Movilizar la riqueza
La Patagonia norte vive uno de los procesos de transformación económica más intensos en décadas, pero atraviesa una paradoja. Posee los activos que el mundo demanda (energía, minerales, alimentos) pero todo ese dinamismo empieza a chocar con una realidad incómoda: la infraestructura no acompaña el ritmo del desarrollo.
Esta tensión, que vive todo el país, es particularmente evidente en nuestra región. Mientras Vaca Muerta rompe récords de producción, las vías para aprovechar esa riqueza operan al límite. Rutas intransitables, redes eléctricas obsoletas y saturadas, déficit de servicios urbanos, brechas de conectividad y crecientes tensiones entre el uso del agua y el ambiente, entre otras. El territorio que hoy aparece como uno de los principales motores económicos del país enfrenta limitaciones de logística y servicios pensados para una escala de actividad menor.
Para transformar esta realidad, es imperativo consolidar un modelo de inversión pública y privada que entienda a la infraestructura no solo como obra civil, sino como una política de competitividad e inserción internacional de nuestras economías regionales. Donde la logística no sea considerada un costo sino un habilitador de la producción.
Durante décadas, el esquema argentino descansó sobre una lógica: el Estado nacional concentraba la inversión estratégica y las provincias acompañaban. Ese modelo demostró tener limitaciones y hoy atraviesa un punto de inflexión.
El Gobierno nacional, ante el escaso margen fiscal y por convicción ideológica, redujo la obra pública al mínimo. Eso obligó a los gobiernos provinciales a buscar alternativas para sostener los proyectos críticos y evitar los cuellos de botella del crecimiento productivo. Aparecen nuevas formas de financiamiento: créditos multilaterales, emisión de deuda provincial, fideicomisos específicos y participación directa del sector privado. En especial, la industria hidrocarburífera empezó a involucrarse en obras que antes se consideraban de exclusiva responsabilidad estatal como rutas, accesos logísticos, redes energéticas y servicios a la producción.
Sin embargo, estas no son soluciones de fondo. El debate no debiera ser quién reemplaza al Estado, sino cómo se construye una articulación inteligente entre inversión pública y privada para que la modernización de rutas, redes ferroviarias, oleoductos, redes eléctricas, sistemas de riego y puertos, entre otros, pueda financiarse, estén integrados a los esquemas productivos y comerciales y funcionen bajo sistemas de gobernanza que superen los ciclos políticos.
Esquemas como el RIGI funcionan como anclas de previsibilidad, pero para que sean efectivos necesitan hojas de ruta que trasciendan la emergencia. La experiencia internacional muestra que los grandes procesos de desarrollo territorial rara vez se sostienen solo con inyección de fondos públicos, pero tampoco cuando se delega la planificación completamente al mercado.
La infraestructura tiene una característica que la diferencia de otras inversiones: produce beneficios colectivos que exceden la renta inmediata. Un oleoducto o una terminal exportadora pueden financiarse bajo lógica privada porque tienen ingresos directos. Pero una escuela, una red cloacal, una estación transformadora urbana o una ruta secundaria que conecte a pequeños productores difícilmente entren en esa ecuación.
Tampoco basta con planificar y realizar obras. Se necesita un modelo de negocios sólido que explote eficientemente esas redes en beneficio de la producción local y la oriente hacia la exportación.
La inversión privada debe asumir un rol más activo en la infraestructura que habilita su expansión. Es razonable que quienes generan mayor presión sobre corredores viales, redes energéticas o servicios logísticos contribuyan a financiarlos mediante esquemas transparentes y previsibles. Pero el Estado conserva funciones indelegables: planificar el territorio, equilibrar asimetrías, garantizar acceso universal a servicios esenciales y sostener inversiones cuyo retorno no se mide en dinero o renta inmediata sino en desarrollo humano.
La Patagonia Norte necesita con urgencia de corredores logísticos integrados, redes eléctricas modernas, conectividad digital para zonas rurales, una gestión eficiente del agua y ciudades que crezcan sin perder habitabilidad. Si Argentina logra coordinar planificación estatal, ejecución privada, estabilidad regulatoria y administración transparente, la infraestructura dejará de ser un cuello de botella para convertirse en una plataforma para un crecimiento federal, sostenido y sustentable.
Comentarios