Economía kamikaze
Bien antes de llegar a la conclusión de que, para alcanzar la “soberanía hidrocarburífera”, sería necesario pactar cuanto antes con una petrolera extranjera –con cualquiera, con tal que no fuera Repsol–, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se había manifestado resuelto a reducir los subsidios al consumo de energía, pero pronto abandonó la “sintonía fina” así supuesta porque no quería pagar los costos políticos que conllevaba. Por los mismos motivos, el gobierno se ha resistido a combatir la inflación o corregir otras distorsiones provocadas por su voluntad de subordinar absolutamente todo al consumo por entender que es la mejor forma de asegurarle votos y por lo tanto poder político. Aunque según la Constitución, a Cristina le quedan casi dos años y medio más en la Casa Rosada, se ha acostumbrado a gobernar como si estuviera a punto de finalizar su mandato. Insiste en postergar las decisiones difíciles por motivos electoralistas, con el resultado de que continúan acumulándose los problemas estructurales, como los causados por el gigantesco déficit energético y una tasa de inflación que está entre las más altas del mundo, que tarde o temprano le será forzoso enfrentar. Una consecuencia de esta situación es que todos los reveses sufridos por el gobierno –el drama protagonizado por Ricardo Jaime, la controversia desatada por los aspectos más oscuros de la trayectoria del general César Milani y cualquier otro asunto que podrían aprovechar sus adversarios– tienen un impacto negativo en el manejo de la economía. Puesto que la prioridad de Cristina es conservar su capital político, el que se vea disminuido por episodios imprevistos y por la discrepancia cada vez más evidente entre “el relato” y lo que efectivamente hace, se siente sin más opción que la de aferrarse a una estrategia económica expansiva, “procíclica”, aun cuando las circunstancias reclamen una que sea radicalmente distinta. Parecería, pues, que hasta fines de octubre por lo menos la economía dependerá de un piloto automático que está programado para no hacer nada que podría significar una pérdida de votos oficialistas y que si, como muchos prevén, los resultados sirven para debilitar a la presidenta, ella reaccionaría, como hizo su marido ante la derrota humillante que experimentó en el 2009, intentando huir hacia adelante como un kamikaze. En aquella oportunidad, la táctica funcionó porque la economía ya había reanudado su crecimiento luego de una caída abrupta aunque, por fortuna, coyuntural, pero en la actualidad el consenso es que la posibilidad de que la historia se repita es virtualmente nula. Mal que nos pese, se acerca la hora de hacer frente a una larga lista de asignaturas pendientes. En todas partes es normal que, en las semanas que preceden a elecciones clave, los gobiernos procuren exagerar la importancia de sus presuntos logros y minimizar la de lo que saben fueron desaciertos, pero así y todo, en la mayoría de los países democráticos entienden que no les convendría alejarse demasiado de la realidad. Aquí, empero, las reglas suelen ser más flexibles. Huelga decir que un gobierno que adultera sistemáticamente las estadísticas, acaso con la esperanza de que –andando el tiempo– la economía, impulsada por un viento de cola fuerte y ayudada por la adaptabilidad de un pueblo habituado a crisis descomunales, termine poniéndose a la altura de la imaginada por el Indec, se esforzará por convencer al electorado de que no hay por qué preocuparse, atribuyendo las advertencias de los alarmados por las perspectivas ante “el modelo” a su supuesta voluntad de regresar a los satanizados años noventa. Mientras tanto, seguirá cobrando más fuerza la inflación, evaporándose las reservas y alejándose aquellos inversores en potencia que no consigan privilegios parecidos a los otorgados a la petrolera estadounidense Chevron. De imponerse la lógica económica, el gobierno modificaría drásticamente el rumbo no sólo en lo concerniente al futuro inmediato de YPF, como acaba de hacer, sino también en casi todos los demás ámbitos, pero, por desgracia, se trata de una excepción imputable al pánico, ya que conforme a la lógica política que impera en el núcleo duro del kirchnerismo, la mejor manera de solucionar los problemas económicos consiste en atribuirlos a una maniobra de los odiados neoliberales y sus aliados oligárquicos.
