El decreto sobre combustibles es inconstitucional
Miguel Á. Knecht*
Para evitar que aumentara, después de la devaluación, el precio de los combustibles en forma desmedida, el Poder Ejecutivo Nacional, a través de un decreto estableció el valor del barril de petróleo en U$S 59 y el tipo de cambio en $ 45,19. Lo señalado, significa que implementó un tipo de cambio paralelo y diferente del real.
Esta medida fue cuestionada por Río Negro que pretende que se congele con otro mecanismo como la disminución del impuesto a los combustibles o la posible reducción del IVA.
Con la propuesta señalada, el Gobierno rionegrino considera que, de ese modo, la Nación también resignaría recursos propios y no afectaría únicamente las provincias.
En este contexto, se ha presentado una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia, a los fines de lograr la declaración de inconstitucionalidad del decreto emitido.
La posición adoptada por la provincia ha sido correcta, acertada y procedente ante la irrupción repentina de esta norma inconsulta que establece el congelamiento de los combustibles por 90 días.
Pero aquí existen intereses compartidos y de la manera que se estableció la afectación de los recursos -en forma unilateral-, perjudica el ingreso de fondos a la provincia y en consecuencia, debilita nuestro sistema interno de financiamiento.
En otro orden, por la parte privada, la empresa del ingeniero . Miguel Galuccio presentó un recurso ante la Justicia requiriendo la nulidad del decreto presidencial.
Éste señala que la referida norma (Decreto PEN) obliga a las petroleras a fijar un precio fijo por 90 días, generando una implicancia económica superlativa para el sector privado que no pueden sostener.
Dentro de ese contexto, el PEN, se ha comprometido a transformar el decreto en un acuerdo y hasta juegan temporalmente cuando expresan “tenemos 91 días para hacerlo”.
Preocupados por la situación, los dirigentes nacionales, han proyectado convocar desde la Secretaría de Energía a la Industria y Autoridades Provinciales para consensuar los números y costos de cada uno de los sectores, aduciendo que todos los sectores y los gobiernos (Nacional y Provincial) deben esforzarse para mantener los puestos de trabajo.
Lo señalado resulta grave porque puede afectar los salarios de los trabajadores públicos, ya que Río Negro recibirá regalías con un dólar por debajo de la cotización oficial y eso en un presupuesto abultado constituye una disminución importante en las erogaciones.
Dentro de ese esquema, la provincia está en su derecho de exigir una compensación financiera equilibrando de este modo, el desajuste ocasionado por el Decreto del Congelamiento de los Combustibles.
* Docente. Ex Concejal del PJ
Miguel Á. Knecht*
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