El culpable de todos los males

Parecería que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está pensando en la conveniencia de poner fin a la confrontación con el Fondo Monetario Internacional que tanto ha incidido en la estrategia económica y comunicativa del gobierno que encabeza, ya que entiende que los beneficios políticos internos que le supone la negativa a permitirle revisar el estado de nuestra economía nacional no superan los costos del aislamiento. Si bien fronteras adentro casi todos coinciden en que el FMI tuvo mucho que ver con el colapso de la economía en el 2001 y el 2002 y que sus recetas suelen ser “inhumanas”, motivo por el que Néstor Kirchner optó por tratarlo como uno de los enemigos más despreciables de la Argentina, en el resto del mundo la mayoría de los interesados en nuestras vicisitudes lo atribuyen a la irresponsabilidad de una clase política que siempre ha sido reacia a tomar medidas antipáticas. Asimismo, la forma en que han reaccionado los gobiernos de los integrantes aún solventes de la Unión Europea frente a los problemas financieros de Grecia, Irlanda y Portugal, pidiéndoles emprender “ajustes neoliberales” feroces a cambio de paquetes de ayuda, ha servido para recordar a los propensos a atacar al FMI por exigir medidas similares en todos los países sin tomar en cuenta las particularidades locales que en ocasiones ni siquiera políticos de trayectoria socialdemócrata resultan ser capaces de idear programas de rescate indoloros. Subyace en las críticas al organismo de los “progresistas” tanto aquí como en el resto del mundo la noción agradable de que, si los técnicos del FMI fueran personas más sensibles, les sería fácil resolver los problemas de países en apuros sin perjudicar a nadie, pero sucede que hasta ahora nadie ha conseguido formular una “alternativa” convincente a sus duras recetas habituales. La razón básica por la que la imagen del FMI es tan mala consiste en que todos los países que necesitan su ayuda ya están en crisis y, como es natural, sus dirigentes quieren que otros paguen los costos políticos del ajuste que se ven constreñidos a ordenar para reducir sus gastos. Están en lo cierto quienes afirman que la austeridad hará aún más difícil la eventual recuperación de un país en crisis, pero a menos que otros países se resignen a subsidiarlo entregándole cantidades cada vez mayores de dinero, sus gobernantes no tendrán más opción que procurar vivir con los medios disponibles. Bien que mal, en Europa la actitud asumida por los gobiernos –y el electorado– de países como Alemania y Francia se asemeja a la del entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos Paul O’Neill, que en el 2001 insistía en que los carpinteros y plomeros norteamericanos no deberían ser obligados a financiar los problemas de la Argentina. Es legítimo lamentar la falta de solidaridad de los funcionarios y ciudadanos que piensan así, pero es comprensible que no les entusiasme la idea de tener que subsidiar a países cuyas penurias se deben a la torpeza, o algo peor, de sus gobernantes. Al fin y al cabo, si lo hicieran, los beneficiados no tendrían por qué modificar su conducta, con el resultado de que los subsidios pronto alcanzarían dimensiones tan gigantescas que terminarían arruinando a los solidarios. Mientras que la mayoría critica al FMI por ser demasiado duro y ortodoxo, hay quienes creen que sería mejor abolirlo para que los mercados se encarguen de la tarea de disciplinar a los gobiernos derrochadores. Desde su punto de vista, la mera existencia de un organismo de su tipo contribuye a hacer aún más irresponsables a políticos populistas porque saben que, de estallar “el modelo” que se las han arreglado para armar, siempre podrán culparlo de las penurias resultantes. Aunque en nuestro caso ha sido posible prescindir del FMI por varios años merced a los ingresos suministrados por la exportación de la soja y otros productos agrícolas, además de la pasividad para muchos imprevista de los millones que fueron depauperados por el colapso catastrófico de la economía luego del desplome de la convertibilidad y el default, la situación en que se encuentran países como Grecia y Portugal es muy diferente, razón por la que han tenido que comprometerse a respetar las condiciones severas reclamadas no sólo por el FM sino también por sus socios de la Unión Europea.