Educación: una política de largo plazo

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Durante los últimos años la calidad de la educación en la Argentina ha venido decayendo sin parar. Sin dudas, el dato más contundente en lo que al mencionado deterioro se refiere son los resultados del estudio internacional PISA 2012, elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Este estudio evalúa en matemáticas, ciencias y comprensión lectora a estudiantes de 15 años y en el mismo nuestro país se ubica en el puesto 59 entre 65 naciones, tras caer una posición con respecto al 2009.

La provincia del Neuquén no es una isla y está dentro de este triste panorama. Necesitamos cambios. Ahora, ¿por qué no se intenta realizarlos? Una primera razón es que es impopular plantearlos y hay falta de convencimiento. Muchas veces esos cambios tocan intereses y es casi seguro que quien los plantee será hostigado por quienes se vean perjudicados.

Empecemos por la pregunta central de todo este asunto: ¿para qué sirve la educación? Podemos pensar que sirve para formar ciudadanos cultos, preparados en la cultura cívica, de elevados valores morales y con conocimientos y habilidades que les serán útiles para todas las decisiones que tomen en la vida. Cuando todos estos elementos están desarrollados tenemos individuos respetuosos de las instituciones, es decir, de las reglas de juego que imperan en la sociedad. El tipo de educación que recibimos incide a la hora de definir qué tipo de sociedad queremos ser. Por ejemplo, las sociedades exitosas tienen claro un concepto muy importante y es que ningún humano tiene derecho a iniciar el uso de la fuerza contra otro, sí la defensa. Los seres humanos que viven en sociedades más o menos exitosas se manejan a través de contratos, no a través de la agresión.

Carlos Escudé señala en su libro “El fracaso del proyecto argentino. Educación e ideología, la relación existente entre educación y desarrollo”: “Lo que se le enseña a la gente y es debidamente internalizado tiene un impacto sobre lo que la gente piensa, percibe, y esto incide sobre los comportamientos individuales y colectivos, sobre las políticas internas y externas de los Estados, e impone límites al tipo de políticas que pueden implementarse con éxito en una sociedad determinada”. ¿Qué características tiene una buena parte de nuestro sistema educativo? Escudé señala que desde principios del siglo XX los contenidos educativos serían esencialmente autoritarios, militaristas, corporativistas y chauvinistas, dirigidos a “subordinar el individuo al Estado”. A partir de ese momento “el Estado no es la defensa del individuo y sus derechos”, sino que “el individuo vive para servir a su patria”; se tergiversa la relación esencial entre el individuo y el Estado-nación.

Esta visión del sistema educativo fue a contramano de las libertades otorgadas por la Constitución nacional en su artículo 14: “la libertad de asociarse con fines útiles, de enseñar y aprender”, un artículo que en el área de educación nos está diciendo que debemos reconocer a los padres o tutores la libertad de elegir la mejor educación que crean conveniente para sus hijos, ya que “la libertad de asociarse con fines útiles” también se aplica al ámbito de la educación.

Pensemos lo siguiente: los padres son quienes mejor conocen a sus hijos. Ellos conocen mejor que nadie si su hijo es hábil para las ciencias exactas, el arte o qué tipo de educación amerita en un contexto agrícola, industrial o petrolero como el de nuestra provincia. Ahora bien, ¿por qué razón los padres han perdido la libertad de elegir la educación para sus hijos? Bajo argumentos difusos como “función indelegable del Estado” y “la necesidad crea derechos”, expresiones propias de las ideas corporativistas que predominan en nuestra cultura, un grupo de personas se terminó apropiando del concepto de educación bajo la idea “yo soy el Estado, yo educo”. Luego aparecieron los gremios modelando qué tipo de contenidos. Es decir, establecieron la logística de un sistema educativo que no busca la curiosidad y la invención y que desprecia los conceptos de competencia, innovación y creatividad. Y es esa “matrix” Estado-gremios la que condiciona talentos. Así, el sistema se tornó muy rígido. Pensemos en los directores de las instituciones educativas limitados en sus decisiones; no pueden elegir a los maestros que dictarán clases en sus establecimientos ni sancionarlos si no cumplen. Modificar programas los lleva a lidiar con una montaña de expedientes y, de hacerlo, son blanco del gremio al día siguiente.

¿Cuál es una opción que se podría implementar para devolverles a los padres la capacidad de elegir? El gasto en educación por alumno en Neuquén para este año está presupuestado en un valor cercano a los 5.000 pesos mensuales. Si se les diera un vale educativo o “voucher” por esa cantidad de dinero a los padres por cada hijo a cargo les estaríamos devolviendo a los principales interesados de la educación de los alumnos (los padres) el poder para elegir el establecimiento que mejor satisficiera las necesidades educativas de sus hijos. El sistema propuesto sería una combinación de escuelas privadas y públicas. Los establecimientos públicos podrían ser entregados a cooperativas de maestros y profesores, que a partir de ese momento se harían cargo de su gestión. Los padres que decidieran llevar a sus hijos a colegios particulares recibirían del Estado una cantidad igual a lo que se calcule como costo de educar a un niño en la escuela pública.

El Estado seguiría subsidiando la educación, pero los recursos no se asignarían a la oferta de la misma, las escuelas, sino a la demanda, los alumnos. La misma competencia entre las escuelas para atraer los “vouchers” elevaría la calidad del servicio. Los monopolios son costosos en ineficientes y el monopolio estatal en la educación no es la excepción. Urge debatir estos temas; en caso contrario, no habrá solución por más buena voluntad que se tenga.

PABLO BENÍTEZ JACCOD

Licenciado en Relaciones Internacionales. Presidente de la Fundación Progreso y Libertad

PABLO BENÍTEZ JACCOD