El auditor en la mira
A ningún gobierno le gusta que extraños hurguen en sus asuntos, razón por la que a través de los años virtualmente todos han procurado debilitar a los molestos organismos de control con el propósito de transformarlos en entidades burocráticas que se limiten a cohonestar las barbaridades del Poder Ejecutivo de turno, pero, los regímenes dictatoriales aparte, pocos han obrado de manera tan descarada en tal sentido como el encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, al embestir con su torpeza habitual contra el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, se las arregló para indignar no sólo a los correligionarios radicales del abogado sino que también incomodó al kirchnerista propuesto para reemplazarlo, Javier Fernández, quien no vaciló en afirmar que “de ninguna manera” aceptaría presidir un organismo que, según la Constitución, debe estar en manos del partido opositor con más legisladores, o sea, de la UCR. Para justificar el intento de desplazar a Despouy aprovechando una mayoría oficialista circunstancial en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, los kirchneristas señalaron que su mandato de diez años caducó en marzo del 2010 y por lo tanto no tiene derecho a seguir en el cargo. Aunque en febrero pasado el jefe de la UCR, Mario Barletta, había intentado algo similar con el presunto fin de congraciarse con una presidenta que en aquel entonces disfrutaba de un nivel elevado de aprobación, en esta oportunidad optó por respaldarlo, acusando a los kirchneristas de procurar llevar a cabo un “golpe institucional”, actitud que, claro está, compartieron los demás dirigentes opositores que entendían muy bien que lo que buscaban los legisladores oficialistas era impedir la difusión de información que, tarde o temprano, les supondrá un sinnúmero de problemas legales. De todos modos, mientras conserve su vigencia la Constitución nacional, el oficialismo tendrá que resignarse a que la Auditoría General sea un feudo opositor. Pues bien: en los meses que siguieron al triunfo aplastante de Cristina en las elecciones presidenciales de octubre del año pasado, Barletta y otros líderes radicales brindaban la impresión de estar pensando en las eventuales ventajas de pactar con el kirchnerismo, acaso con la esperanza de que la presidenta asumiera una postura menos combativa. De ser así, ya se habrán dado cuenta de las dimensiones de su error. Lejos de tratar de ampliar la base de sustentación de su gobierno, Cristina se ha esforzado por reducirla, rodeándose de militantes incondicionales, de mentalidad llamativamente autoritaria, decididos a “ir por todo”. Por un rato la estrategia así supuesta pareció destinada a brindar los frutos previstos por los asesores juveniles de la mandataria pero, como suele suceder, la prepotencia triunfalista de los miembros de su pequeño círculo áulico le ha resultado contraproducente. En las últimas semanas ha sido tan grave el deterioro de la imagen de Cristina que ya corre peligro de verse convertida en lo que los norteamericanos llaman un “pato rengo”, desgracia que en un país de instituciones políticas tan precarias como la Argentina podría tener consecuencias nada felices. Por cierto, Despouy no exagera cuando dice que la maniobra destituyente que se ha comprometido a resistir “se les va a convertir en un bumerán”. Como presidente de la Auditoría, Despouy ha preparado varios informes que, por motivos evidentes, preocupan mucho al gobierno, ya que tienen que ver con el uso discrecional del dinero aportado por los contribuyentes o con los negocios atribuidos a personajes vinculados con “la embajada paralela” en Venezuela. Asimismo, como es notorio, a los kirchneristas les parece legítimo “invertir” muchos millones de pesos en empresas amigas, como la constructora de las Madres de Plaza de Mayo que manejaba Sergio Schoklender, y en un conjunto de agrupaciones politizadas, en esquemas clientelistas y, desde luego, en crear un costoso, pero por fortuna muy poco eficaz, imperio mediático que se ha encargado de la difusión del “relato” gubernamental. Puesto que Despouy tiene fama de ser un investigador incansable que no se deja intimidar por las presiones políticas, es sin duda natural que el gobierno quisiera verlo reemplazado por una persona un tanto más flexible.
A ningún gobierno le gusta que extraños hurguen en sus asuntos, razón por la que a través de los años virtualmente todos han procurado debilitar a los molestos organismos de control con el propósito de transformarlos en entidades burocráticas que se limiten a cohonestar las barbaridades del Poder Ejecutivo de turno, pero, los regímenes dictatoriales aparte, pocos han obrado de manera tan descarada en tal sentido como el encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, al embestir con su torpeza habitual contra el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, se las arregló para indignar no sólo a los correligionarios radicales del abogado sino que también incomodó al kirchnerista propuesto para reemplazarlo, Javier Fernández, quien no vaciló en afirmar que “de ninguna manera” aceptaría presidir un organismo que, según la Constitución, debe estar en manos del partido opositor con más legisladores, o sea, de la UCR. Para justificar el intento de desplazar a Despouy aprovechando una mayoría oficialista circunstancial en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, los kirchneristas señalaron que su mandato de diez años caducó en marzo del 2010 y por lo tanto no tiene derecho a seguir en el cargo. Aunque en febrero pasado el jefe de la UCR, Mario Barletta, había intentado algo similar con el presunto fin de congraciarse con una presidenta que en aquel entonces disfrutaba de un nivel elevado de aprobación, en esta oportunidad optó por respaldarlo, acusando a los kirchneristas de procurar llevar a cabo un “golpe institucional”, actitud que, claro está, compartieron los demás dirigentes opositores que entendían muy bien que lo que buscaban los legisladores oficialistas era impedir la difusión de información que, tarde o temprano, les supondrá un sinnúmero de problemas legales. De todos modos, mientras conserve su vigencia la Constitución nacional, el oficialismo tendrá que resignarse a que la Auditoría General sea un feudo opositor. Pues bien: en los meses que siguieron al triunfo aplastante de Cristina en las elecciones presidenciales de octubre del año pasado, Barletta y otros líderes radicales brindaban la impresión de estar pensando en las eventuales ventajas de pactar con el kirchnerismo, acaso con la esperanza de que la presidenta asumiera una postura menos combativa. De ser así, ya se habrán dado cuenta de las dimensiones de su error. Lejos de tratar de ampliar la base de sustentación de su gobierno, Cristina se ha esforzado por reducirla, rodeándose de militantes incondicionales, de mentalidad llamativamente autoritaria, decididos a “ir por todo”. Por un rato la estrategia así supuesta pareció destinada a brindar los frutos previstos por los asesores juveniles de la mandataria pero, como suele suceder, la prepotencia triunfalista de los miembros de su pequeño círculo áulico le ha resultado contraproducente. En las últimas semanas ha sido tan grave el deterioro de la imagen de Cristina que ya corre peligro de verse convertida en lo que los norteamericanos llaman un “pato rengo”, desgracia que en un país de instituciones políticas tan precarias como la Argentina podría tener consecuencias nada felices. Por cierto, Despouy no exagera cuando dice que la maniobra destituyente que se ha comprometido a resistir “se les va a convertir en un bumerán”. Como presidente de la Auditoría, Despouy ha preparado varios informes que, por motivos evidentes, preocupan mucho al gobierno, ya que tienen que ver con el uso discrecional del dinero aportado por los contribuyentes o con los negocios atribuidos a personajes vinculados con “la embajada paralela” en Venezuela. Asimismo, como es notorio, a los kirchneristas les parece legítimo “invertir” muchos millones de pesos en empresas amigas, como la constructora de las Madres de Plaza de Mayo que manejaba Sergio Schoklender, y en un conjunto de agrupaciones politizadas, en esquemas clientelistas y, desde luego, en crear un costoso, pero por fortuna muy poco eficaz, imperio mediático que se ha encargado de la difusión del “relato” gubernamental. Puesto que Despouy tiene fama de ser un investigador incansable que no se deja intimidar por las presiones políticas, es sin duda natural que el gobierno quisiera verlo reemplazado por una persona un tanto más flexible.
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