El desborde narco

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Cuando sicarios al servicio de una banda de narcotraficantes intentaron asesinar a balazos al gobernador santafesino Antonio Bonfatti, distintos personajes vinculados con el gobierno nacional reaccionaron como si a su juicio se tratara de una maniobra electoralista destinada a permitirle cosechar más votos. Del mismo modo, quienes piensan así suponen que fue políticamente motivada la advertencia severa que acaban de formular los obispos católicos acerca del peligro planteado por las organizaciones delictivas que aprovechan la drogadicción. Para desazón del oficialismo, el Episcopado manifestó su viva preocupación por la aparente incapacidad del gobierno para entender la magnitud del desafío que el país enfrenta, de ahí el largo atraso en nombrar el sucesor del excanciller Rafael Bielsa, que renunció en marzo, como titular de Sedronar, el organismo del Estado encargado de coordinar la lucha contra el narcotráfico. Aunque es lógico que un gobierno que está en el poder desde hace más de diez años defienda su propia actuación, procurando hacer pensar que, merced a sus esfuerzos, el país ha avanzado mucho, los intentos oficiales por minimizar la gravedad de la situación que se ha creado sólo sirven para aumentar el riesgo de que la Argentina termine como México, un país que se ha vuelto un campo de batalla extraordinariamente violento. También contribuyen a motivar sospechas acaso injustas pero así y todo comprensibles. Si bien los eclesiásticos se abstuvieron de acusar directamente a personas determinadas, señalaron que en opinión de muchos el avance rápido de las bandas de narcotraficantes se ha visto facilitado por “la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes”, además de “miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios de la Justicia y políticos” que “colaboran con los grupos mafiosos”. En una sociedad tan corrupta como la nuestra, distinguir entre dirigentes honestos por un lado y criminales por el otro es muy difícil. Por razones políticas, hasta los presuntamente más comprometidos con la ética propenderán a pasar por alto las canalladas perpetradas por sujetos que militan en su propia agrupación, convirtiéndose así en cómplices. Asimismo, los culpables de lo que, conforme a la ley, son delitos, pero que suelen tolerarse, son vulnerables a las presiones de quienes han cometido ofensas que ni siquiera los acostumbrados a recibir sobornos considerarían inocuas. He aquí una razón por la que las sociedades corruptas raramente logran defenderse contra narcotraficantes pertrechados de fondos suficientes como para enriquecer a miles de colaboradores bien ubicados. Los más beneficiados por la resistencia de quienes viven de la política a permitir que se lleven a cabo investigaciones serias, por temor a lo que podría revelarse son, desde luego, los delincuentes mismos. No cabe duda de que en los años últimos han logrado infiltrar las diversas reparticiones del Estado en busca de la impunidad que necesitan para que sus operaciones sigan expandiéndose. A juzgar por los resultados, han tenido éxito. La Argentina dejó hace mucho de ser sólo un “país de tránsito” utilizado por los carteles colombianos y mexicanos para enviar drogas a Europa o América del Norte. Según los especialistas en la materia, es uno de producción y, cada vez más, de consumo, sobre todo entre los sectores más pobres de la población. La lucha contra el flagelo se ve dificultada por la escasa voluntad de los halcones kirchneristas del gobierno nacional de asegurar que las autoridades de provincias en manos opositoras, como Santa Fe, cuenten con recursos adecuados. Antes bien, operadores kirchneristas han tratado de sacar provecho de lo que está sucediendo en Rosario, una ciudad en la que narcotraficantes han asesinado centenares de personas en lo que va del año, para desprestigiar a los socialistas. Para hacer aún más oscuro el panorama, hay disputas en torno al papel que deberían desempeñar las Fuerzas Armadas que, conforme a la ley de seguridad vigente, no pueden actuar como hacen sus equivalentes en México, Colombia y Brasil, pero no está en condiciones de reemplazarlas Gendarmería, ya que el gobierno nacional se ha habituado a enviar contingentes de efectivos a distintas partes del país para reforzar a la policía local.