El Estado no va preso

Cuando un ciudadano viola la ley el Estado entiende que ha dañado a toda la sociedad y en respuesta le impone un castigo: le quita la libertad. Pero ocurre en Río Negro que además le arrebata la dignidad. La situación de las cárceles provinciales y el funcionamiento del Servicio Penitenciario chocan con los más elementales mandatos constitucionales y principios internacionales de derechos humanos. El gobierno de Río Negro viola sus propias normas y desobedece a sus propios jueces, que le ordenan dar soluciones. Pero el Estado no va preso, no sufre el hacinamiento, no se enferma de tuberculosis, no duerme en colchonetas ni siente el frío en un “buzón” de castigo. El Estado no sufre su propio sistema penal y los funcionarios responsables de esas graves deficiencias tampoco. Eso sí, los presupuestos año tras año prevén decenas de millones de pesos para mantenimiento y reparaciones. Las consecuencias son nefastas: descomunales motines, frecuentes fugas, asesinatos entre presos y celadores que resultan habituales víctimas o victimarios de graves hechos de violencia. A eso siguen otras secuelas: familias desgarradas, jefes penitenciarios desbordados, millonarias demandas contra el Estado. Y, a más largo plazo, la consecuencia final de la desidia estatal: el fracaso rotundo de la reinserción social de la persona condenada, la reincidencia como destino casi forzoso y la triste herencia de aquellos hijos que terminan presos con sus padres.

Marcela Marín marcelamarin@rionegro.com.ar