El caso de la corbeta
La fragata “Libertad” no es la única nave de la Armada que ha quedado detenida en un puerto africano por un lapso insólitamente largo. Según informa el matutino porteño “La Nación”, tampoco puede salir del puerto en que se encuentra la corbeta “Espora”, con una dotación de 110 marinos, ya que, luego de sufrir un percance mecánico que inmovilizó tres generadores, desde hace más de un mes está amarrada en Ciudad del Cabo a causa, dice el periódico, de la negativa de la empresa alemana que está a cargo de las reparaciones a levantar un dedo hasta recibir los 450 millones de dólares que la Armada le debe por trabajos ya realizados. Aunque mediante un comunicado oficial la Armada ha desmentido la versión de “La Nación”, afirmando que no mantiene deuda alguna con la empresa alemana MTU, el que hayan transcurrido más de cinco semanas a partir de la llegada al puerto del barco hace sospechar que los problemas que enfrenta no son meramente técnicos. Por cierto, no sorprendería demasiado que los empresarios teutones se vieran en la misma situación que los muchos contratistas argentinos que se han visto perjudicados por la resistencia de las autoridades, tanto las nacionales como las provinciales o municipales, a pagarles a tiempo por los servicios rendidos, pero sucede que a diferencia de ellos están en condiciones de reaccionar. Por lo menos, no tendrían por qué dejarse presionar por funcionarios habituados a tratar a los empresarios locales con desprecio, amenazándolos con visitas relámpago de inspectores impositivos o acusándolos de pasar por alto ciertas regulaciones sanitarias. Si bien se ha detectado la presencia en Sudáfrica de abogados de los odiados “fondos buitre”, hasta ahora no han procurado apoderarse de la corbeta “Espora” y, según parece, no tienen la intención de hacerlo. Con todo, aunque el gobierno nacional asegura tener asignado el dinero para las tareas de reparación de la corbeta, sería comprensible que se sintiera reacio a enviarlo a Sudáfrica por entender que no resultaría suficiente como para cubrir todo el adeudado, de suerte que los alemanes podrían embolsarlo sin por eso sentirse obligados a hacer mucho más. Sea como fuere, no cabe duda de que este episodio un tanto confuso, combinado con el protagonizado por la fragata “Libertad”, no ayuda en absoluto a convencer al resto del mundo de que la Argentina es un país confiable para los inversores y que por lo tanto el índice riesgo país que le han dado las agencias crediticias no refleja la realidad. Si, por los motivos que fueran, durara mucho tiempo más la estadía de la corbeta en el puerto de Ciudad del Cabo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman no podrían intentar sacar provecho del asunto. Por el contrario, aun más que la detención de la fragata “Libertad” a pedido de un juez ghanés, la permanencia prolongada de la corbeta en Ciudad del Cabo y las sospechas, justificadas o no, que el episodio ha motivado servirían para llamar la atención internacional al estado precario actual del “modelo” económico nacional y popular improvisado por los kirchneristas, razón por la que convendría que la empresa MTU ratificara muy pronto la declaración emitida por la Armada, señalando que la demora se debe sólo a causas técnicas. Al fin y al cabo, no sería cuestión de lo difícil que está resultando salir definitivamente del default que fue declarado por otro gobierno hace más de diez años sino de enfrentar problemas puntuales, entre ellos los supuestos por la escasez de dólares y el cepo cambiario resultante, que han surgido después de una década de crecimiento muy vigoroso que, según el gobierno, ha transformado la Argentina hasta tal punto que, en ocasiones, Cristina se dio el lujo de aconsejar a los europeos cambiar su propio “modelo” por el kirchnerista. Asimismo, si es verdad que la “Espora” se ha visto demorada en Ciudad del Cabo debido a problemas de caja, no estaría en juego ningún principio que los voceros oficiales pudieran reivindicar en términos altisonantes con la esperanza de movilizar al Consejo de Seguridad de la ONU. Mal que les pese a los voceros oficiales, contratistas que quieren que las autoridades pertinentes respeten sus derechos no pueden ser calificados como “buitres” o “carroñeros”, como si los epítetos insultantes tuvieran entidad no sólo política sino también jurídica.
