El desafío del transporte urbano en Bariloche



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El sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de Bariloche es por definición complejo. La ciudad presenta características geográficas y climáticas adversas, barreras naturales en la conectividad urbana, y un crecimiento más rápido que las posibilidades de acceso a los servicios esenciales. En cuanto al sistema de transporte, el mismo presenta un IPK (índice de pasajeros por km) por debajo del valor recomendado, ponderado en 1.68, y que se explica en las grandes distancias dentro del ejido y la baja densidad de usuarios. Actualmente la tarifa vigente está definida entre $ 19 y $ 42,43. Se recorren en promedio más de 600.000 km/mes y se cuenta con un aporte ponderado anual de 12.345.161 pasajeros, en un total de 22 líneas.

El marco contractual entre el Municipio y la actual prestadora Amancay SRL se homologó con la Ord 2798-CM-2016, culminando un largo proceso con pliegos de licitación establecidos por Ord 2621-CM-2015 y Ord 2728-CM-2016 desiertos y un largo periplo de contratos precarios y licitaciones caducas con las empresas Codao, 3 de Mayo, Transporte Las Grutas (que contó con permiso precario ratificado mediante Ord. 2464-CM-2013) y con Autobuses Santa Fe, empresa que funcionó con contratación directa sin respaldo legislativo precario como las anteriores prestadoras, y luego de una conflictiva intervención del servicio de la empresa 3 de MAYO, que actualmente encuentra a la Municipalidad con riesgo de afrontar una demanda judicial superior a los $ 40 millones.

El actual contrato plantea como instrumento de gestión una Comisión de Seguimiento del Servicio (Csstup), que trabaja en la redefinición de recorridos, análisis de las opiniones y demandas recibidas por parte de la comunidad, mantenimiento de la seguridad y calidad de la flota, lanzamiento de una aplicación móvil de seguimiento para el usuario, entre otras acciones de mejora continua, que han generado un cambio sustancial sobre las anteriores condiciones del servicio. A pesar de ello aún quedan aspectos pendientes de resolución, como es poder disminuir la brecha en materia de accesibilidad, que supone modificar la infraestructura de flota y también eliminar barreras arquitectónicas del espacio público, tales como ausencia de asfalto, cordón cuneta, veredas y paradores, que son barreras a la movilidad en épocas invernales.

En relación a la fluidez del servicio, la abundante densidad de autos particulares y el desborde de la red vial en horas de alta circulación, expone dificultades que requieren respuestas en semaforización, definición de carriles específicos, restricciones al estacionamiento y otras medidas complementarias en estudio. Actualmente se afronta el rediseño de toda la red, cambiando el paradigma diametral por uno radial que identifique nuevos corredores de tránsito, puntos de transferencia, mejora en la distribución de líneas y disminución de los kilómetros finales del sistema.

Riesgos

En este complejo contexto, la retirada del gobierno nacional que quitaría más de $ 150 millones anuales a nuestra ciudad nos expone ante el riesgo de disparar la tarifa a niveles que ronden los $ 40, afectando el bolsillo de los usuarios. Es por ello que la única alternativa viable es que el gobierno nacional retroceda en la medida anunciada para el 2019 con el ajuste pretendido en todo el país y en especial para la Patagonia, una acción que ataca y pone en jaque las posibilidades del usuario para acceder a las fuentes de trabajo y a derechos esenciales como la salud y educación. Así como han retrocedido en otros intentos de ajuste perjudiciales para la región, es momento de entender que esta medida amenaza nuestras ciudades y que no existe alternativa probable que pueda derivar en solucionar lo que debe afrontar el gobierno nacional, que es el único que puede subsidiar este servicio esencial. Pretender que dichos recursos sean absorbidos a nivel provincial o municipal es un daño al sostenimiento de las actuales partidas y posibilidades presupuestarias a nivel local o regional.

El pretendido ajuste y ahorro fiscal no puede ser el resultado de la destrucción de la red de transporte público de pasajeros de todo un país. Sin lugar a dudas, el panorama del próximo año es incierto, no sólo por los aspectos y desafíos técnicos vigentes, sino por el impacto de la medida anunciada, en el complejo contexto macroeconómico que estamos atravesando. Tal como ya lo manifestamos en nuestra comunicación N°958-CM-18, resulta vital poder encontrar herramientas y acuerdos serios de respuesta, en especial en nuestro Congreso Nacional, tanto por diputados como senadores, que permitan retroceder en esta medida sin importar las banderías políticas, permitiendo la sustentabilidad del sistema, protegiendo al usuario, fomentando el uso del servicio y evitando bajo todo aspecto caer en las hipocresías políticas que seguramente aumentarán al calor del próximo año electoral.

*Concejal municipal de San Carlos de Bariloche (JSRN), miembro de la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte e integrante de la Csstup.


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