nuevamente. (*) Abogado. Docente de la Facultad de Economía de la UNC

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