El desafío de la “corpo” sindical

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Aleardo F. Laría

aleardolaria@telefonica.net

La CGT de Hugo Moyano acaba de realizar un paro general de actividades para conseguir una actualización del monto no imponible en el Impuesto a las Ganancias. Según los números ofrecidos por la presidenta Cristina Fernández, un trabajador casado con dos hijos, con ingresos mensuales de 9.700 pesos, tendría una retención mensual de 5 pesos en concepto de Ganancias. Sin embargo, la cuota sindical –que puede ser del 2% del salario bruto pero en algunos casos llega al 5%– le significa entre 164 y 466 pesos de descuento al mes. Esa distancia entre un concepto y otro indica el peso desproporcionado que tiene la estructura sindical en el presupuesto de los trabajadores argentinos.

Esto no sucede en el resto del mundo. Los trabajadores que se asocian voluntariamente a un sindicato europeo aportan unas cantidades moderadas que se asemejan a las cuotas de un club deportivo. Si no fuese así, desistirían de afiliarse a un sindicato que sólo les ofrece servicios jurídicos y la gestión de los aumentos de salario en las comisiones paritarias que igual percibirían sin estar afiliados. Los afiliados a Comisiones Obreras en España pagan 11 euros al mes (66 pesos), que en un salario medio de 22.000 euros (132.000 pesos) al año representa el 0,6% del salario. En cualquier caso, la diferencia fundamental está en que la cuota es voluntaria.

Gran parte de los trabajadores argentinos soporta los “aportes de solidaridad” cobrados a todos los trabajadores alcanzados por un convenio colectivo, estén afiliados o no, algo que no se aplica en todos los casos pero que se ha extendido bastante en los últimos tiempos. Por otra parte, los afiliados, como hemos señalado, contribuyen con un porcentaje considerable de su salario. Finalmente, los sindicatos ingresan también, aunque en cuentas separadas, los aportes personales (3%) y las contribuciones patronales (6%) a las obras sociales.

De acuerdo con un trabajo del Observatorio de Derecho Social de la CTA, la recaudación de los sindicatos, dependiendo del sector, puede alcanzar el 6,5% del total de la masa salarial bruta. ¿Qué control está previsto respecto del destino de esos miles de millones de pesos? Bastante light. Se supone que cada sindicato debe efectuar una fiscalización interna y luego presentar los balances a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, que se limita a controlar si se cumplen los requisitos formales.

Sobre esta inmensa masa de dinero que va a parar a las organizaciones sindicales cabe formular algunas consideraciones.

La primera, que no hace falta gastar tanto dinero para institucionalizar una defensa eficaz de los trabajadores. En España no existe un sindicalismo profesionalizado como en la Argentina. La inmensa mayoría de los representantes sindicales no está rentada y sólo goza de “horas sindicales” para cumplir su misión. Esto no impide ni limita la capacidad de los sindicatos para ejercer su función representativa.

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En segundo lugar, la existencia de un sindicalismo sobrerrentado como en la Argentina es la causa principal de la falta de democracia sindical. El irrelevante control financiero que se ejerce sobre los fondos que manejan los sindicatos da lugar a cuantiosas “fugas” que están en el origen de las inmensas fortunas acumuladas por algunos dirigentes sindicales. Es sabido que cuando un sindicato contrata con una clínica la prestación de determinados servicios el dirigente sindical puede percibir luego de la clínica un “retorno” en concepto de retribución por la designación efectuada. De igual modo, algunos dirigentes sindicales suelen recibir comisiones de los abogados que llevan adelante los juicios laborales, como lo reconoció Luis Barrionuevo.

El acceso a la llave de estos recursos explica los enfrentamientos armados entre los grupos sindicales que se disputan el control de los sindicatos y la casi imposibilidad de renovación de las cúpulas sindicales, que impiden por todos los medios que se produzca una renovación democrática.

El resultado final es una corporación sindical poderosa pero trufada por algunas prácticas que entran claramente en el terreno delictivo. Naturalmente, siempre hay excepciones, pero los dirigentes honestos deberían ser los primeros en reconocer esta realidad sociológica.

La fórmula para acabar con esta anomalía argentina es muy sencilla, pero demanda una enorme voluntad política para ejecutarla por la resistencia que opondrían seguramente los beneficiados por este sistema.

Bastaría con cumplir las disposiciones de la OIT y establecer la libertad sindical terminando con el sistema de personería gremial que instituye un monopolio sindical, para de este modo estimular la competencia entre los sindicatos.

Los trabajadores deberían poder afiliarse voluntariamente a los sindicatos más representativos sin perder por ello el derecho a participar en la discusión de los convenios colectivos.

La otra reforma debería apuntar a la reconfiguración del sistema de obras sociales dirigiendo esos fondos a los centros estatales de salud para conseguir un servicio público universal de salud que evite la actual dispersión sanitaria. En una primera etapa, al menos, debería establecerse un riguroso sistema de auditoría de las obras sociales, a cargo de empresarios y trabajadores del sector.

Sin resolver el problema de la oscura financiación de los sindicatos no se podrá resolver el problema de la falta de democracia sindical. El país seguirá padeciendo el peso de una corporación burocrática, innecesariamente cara y en muchos casos corrupta. La defensa de los derechos de los trabajadores es perfectamente compatible con la democracia interna de las organizaciones sindicales y la actuación de un sindicalismo éticamente irreprochable.

La pulseada entre parte del gremialismo y el gobierno plantea la necesidad de reformas en el modelo.