Educación, arma contra la desigualdad
Volcar más recursos al sistema es bueno, pero no alcanza. Son necesarios un régimen de impuestos más progresivo y políticas educativas que ayuden a redistribuir mejor los ingresos, como la jornada extendida.
¿Qué tanto saben los educadores acerca de la política fiscal? ¿Saben quiénes pagan impuestos y quiénes reciben el gasto público? ¿Saben cómo se distribuye la inversión educativa? Estas preguntas son centrales para la educación y para toda la sociedad. Definen gran parte de la justicia educativa. Y permanecen relativamente a la sombra de los saberes de docentes, pedagogos y funcionarios educativos.
Con el documento “¿Cómo distribuir la educación?”, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) intenta echar luz sobre los efectos distributivos de los impuestos, el gasto público y la inversión educativa.
El punto de partida es la evidencia de las desigualdades sociales en América Latina. Nuestro continente no es el más pobre pero sí el más desigual de la Tierra. Una de las causas está en sus sistemas impositivos. A diferencia de los países desarrollados, donde los más ricos pagan muchos más impuestos, en los nuestros esta regla básica de la política fiscal no se cumple.
En la Argentina el sistema impositivo recién se tornó levemente progresivo (cobra más a quienes más tienen) cuando se instalaron las retenciones a las exportaciones en el 2002. Pero este efecto sigue siendo muy leve, cuando debería cobrarse mucho más a quienes más tienen. Una explicación concreta es que, en comparación con el resto del mundo, tenemos un Impuesto al Valor Agregado (IVA) muy alto que pagan todos y un Impuesto a las Ganancias muy bajo que paga solamente el 15% más rico.
En cuanto al gasto público, el documento muestra que es progresivo: el Estado invierte más en quienes menos tienen. Pero está lejos de los países europeos en justicia distributiva: allí el Estado destina proporcionalmente muchos más recursos a los sectores más pobres.
Las metas pendientes
En materia educativa se costearon las grandes metas pendientes para los próximos años: el acceso a educación inicial de 0 a 3 años, la universalización del Nivel Inicial y de la secundaria, la extensión de la jornada escolar para el 30% de los alumnos más pobres en primaria, la mejora de la formación docente y de la capacitación y la entrega de netbooks para el Nivel Primario.
Una conclusión es que todas estas metas son viables si el país crece a un ritmo del 4% anual durante los próximos cuatro años. Es decir que si hay crecimiento económico sostenido y se mantiene la inversión educativa que se realiza en la actualidad (que llegó a un pico histórico del 6% del producto bruto interno gracias a la ley de Financiamiento Educativo), tendremos recursos para estas grandes metas. Ésta es una gran noticia. Pero cumplirla requiere mucha decisión política, consensos y capacidades técnicas. Es posible transformar la educación si hay crecimiento económico y se toman las decisiones adecuadas.
La otra conclusión es que no todas las metas son igual de prioritarias. Cada una tiene valoraciones distintas.
Un criterio es analizar quiénes son los beneficiarios.
El estudio indica que las políticas que más favorecerían a los sectores más pobres son las que atienden a los sectores excluidos de la primera infancia en la oferta educativa y en el Nivel Inicial y secundario. Más en concreto, si la extensión de la jornada escolar está efectivamente destinada al 30% de los alumnos más pobres es la política educativa que mayor efecto distributivo tendría. Bien planificada y ejecutada, como ocurre en el caso de Río Negro, puede ser un motor de transformación educativa en los sectores populares.
Recopilando todas las dimensiones, el estudio finaliza con una propuesta.
Dado que el Impuesto a las Ganancias es el más progresivo, se analiza cuántos recursos puede generar el Estado en el 2012 si no se actualiza el mínimo no imponible por la inflación.
De esta manera se podría recaudar más del impuesto más justo, mientras sería en todo caso conveniente bajar el IVA de la canasta básica que consumen los más pobres si se quiere equilibrar las cuentas siendo progresivos.
El costo de no aumentar el mínimo no imponible de Ganancias equivale exactamente a lo que cuesta llegar al 30% de los alumnos más pobres con una oferta de escuela primaria de jornada extendida (construyendo nuevas escuelas y pagando los salarios docentes).
Ésta sería la política más redistributiva que podría implementarse: cobrando más impuestos de los más ricos se brindan más oportunidades educativas para los sectores más desfavorecidos.
Este tipo de discusiones no puede ser ajeno a los educadores.
Es necesario conocer más de políticas fiscales para volcar todo el poder educativo a las transformaciones necesarias para hacer juntos una sociedad más justa.
(*) Investigador principal del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec)
AXEL RIVAS (*)
Cippec
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