Acuerdo con el FMI: el decreto de Javier Milei esquiva al Congreso, omite la «letra chica» e incrementa la deuda externa

El Poder Ejecutivo se autorizó a sí mismo a suscribir un nuevo entendimiento con el organismo, sorteando los controles que establece la ley argentina. El acuerdo de Facilidades Extendidas se firmará a diez años, y la actual gestión no deberá afrontar vencimientos hasta el final de su mandato.

El gobierno de Javier Milei publicó esta madrugada el Decreto 179/2025, publicado en el Boletín Oficial este martes, mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a suscribir los instrumentos necesarios para la firma del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La normativa está vigente desde el momento de su promulgación, es decir desde hoy martes 11 de marzo de 2025, y solo podría revertirse en el caso en que ambas cámaras del Congreso de la Nación expresaran su rechazo mayoritario. Nunca desde que Javier Milei es presidente, se verificó un escenario semejante.

En efecto, en los catorce meses que lleva la actual gestión (y en realidad desde 2006, cuando se reglamentó por ley esta facultad del Ejecutivo) el Poder Legislativo logró apenas una vez revertir una decisión adoptada por decreto: la ampliación de fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), en septiembre del año pasado. Otra fue la deriva legislativa del mega Decreto 70/23, como de los que sirvieron para determinar el presupuesto universitario o la fórmula de actualización de los haberes previsionales.

En otras palabras, difícilmente el Congreso oponga resistencia al Decreto 179/25, y la normativa publicada hoy habilitará definitivamente al Poder Ejecutivo a suscribir el acuerdo con el FMI. Es en este punto donde emerge uno de los puntos más polémicos de la manera en que la gestión Milei ha elegido avanzar en este nuevo capítulo histórico con el organismo.

El presidente se autoriza a sí mismo a firmar con el FMI un incremento de la deuda pública, esquivando los controles de parte del Congreso de la Nación que establece la legislación argentina vigente.

Acuerdo con el FMI: ¿para qué se usará el dinero?


La traducción práctica del Decreto 179/25 implica que el presidente se autoriza a sí mismo a firmar con el FMI un incremento de la deuda pública, esquivando los controles de parte del Congreso de la Nación que establece la legislación argentina vigente. Solo por este ítem, hay quienes se atreven a denunciar que el decreto es nulo, y que el nuevo acuerdo con el organismo carece de legitimidad legal incluso antes de su rúbrica.

El texto publicado esta mañana en el Boletín Oficial carece de información específica en relación al acuerdo y se limita a detallar la finalidad de los fondos incluidos en el mismo. En este sentido se especifica que los mismos se utilizarán para la cancelación de «Las letras intransferibles en DÓLARES ESTADOUNIDENSES en poder del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA» y de «Las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los CUATRO (4) años de la suscripción del acuerdo».

Con el nuevo acuerdo, el FMI le otorga a Javier Milei los fondos necesarios para pagarle al propio organismo los vencimientos hasta el fin de su mandato.

Es uno de los únicos detalle concreto que existe hasta el momento acerca del acuerdo: el dinero se utilizará para cancelar la deuda que el Tesoro del Estado Nacional mantiene con el Banco Central, y para pagar los vencimientos del último acuerdo con el FMI, suscrito por el gobierno de Alberto Fernández. El otro detalle que da a conocer el Decreto 179/25 es que el nuevo acuerdo será de «Facilidades Extendidas» y por un plazo de 10 años.

En definitiva, lo que puede interpretarse del texto promulgado por el gobierno, es que el Fondo le facilitará a Javier Milei el dinero suficiente para cancelar los vencimientos con el propio organismo hasta el final de su mandato, y que además accederá a realizar un desembolso de monto aún desconocido que servirá para fortalecer las reservas del Banco Central.

Visto bueno. El presidente Milei y su último encuentro en Washington con Kristalina Georgieva.

Es en este punto en el que cobra real importancia la ausencia absoluta de información respecto a la letra chica de lo que está por firmar el gobierno. Incluso si el Congreso de la Nación decidiera avanzar en el tratamiento del Decreto 179/25, lo cierto es que los legisladores carecerían de información respecto a las implicancias del acuerdo que se debate.

¿Cuánto dinero prestarán y qué le pide el FMI al gobierno de Javier Milei?


En relación a los montos, el rumor que circula desde el fin de semana, es que el acuerdo sería por u$s 20.000 millones. De ese total, unos u$s 12.000 millones se utilizarían para cancelar los vencimientos del acuerdo vigente por los próximos cuatro años. Los u$s 8.000 millones restantes configurarían el desembolso inicial.

El gobierno insiste en que el acuerdo «no incrementa la deuda bruta». En los hechos, la gestión Milei está a punto de generar un fuerte incremento de la deuda externa en dólares, asumiendo condiciones aún desconocidas impuestas desde fuera del país.

Por otra parte, los acuerdos de Facilidades Extendidas son utilizados por el organismo para asistencias financieras de largo plazo, y habitualmente implican condicionalidades profundas relacionadas a reformas estructurales que garanticen el repago de la deuda.

Conocer tales condiciones es esencial para interpretar el impacto real que el acuerdo tendrá sobre la estructura económica, financiera y productiva. En este sentido, los trascendidos indican que en un escenario de máxima el organismo exige el final del cepo cambiario, y de mínima, que el gobierno deje de intervenir utilizando reservas en el mercado cambiario con el esquema de dólar blend.

En el Fondo son inflexibles respecto a la posibilidad de que los desembolsos se utilicen para sostener artificialmente el atraso del tipo de cambio, algo expresamente prohibido en el estatuto del organismo. Dicho de otra forma, el FMI no quiere repetir la fallida experiencia de 2018, cuando quien estaba al frente del ministerio de economía, también era Luis Caputo.

“El acuerdo no incrementa la deuda bruta”, sostienen puertas adentro del gobierno. A la vista de la escasa información que existe hasta el momento, el argumento que el presidente Javier Milei ha escogido para justificar el acuerdo, es fácticamente falaz. En los hechos, la nueva deuda que asumiría el gobierno con el organismo ascendería a unos u$s 8.000 millones, lo que permitiría al gobierno capitalizar con reservas el Banco Central.

Cabe destacar que actualmente, las reservas netas del Banco Central son negativas por aproximadamente u$s 10.000 millones, con lo cuál, si se confirma que esos son los montos, el desembolso no sería suficiente siquiera para equilibrar las cuentas del BCRA.

En definitiva, la gestión Milei está a punto de generar un fuerte incremento de la deuda externa en dólares, asumiendo condiciones aún desconocidas impuestas desde fuera del país, con el único objetivo de saldar deuda interna e intra sector público.


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