El control policial

La reciente polémica sobre el plan para rastrear antecedentes penales de quienes concurren a las estaciones de trenes en Buenos Aires volvió a poner el foco en las políticas de seguridad implementadas por el gobierno nacional, con la sospecha de que muchas de ellas son apenas golpes de efecto mediáticos con el fin de obtener réditos electorales.

El ministerio de Seguridad nacional activó el programa “ofensores de trenes” en el Área Metropolitana en el que las fuerzas de seguridad puedan escanear documentos y realizar reconocimientos faciales en las estaciones de trenes, con el objetivo de prevenir delitos. El agente puede requerir el documento a cualquier persona, escanearlo con su celular, verificar si tiene pedido de captura o antecedentes administrativos o penales y detenerlo (si es prófugo) o “notificarlo” de la situación. En caso de no tener DNI igual se pide su número y se verifican antecedentes. La medida fue publicitada por los medios nacionales y se señaló que el viernes se controló a 800 personas, de las cuales el 5% (42 personas) dieron “positivo” o luz roja.

La aplicación del sistema provocó una inmediata controversia entre quienes defendieron la legalidad de su aplicación, basados en la Ley de Seguridad Interior que faculta a las fuerzas de seguridad a tomar medidas de prevención del delito y la Ley del Registro Nacional de las Personas que en su artículo 13 establece la obligación a los ciudadanos de exhibir el DNI cuando la autoridad considere necesaria su identificación.

Por el contrario, quienes cuestionan el programa señalan que vulnera estándares internacionales de derechos humanos, ya que estos controles debieran aplicarse en situaciones excepcionales (como estar en delito flagrante, ser prófugo de la Justicia) y “no respetan el principio de inocencia de los ciudadanos, de legalidad, necesidad y proporcionalidad de la actuación de la fuerza pública en una sociedad democrática”, como señaló la destacada organización humanitaria Amnistía Internacional.

“¿Si tengo antecedentes penales no puedo viajar en tren?”, se preguntó un constitucionalista.

Desde lo práctico, expertos en seguridad dudan de la efectividad de estos controles realizados al azar o al “voleo” y sostienen que no reemplazan nunca a un plan sistemático y coordinado entre jurisdicciones para prevenir el delito. Y recuerdan que la Secretaría de Inteligencia Criminal, que debiera coordinar y aportar datos y patrones para combatir distintas modalidades delictivas, está acéfala hace años.

Destacan que el sistema de reconocimiento facial tiene fallas y ha derivado en la detención de inocentes y que en varias provincias, como en Río Negro, la facultad de detener “por averiguación de antecedentes” ha derivado en casos de abusos y brutalidad policial.

Los más críticos apuntan a que las medidas sólo tienen un objetivo electoral. Por un lado, desviar la eje del debate político sobre los problemas del plan económico y hacer foco en aspectos en los que sí considera que puede mostrar “logros”. Por el otro, fidelizar el voto de sectores sociales y políticos más conservadores, evitando la dispersión hacia otros “candidatos del orden” como el militar Juan José Gómez Centurión o José Luis Espert en los comicios de octubre.

A eso apuntaría la batería de medidas recientes que incluyen el permiso a fuerzas federales para uso de las armas Taser, las redadas contra inmigrantes senegaleses, el Servicio Cívico Voluntario en Gendarmería, las promesas de “volar por los aires” los quioscos de drogas en las villas realizada por Miguel Pichetto y el proyecto de baja de la edad de imputabilidad penal a los 15 años, entre otros.

Sin dudas que la seguridad merece un tratamiento más sereno que el de una campaña electoral, y no es con medidas unilaterales, efectistas y de dudosa legalidad como se logrará mejorarla, sino con políticas de Estado consensuadas, basadas en una rigurosa inteligencia criminal y aplicadas por agencias del estado profesionalizadas. Darle más facultades discrecionales a fuerzas policiales mal entrenadas y sin claro gobierno civil sólo conduce al aumento de situaciones de arbitrariedad y violencia estatal que ya hemos padecido a lo largo de nuestra historia.