El debate hacia una nueva ley de educación

ROBERTO LUIS RULLI (*)

El camino que ha elegido el Ministerio de Educación de Río Negro para modificar la ley orgánica de Educación de la provincia 2444 no es el mejor y quisiera hacer algunas reflexiones al respecto. Considero que no ha sido feliz (o por lo menos ha sido poco feliz) haber sancionado la ley 4737, pese a que sostuve que era su derecho y que resultaba hasta comprensible por la necesidad del nuevo ministerio de mostrar una imagen de cambio. Por ese motivo debo explicar por qué no considero que haya sido una iniciativa “feliz”. Fue aprobada en una sola vuelta el 29 de diciembre de 2011 (junto a la denominada ley de disponibilidad y la derogación de la ley que prohibía el uso del cianuro en la megaminería) habiendo sido ingresada a la Legislatura apenas 48 horas antes, sin posibilidades suficientes de discusión previa a su tratamiento en el recinto ni de enriquecimiento en segunda vuelta. Aun así los bloques opositores la aprobaron en general y rechazaron artículos en el tratamiento particular en la comprensión de que al gobierno que recién se iniciaba había que darle las herramientas que considerara necesarias. Si bien la misma ley llama al debate para la modificación definitiva, de donde se podría inferir que es temporaria, marca una tendencia que aparece como condicionante del debate mismo al que convoca, porque avanza (a mi juicio con urgencia innecesaria) sobre los órganos de gobierno escolar introduciendo modificaciones con un muy fuerte sesgo corporativo y que tienen más que ver con la interna sindical y los posicionamientos partidarios que con el interés en que todos los niños y jóvenes rionegrinos en igualdad de condiciones de egreso aprendan más y mejor. De otra forma no se explica que los docentes no puedan elegir a sus representantes a los consejos escolares en forma directa y lo haga la conducción sindical, excluyendo a los no sindicalizados o afiliados a otro sindicato, o que al representante de los padres lo elijan los concejos deliberantes en forma intermediada y llamativamente (a diferencia del requisito de dos tercios exigidos para la designación del vocal de los padres/madres en el organismo central) lo hagan por simple mayoría. De esta forma, la conducción celeste de la Unter y el FpV se aseguran el control absoluto de esos consejos, alejándolos del espíritu democrático original y convirtiéndolos en meras delegaciones del poder central con apariencia, sólo apariencia, de órganos colegiados democráticos. Si eso no es “marcar tendencia” condicionante del debate, me pregunto para qué se hizo y no comprendo la razón de su urgencia. Una ley de educación establece una política de Estado y no de gobierno y se sanciona para los próximos veinte o veinticinco años, por lo tanto es deseable que se logre unanimidad parlamentaria y opinión favorable en toda la sociedad. Para ello deben cuidarse los pasos previos, para arribar democráticamente y sin preconceptos a los consensos. Tengo la impresión de que no es la verdadera voluntad del gobierno ya que ha llamado a la discusión con plazos, a mi juicio, insuficientes para poder “hacer carne” en la sociedad el tema, de por sí muy complejo. En su momento la ley 2444 requirió más de dos años de discusión muy abierta y participativa a lo largo y ancho de la provincia. Por ello estimo que sería sano y saludable que se extendieran los plazos previstos. Opino que es un error que el debate sea convocado y conducido por el Poder Ejecutivo en la figura del Ministerio de Educación porque considero que, desde el inicio, debió haber sido la Comisión de Educación de la Legislatura la que lo hiciera (como fue en 1990 y 1991 en la elaboración de la ley 2444) por estar representada la pluralidad de opiniones. Reitero que hubiera sido mucho más democrático que ésta redactara y aprobara el documento base, con la opinión y el consenso de los legisladores de las distintas bancadas, a fin de evitar interpretaciones sesgadas y una redacción excesivamente “escolar” que, entiendo, dificulta su comprensión por aquellos que no están habituados a la terminología. Bajo ningún aspecto niego el derecho y hasta el deber del Ministerio de Educación de elaborar su postura; es lo lógico y también lo deseable. Pero como una posición, no como el único relato conductor del debate, que –sin pretender descalificarlo– en algunas partes parece más una “bajada de línea” que un documento sólo “disparador” del intercambio de ideas y motivador para el encuentro de los mínimos comunes indispensables para los grandes acuerdos sociales. Además, opino que ha faltado suficiente “sensibilización social” sobre una cuestión tan importante. Lo digo desde la conciencia de la experiencia, asumiendo que también fue un error propio en algunos casos (como muchos otros errores) cuando tuve la responsabilidad y por eso lo alerto con la mejor intención. La dinámica impuesta al debate no me parece la más apropiada y estimo que resulta poco participativa en los hechos aunque parezca serlo en los deseos. Hubiera sido mucho más fecundo que, sin descartar la dinámica de los foros o la discusión en las escuelas, se hubiera complementado con la metodología propia del órgano legislativo que es la audiencia pública abierta y se hubiera convocado a los partidos políticos, a las iglesias, a los sindicatos, a la CTA y a la CGT, a las cámaras empresarias y otras organizaciones civiles para que fijaran formalmente posición. Si el ministerio lo hizo y yo no estoy informado, me disculpo, pero lo cierto es que no he leído ni oído sus expresiones. A riesgo de aparecer como políticamente incorrecto, quiero expresar que me parece que no hay suficiente énfasis puesto en conceptos como calidad, igualdad, superación permanente y exigencia, no para que figuren como tales en el texto legislativo sino para que sean el sustento de la discusión. De la misma forma, me resulta llamativo que no haya suficientes referencias a la carrera profesional docente y a la conveniencia o no de la discusión del Estatuto del Docente que, también en mi humilde entender, justamente por la esencia de relación humana del hecho educativo está indisolublemente unido. Quisiera manifestar, como crítica bienintencionada, que en mi opinión por este camino nos arriesgamos a caer en una “ficción legitimante” de una posición sectorial previa y no a la elaboración participativa plena de una ley que todos los rionegrinos sientan como propia y de esa forma rija los destinos de nuestro sistema educativo por las próximas dos o tres décadas. Expresidente del Consejo Provincial de Educación de Río Negro