El desafío del nuevo ciclo de los hidrocarburos para Río Negro y Neuquén

El desarrollo de los reservorios no convencionales en la cuenca Neuquina, y -en particular en la formación geológica Vaca Muerta- reviste una gran potencialidad en términos de recursos estimados de gas y petróleo para el país y la región, estratégicos en el presente y el futuro. Y evidencia un notable dinamismo, más allá de la volatilidad de los precios internacionales del crudo y el gas, la falta de infraestructura de transporte, y la inestabilidad de las políticas de los últimos años.

En tal sentido, su estudio y la formulación de las políticas que involucran la exploración y explotación de los mismos plantean desafíos teórico-metodológicos que convocan la inter disciplina, y demandan un enfoque sistémico. Entre otras cuestiones asociadas a ello, corresponde destacar las que resultan del papel de los recursos naturales en la economía mundial y continental en tiempos de la financierización global, que -según distintos especialistas- condiciona la adopción del cambio técnico, el precio de las materias primas y las posibilidades de desarrollo de numerosos países periféricos y de sus poblaciones. Tales cuestiones se vinculan asimismo a la multi-escalaridad de los procesos de reorganización que evidencian las cadenas productivas globales; y a las tensiones de la temporalidad, entre el cortoplacismo que impone la financierización subordinada en las decisiones de las firmas, y los proyectos de inversión de exploración y explotación de los reservorios, con plazos de maduración más largos que los admitidos por dicha lógica.

Un aspecto particular que deben garantizar las políticas en la materia, lo constituye la necesaria creación y el fortalecimiento de capacidades dinámicas en las pequeñas y medianas empresas proveedoras de las operadoras y tercer eslabón de la cadena productiva; el aprendizaje tecnológico del personal de yacimientos, laboratorios y gerencias administrativas; y el financiamiento accesible para hacer viables las distintas fases del circuito productivo de los hidrocarburos y de las actividades eslabonadas, y encaminar formas de distribución de los ingresos generados de mayor equidad social y territorial. Ellas deben estar encuadradas en la necesaria sustentabilidad social, ambiental e institucional que las sociedades contemporáneas demandan. A tal fin, las políticas no pueden ser exclusivamente sectoriales, sino que deben ser sistémicas, incluir la dimensión territorial, ambiental, y social. Deben crear y recrear capacidades tecnológicas, productivas, de inversión y vinculación entre las firmas, y con el Estado, para garantizar la continuidad de los procesos de aprendizaje y de asociación horizontal y vertical, y su inserción sustentable en el complejo hidrocarbrífero regional.

Como parte del tercer eslabón de la cadena productiva, las pequeñas y medianas empresas deben poder aprovechar la integración en programas de desarrollo de proveedores como instancia de vinculación tecnológica, de identificación colectiva de problemas, y de evaluación y puesta en marcha de alternativas de mejoramiento de procesos y productos, de acceso a la información, de organización de nuevas formas de gestión del conocimiento, y de planificación económico-financiera y de mercado.
Si bien los esfuerzos para lograr este escalamiento con base en mejoras sustantivas e incrementales deben provenir de las propias empresas, las políticas formuladas y gestionadas en las distintas jurisdicciones deben favorecer tales mejoras mediante la generación de externalidades de conocimiento que las pequeñas y medianas empresas puedan apropiar y desplegar para prestar servicios especializados.

Estas externalidades deberían incluir a nivel nacional, en Neuquén y en Río Negro, informes sectoriales, estadísticas, estudios técnicos y económicos, y un mayor caudal de egresados universitarios, especialmente de las distintas carreras de ingeniería, orientadas a la electromecánica, la automatización, los nuevos materiales, y otras, y las que se especializan en geología, gestión ambiental, tecnologías de la información, comunicación, logística, salud ocupacional, relaciones laborales y otras. La instrumentación de programas de capacitación horizontal permanentes para la industria en materia de capacidades de gestión, permitiría a los empresarios reconocer en el territorio los beneficios potenciales de una complejización del proceso decisional, lo cual complementaría los programas de desarrollo de proveedores. Esto requiere de la ampliación de la oferta pública de consultoría en cuestiones de tecnología de producción y gestión, de las tecnologías de la información y comunicación, y dar garantía de accesibilidad a las firmas regionales, dado el desarrollo actual y potencial de la actividad.

El fortalecimiento de proveedores y el mejoramiento de procesos, servicios y productos, requiere intervenciones estatales en campos diversos para dinamizar el desarrollo de los reservorios no convencionales y recuperar los convencionales. Tales campos, fundamentalmente en no convencionales, combinan la capacitación y asistencia técnica en producción, organización y gestión; la provisión de espacios industriales y logísticos; de infraestructura y de servicios comunes; la simplificación y regulación de procedimientos para la provisión de servicios y el acceso a beneficios promocionales, como parte de una política integral para el desarrollo de la cadena de valor de los hidrocarburos en todos sus eslabones. Adicionalmente, demanda crédito accesible, y junto a ello mecanismos de evaluación y control, en un toma y daca en la regulación de las inversiones y el crédito, y en cuanto al impacto múltiple de las actividades en el territorio.

El Estado debe ejercer su poder y responsabilidad en beneficio del conjunto de la región y el país, y el mercado debe estimular el sector en el marco de la competencia y la cooperación, para que se garantice la viabilidad presente de las inversiones, y junto a ello la sustentabilidad de la cuenca y del sistema urbano regional.
Resulta imprescindible en beneficio del conjunto de la actividad, elevar el nivel de interacción entre las pequeñas y medianas empresas proveedoras de bienes y servicios de la cuenca. La creación de proyectos consorciados entre ellas podría favorecer la transferencia de conocimiento interfirma. Ello estimularía la cooperación para lograr mejores posibilidades de negociación con las grandes empresas. Y la conformación de consorcios entre PyMes y grandes empresas e instituciones del conocimiento generaría múltiples beneficios al sector.

De esta forma, podrían surgir experiencias de vinculación bidireccional entre empresas e instituciones del conocimiento.
A ello se agrega para la formulación de las políticas, la necesaria consideración de las condiciones de trabajo y las remuneraciones que muestran jerarquías y disparidades dentro y fuera de las actividades directas e indirectas, al tiempo que habilitan formas flexibles y eventuales de empleo que impone la lógica global y accionaria de la maximización de las ganancias y las rentas sectoriales. La política pública con amplia participación de las distintas jurisdicciones gubernamentales y la concertación entre compañías, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil pueden y deben encaminar procesos de coordinación que aporten a la sustentabilidad social y ambiental en el complejo regional de los hidrocarburos y el territorio, con base en la responsabilidad social y la ética.

Resulta necesario que el Estado nacional y las provincias, las operadoras, las compañías de servicios, las subcontratistas y los gremios, encaminen procesos concertados en la nueva etapa gubernamental, que marquen rumbos de desarrollo sustentable en la región y el país, superando la primarización de la economía regional y las tendencias extractivistas estimuladas por la financierización mundial.

En ese marco, debe profundizarse el estudio acerca del cambio técnico que se opera en el upstream y el impacto que ello implica en la organización del trabajo, en las relaciones inter empresarias y en la distribución de la renta. Ello demanda un nuevo marco institucional que aporte a la recuperación de las capacidades de negociación por parte de los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas en cada eslabón de la cadena productiva. Y puede facilitar el armado de una nueva agenda de vinculación tecnológica que consolide la producción de nuevo conocimiento acerca de la dinámica PyME en las cadenas globales del petróleo y el gas; la profundización acerca de la gestión del conocimiento y la apropiación de rentas, como así también con referencia a los procesos de inversión y de aprendizaje como parte de un sistema regional de innovación, y la participación en los espacios institucionales en los que se gestan acuerdos y fijan los criterios de políticas sectorial.

Las importantes transformaciones económicas y organizacionales en la cuenca movilizan otras tantas en materia socio-demográfica y cultural, que se expresan en el crecimiento migratorio y vegetativo, la movilidad y la estructura de la población de fuerte carácter urbano, la tasa de actividad, y la ocupación. También generan una nueva cotidianeidad asociada a la producción petrolera y a los servicios. El dinamismo económico convive con una baja dotación de infraestructura urbana, equipamiento y servicios básicos en las zonas calientes del upstream para satisfacer necesidades múltiples de empresas y familias.

Las acciones públicas y/o públicas-privadas en relación al ordenamiento urbano y al hábitat evidencian hoy logros con demoras frente a las distintas problemáticas que derivan de un vertiginoso crecimiento demográfico, y una ocupación del suelo débilmente regulada. Las localidades impactadas en forma directa por la nueva etapa de la actividad hidrocarburífera sobre los ríos Neuquén y Negro, y no cuentan con los recursos financieros suficientes para enfrentar los cambios que se suceden a diario en sus ejidos, evidenciando una alta dependencia respecto al ciclo económico internacional, a las estrategias de las empresas multinacionales y locales, y a las políticas macroeconómicas y las regulaciones nacionales que impactan en el precio del gas y del petróleo. Se evidencian conflictos locales por las tierras, pero estudios recientes disponibles dan cuenta de la voluntad de participación en las localidades y de un creciente capital social que puede fructificar en una efectiva coordinación entre actores públicos, privados y sociales. Ello debe potenciarse.

Finalmente, las implicancias de la nueva articulación entre los recursos naturales de la cuenca Neuquina, la economía global financierizada y el territorio, demandan una consideración especial las cuestiones que resultan de la diversidad cultural y epistémica entre las poblaciones, tradicionales residentes en las zonas productivas y los nuevos actores del capital y del trabajo que se instalan en las distintas ciudades del sistema urbano regional, incluyendo los extranjeros.

Lo anterior lleva a reflexionar acerca de las territorialidades; y acerca de las cuestiones que involucran al Estado en sus distintas jurisdicciones, en la tensión entre la modalidad de gestión que impone la competencia como parte de la racionalidad del capital, y la que expresan los ciudadanos que residen en las ciudades de la cuenca Neuquina, inspiradas en sus culturas y trayectorias, en sus necesidades y riesgos, y en sus expectativas de desarrollo y bienestar. Estas cuestiones fundamentan la pertinencia de que las políticas se inspiren en estudios que tengan la inter disciplina como recurso metodológico, una visión sistémica, y la multi escalaridad como el alcance recomendado para ellos. Los aportes de las universidades e institutos de investigación públicos regionales y nacionales constituyen un recurso de muy alto valor y pertinencia a la hora de la toma de decisiones y la articulación de actores e intereses en mesas de trabajo y negociación para la formulación de políticas.

*Diputada Nacional por Río Negro, Frente de Todos. Exdecana de la facultad de Economía, Universidad Nacional del Comahue.