El español que obligó a Google a olvidar

DEBATES

“Luchar contra Google es luchar contra Dios”. Lo dijo hace unos meses Mario Costeja, un abogado y calígrafo español que denunció al todopoderoso buscador por publicar una información desfasada sobre él. Pero hoy, la Justicia le dio la razón y “Dios” recibió un mazazo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció, por primera vez, el denominado “derecho al olvido” en internet: el derecho a que se elimine de la red una información personal antigua que perjudica a un individuo.

La sentencia de Luxemburgo abrió las puertas a que los ciudadanos puedan reclamar a Google y a otros buscadores la eliminación de enlaces que conducen a páginas en las que aparece información personal, convirtiéndose en un hito en la defensa de la privacidad.

Es lo que pidió hace ya cinco años Costeja, el abogado español que se convirtió en promotor involuntario del derecho al olvido digital e impulsó, desde un caso personal, el establecimiento de unas reglas del juego para que multinacionales como Google cumplan con la normativa europea de protección de datos.

La Corte europea considera que el operador de internet “es responsable del procesamiento que hace de los datos personales que aparecen en sus páginas web”, incluido el material publicado en medios de comunicación.

“Para Google sigo siendo deudor y casado”, se quejaba Costeja hace unos meses al diario español “El País”. El abogado se había divorciado ya hacía años y sus deudas estaban saldadas, pero su pasado volvía como un fantasma cada vez que introducía su nombre en el buscador.

Todo comenzó en 1998, cuando su nombre apareció en dos anuncios publicados en un diario como dueño de una propiedad sacada a subasta por un embargo a causa de deudas. Fue el comienzo de una larga historia, con triunfos, alguno que otro revés y, ahora, la victoria definitiva.

En el 2009 intentó sin éxito que Google suprimiera el enlace que redireccionaba a esa información. Un año después, la agencia de protección de datos española le dio la razón y ordenó al gigante de internet su retirada. Pero Google recurrió y la Justicia española remitió el caso al Tribunal europeo.

“Google era una gran herramienta y ahora es perfecta con esta sentencia”, celebró Costeja tras conocer la noticia.

La multinacional estadounidense, sin embargo, calificó el fallo judicial de “decepcionante” para “los buscadores y en general para quienes publican contenidos en internet”.

Google se escudaba hasta ahora en el derecho a la libertad de expresión para no eliminar los datos desfasados de los usuarios. “Un negocio que se basa en el corta y pega de lo que hacen otros, sin pagar nada por ello… que no me digan que eso es libertad de expresión”, se quejaba Costeja en plena lucha.

Ahora, el Tribunal europeo sostiene que debe buscarse el “equilibrio justo” entre el derecho individual a la privacidad y la protección de datos y el “legítimo interés” de los usuarios de internet interesados en acceder a la información.

Costeja matizó que defiende la libertad de expresión y que está en contra del derecho al olvido en casos como los de corrupción. “Si un político mete la mano en la caja, lo agarran, lo sentencian y él quiere quitar sus datos, yo estoy en contra”, aclaró. El TJUE también puntualiza que se consideran una excepción las personas públicas sobre las que haya un interés especial. Algunos expertos temen ahora una avalancha de peticiones como la del abogado español.

En una primera reacción, Google, que le podría llevar semanas encontrar la manera de cumplir con el fallo que garantiza el “derecho al olvido” de los usuarios.

El comentario de Google tiene lugar en momentos en que la compañía ha comenzado a recibir pedidos de personas que quieren que se eliminen de los resultados de búsqueda links a páginas con críticas hacia ellos.

Polémicos pedidos de “borrado”

Google no dio detalles sobre los pedidos, pero informes en internet mostraron la espinosa situación en la que se encuentra el motor de búsqueda: entre quienes piden que se borren sus datos figuran un político, un médico cuestionado y un pedófilo.

Una persona que tuvo acceso a estas peticiones dijo a la CNN que un hombre condenado por posesión de pornografía infantil ha solicitado a la empresa que elimine los enlaces a las páginas web que refieren a su condena. Un expolítico también ha pedido que se borren los enlaces a un artículo de prensa que da cuenta de su conducta mientras estaba en el cargo. Y un médico, que desaparezcan los enlaces a un sitio que evalúa el desempeño de los galenos.

Google aún no ha suprimido los enlaces. La compañía indicó que primero tiene que desarrollar un procedimiento para gestionar una potencial avalancha de solicitudes de remoción.

“El fallo (del tribunal) tiene importantes implicaciones para la forma en que gestionaremos las solicitudes de eliminación”, dijo un portavoz de la tecnológica.

“En términos logísticos es complicado, entre otras razones, por los múltiples idiomas involucrados y la necesidad de una revisión cuidadosa. Tan pronto como hayamos pensado exactamente cómo funcionará esto, lo que puede tardar varias semanas, se lo haremos saber a nuestros usuarios”.

La compañía de Mountain View está habituada a manejar pedidos de eliminación de datos. El motor de búsqueda dijo que recibió más de 25 millones de solicitudes de empresas que arguyen que los resultados de Google enlazan a material que infringe los derechos de autor. La firma también recibe miles de requerimientos de gobiernos para borrar enlaces a páginas web que violan las leyes.

Google acata menos de la mitad de las solicitudes de eliminación emitidas por gobiernos, pero no especifica cuántas cumple relacionadas con los derechos de autor.

Las leyes que protegen los derechos de autor y muchas otras son considerablemente más claras e inequívocas que la noción de “relevancia para el interés público”, a la que Google ahora tendrá que ceñirse en la Unión Europea.

“El vago criterio de la Corte Europea está abriendo la puerta a que cualquier persona con una foto desafortunada, comentario o reseña desfavorable solicite la remoción del motor de búsqueda”, advierte el socio gerente de la firma legal Richards Kibbe & Orbe LLP, Craig Newman. “El Tribunal, por desgracia, no habló en inglés sencillo y recae sobre los motores de búsqueda el trabajo de interpretar sus palabras”.

Una socia del bufete británico Carter-Ruck, Ruth Collard, prevé que Google rechazará las peticiones de políticos y pedófilos.

“Los políticos y los criminales convictos podrían vérselas difíciles para demostrar que la balanza de la justicia debe inclinarse a su favor, dados los temas de interés público involucrados”, señaló Collard.

Las personas inocentes cuya fotografía de prontuario policial u otra información potencialmente dañina circula en la red podrían beneficiarse de la sentencia. Pero también abre la puerta para que aquellas que actuaron sin responsabilidad o con poco juicio simplemente exijan que sus registros sean borrados de internet.

Si un motor de búsqueda rechaza una solicitud de eliminación, la persona tendría que acudir con la autoridad reguladora local y llevar cada caso a los tribunales.

¿Obstáculo al periodismo?

Entre los que se pronunciaron preocupados por los efectos de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que teme sobre los efectos en las investigaciones periodísticas en casos de violaciones a derechos humanos y casos de corrupción.

La OSCE consideró en su declaración que la decisión del Tribunal “podría afectar negativamente al acceso a la información”, si bien reconoce que la protección de los datos personales es “un derecho fundamental” para las personas.

“Los medios de comunicación deberían continuar teniendo acceso a las informaciones y a los datos personales de personalidades públicas o sujetos de interés público”, afirmó en el comunicado.

La Corte de Justicia europea estimó el 13 de mayo que los usuarios de los motores de búsqueda, y en particular los de Google, pueden exigir que se supriman datos personales recopilados y conservados en sus servidores.

El caso se originó con una demanda presentada por un ciudadano español que reclamaba la supresión de los resultados y los enlaces de Google donde su nombre aparecía asociado a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo en 1998.

“El riesgo de autocensura o de censura indirecta aparece inmediatamente si se imponen restricciones a los intermediarios o a los proveedores de contenidos”, lamentó la OSCE, que consideró “inaceptables” las restricciones “indebidas” a los medios de comunicación.

La oficina de la representante para la libertad de los medios de comunicación de la Organización de la Seguridad, la bosnia Dunja Mijatovic, evaluará los efectos y la puesta en marcha de esta decisión, al tiempo que se opondrá a cualquier intento de obstaculizar la investigación periodística, advirtió la OSCE.

Ana Lázaro Verde

DPA y agencias AP, AFP y CNN en español

Mario Costeja, el iniciador de la demanda al “todopoderoso” Google.