El caso de Formosa reabrió el debate de fondo sobre derechos humanos

Las graves denuncias por violaciones de derechos humanos en Formosa no sólo mostraron una vez más el aumento de violencia institucional en épocas de pandemia; ni expuso únicamente a una provincia y a un gobierno provincial acusado en reiteradas oportunidades por atropellos similares, como es el caso de las reiteradas denuncias de organizaciones y comunidades indígenas locales: también reabrió el debate en Argentina sobre el concepto en sí de los derechos humanos, las peleas por el patrimonio de una lucha histórica, el silencio y los usos políticos.

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El confinamiento forzado e irrestricto de formoseños en centros de aislamiento en pésimas condiciones que funcionan en esa provincia se convirtió en las últimas semanas en una de las principales banderas políticas de la oposición para criticar al gobierno provincial del PJ y al Ejecutivo nacional. En los últimos días legisladores de Juntos por el Cambio viajaron a Formosa “para corroborar la situación de los derechos humanos”. La Corte Suprema finalmente deberá intervenir para definir la competencia en el hábeas corpus iniciado por el senador de la UCR Luis Naidenoff, que el gobierno de Gildo Insfrán pretende que sea tratado por la justicia provincial, muy ligada a su poder. Las denuncias y la ofensiva opositora obligaron al gobierno nacional a reconocer, parcialmente, la preocupante situación en la provincia y al Ejecutivo local a dar una marcha atrás en las restricciones.

Con todo, el gobierno de Alberto Fernández respaldó a la administración de Insfrán y acusó a la oposición de hacer uso político de la cuestión. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, viajó a la provincia para reunirse con las autoridades locales y recorrer los centros de aislamiento: “No hay centros clandestinos de detención en la provincia de Formosa. No se violan sistemáticamente los derechos humanos en Formosa y no hay delitos de lesa humanidad en la provincia de Formosa”, sentenció. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que no hay violación de derechos humanos en Formosa, pero “sí hubo casos de violencia institucional de la Policía que se están estudiando”. “No necesitamos que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer con los derechos humanos”, agregó.

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Sus dichos fueron fuertemente criticados incluso por Human Rights Watch, la organización internacional que se dedica a la defensa de los derechos humanos. Tras el crecimiento de las denuncias y el escándalo público, el Jefe de ministros se reunió con representantes locales de la organización Amnistía Internacional, que aseguró que en Formosa se violan los derechos humanos, hay detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de aislamiento y maltratos a niños.

El silencio, en cambio, lo pusieron los principales organismos de derechos humanos de Argentina. Río Negro intentó comunicarse sin suerte con diversos dirigentes de esas organizaciones, incluidas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Una reconocida referente dio a este diario una respuesta elocuente: “Ya salió todo explicado por Horacio Pietragalla”.

Meijide: “Las organizaciones liquidaron su credibilidad”

P: ¿En Argentina la discusión por los derechos humanos se reduce a la dictadura y las desapariciones forzadas?
R: En el informe que hizo Pietragalla sobre Formosa, parecía que estaba hablando de los años 70. Es una confusión. La noción de la obligación del Estado, no importa el gobierno que sea, de respetar los derechos humanos es algo que para los argentinos es algo relativamente moderno. Pietragalla habló de centros clandestinos, nadie habló de centros clandestinos, se sabía dónde estaba la gente, dónde se la tenía confinada, esa era la violación.

P: Cafiero diferenció violencia institucional de violación a los derechos humanos…
R: A ver. La doctrina de derechos humanos te dice que los derechos fundamentales, que son la vida y la libertad, es decir los derechos políticos, sólo pueden ser violados desde el Estado. Si a vos te agarra un ladrón y te pega un tiro no está violando los derechos humanos. Está cometiendo un delito previsto en la ley común. Pero cuando eso lo hace desde las fuerzas de seguridad, con respaldo de la autoridad que corresponda, gobernación nacional, provincial o municipal, es violación a los derechos humanos. Es la institución la que te agrede. Hay que explicarlo hasta haciendo docencia. Cafiero dice “no nos van a hablar a nosotros de derechos humanos”. ¿Por qué no, porque son buenos? Admitir un régimen autoritario, cuasi feudal, con elecciones que son una mera cuestión formal de la democracia, ¿eso te hace bueno? Formosa es una muestra paroxística de lo que pasa en varias provincias del interior. Donde una elite que antes era conservadora, que después de se hizo peronista, pero sigue siendo una elite muy conservadora, y muy de “señores”.

P: Hay una cuestión de análisis político: ¿cómo defender la idea de derechos humanos y al mismo tiempo mantener una alianza de coalición con gobiernos como los de Formosa y Santiago del Estero?
R: Pero más que una alianza es una unión, porque un Fernández que en algún momento era crítico de situaciones como las de Formosa fue a abrazarse con Insfrán, lo calificó como gran gobernador y como una gran persona. Uno se pregunta por qué lo hace. Una respuesta puede ser conseguir los votos de los senadores y diputados, pero la verdad es que sus números no están tan ajustados como para que excepcionalmente se abracen a ese régimen. Yo creo que hay una parte del gobierno que se siente totalmente identificada y que tiene ganas de que sea así: que cuando digan, por ejemplo, “vienen millones de vacunas”, todo el mundo lo crea sin discutir, y si discute es parte de la grieta.

P: Se produce una sectorización también aquí.
R: Se produjo, al punto que fue llamativo que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la filial Formosa, denunciara al régimen de Insfrán. Fue la única organización de derechos humanos. No hubo otras.

P: ¿Cuál es el peligro del alineamiento de las organizaciones de derechos humanos?
R: Bueno, desde el momento en que decidieron atarse a una facción del peronismo, ser una facción de una facción, liquidaron la condición de organización no gubernamental. ¿Por qué Amnistía Internacional sigue siendo una organización no gubernamental? Porque no está atada a un partido político. Madres Línea Fundadora y lamentablemente Abuelas ataron su destino y su ideología aun sector del peronismo, que es el kirchnerismo. Entonces se acabó como organización no gubernamental. Son organizaciones gubernamentales. Una vez que estás adentro se acabó, liquidaste tu credibilidad.

Cortiñas: “Se violan derechos humanos en Argentina”

P: ¿Qué lectura hace de toda la polémica en torno a Formosa? ¿Se violan derechos humanos en Argentina?
R: Una lectura muy mala. En las provincias están muy abandonadas por el Estado las comunidades y los pobres. Es preocupante. Se violan derechos humanos en Argentina, especialmente de parte de las policías provinciales. Los excesos de poder demostrados con violencia son violaciones a los derechos humanos. Violación a los derechos humanos es pasar hambre, no dar acceso a la salud, al agua, eso ya es violación a los derechos humanos.

P:¿No hubo demasiado silencio de los organismos de derechos humanos locales, como Madres, Abuelas, sobre Formosa?
R: No he visto mucha reacción, yo me quiero ocupar de esto. La macana es que en el medio está un funcionario hijo de desaparecidos, que puede denunciar y puede cambiar los modus operandi que tienen algunas autoridades. A mi me duele mucho, porque Pietragalla es un joven funcionario que ya tiene que agarrar la sartén por el mango, para eso tiene el cargo. Yo todavía no pude hablar con él. Es lamentable.

P: Dice que le duele. ¿Hiere también a las organizaciones toda esta situación?
R: Es una situación a modificar. Los funcionarios tienen que estar a la altura. El apego no puede no permitir ver las cosas como son. Eso siempre lo tuvimos presente los organismos, caminamos años muy duros, ahora también son duros.

P: ¿Ve uso político de la oposición?
R: La oposición está como perro rabioso, viendo como perjudicar al gobierno. La oposición es un perro rabioso, las cosas que no hizo cuando era gobierno ahora las critica permanentemente.

P: ¿Qué opina de los dichos de Cafiero: a nosotros no nos tienen que venir a explicar qué hacer con los derechos humanos?
R: Al gobierno hay que decirle todo lo que no anda bien, sobre todo porque cuando asumió este gobierno el Presidente pidió que cuando se equivoque se lo digan. Ahora está en un camino equivocado. Hay que decírselo.

Gargarella: “El debate se ha banalizado y partidizado”

P: ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos en Argentina?
R: Hablamos, en principio, y en términos generales, de la decena de Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por el país, y que aparecen enumerados en el art. 75 inc. 22 de la Constitución. Esos tratados definen los compromisos básicos asumidos, de modo explícito, por el país, y que por tanto la Argentina se encuentra obligada internacionalmente a garantizar y respetar. Ahora bien, es cierto que, lamentablemente, la discusión sobre el tema se ha en parte banalizado y en parte partidizado, hasta restringir el sentido de ese compromiso a una consigna muy específica, relacionada con el “castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1982” aproximadamente.

P: ¿Ve un “argumento de autoridad” de parte del gobierno? Es decir, la idea de que el oficialismo sí puede hablar de derechos humanos a diferencia de la oposición u otros sectores.
R: Es lo que el Jefe de Gabinete hizo explícito, indebidamente, porque el peronismo como partido del poder fue responsable, históricamente, de graves violaciones de derechos humanos, tanto entendiendo el concepto en el sentido amplio como en el sentido estrecho, arriba descriptos. Pensemos, por ejemplo, la propuesta del peronismo de Luder de amnistiar a los militares en 1983, o la negativa a formar parte de la CONADEP, o la amnistía que luego diera Menem. Por eso, creo, muchos militantes de los derechos humanos nos sentimos ofendidos con sus declaraciones. No es posible tomar muy en serio su declaraciones, como de otros anteriores, porque su única misión es la de encubrir y justificar todo lo que haga el gobierno de turno.

P: ¿En esta partidización, que pasa con el prestigio de los organismos de derechos humanos?
R: Juega en contra. El CELS, que ha sido la principal organización de derechos humanos en los últimos 30 años en el país, creo que asumió en un momento que la alianza con el kirchnerismo era un costo menor a pagar en pos de un bien que privilegiaba: la reapertura de los juicios a los genocidas. Esa decisión fue equivocada entonces, por muchas razones, pero ya es insostenible e incomprensible. Y sin embargo, sigue habiendo una cercanía (y, por tanto, un silencio) innecesario y doloroso, frente a muchas obvias violaciones graves de derechos.