El futuro no existe

Es de suponer que todos los habitantes del país entienden que al jubilarse sus ingresos dependerán en buena medida de sus ahorros, tanto los efectuados a título personal como los consistentes en aportes a los fondos previsionales, pero a juzgar por la cantidad de personas que por las razones que fueran optan por ahorrar muy poco y por no aportar nada, la mayoría parece creer que no le es necesario preocuparse por lo que pueda ocurrir cuando ya no sean económicamente «activos». Según la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), nada menos que el 66% de los que cumplen trabajos formales evade sus aportes y, para colmo, aquella cifra asombrosa propende a aumentar, acaso porque al difundirse la impresión de que nadie aporta, son cada vez más los tentados a dejar de preocuparse.

A juicio de los responsables de administrar lo que todavía queda del sistema previsional, no es meramente una cuestión del incumplimiento ya tradicional por parte de los autónomos y de otros que se afirman demasiado pobres, sino también de la actitud netamente criminal de muchos empresarios que aprovechan el clima de inseguridad laboral imperante para dilatar los pagos a sabiendas de que sus empleados no se animarán a protestar por temor a verse despedidos. De ser así, es urgente que las autoridades tomen las medidas correspondientes: al fin y al cabo, si los investigadores de un instituto que realizó un estudio del problema para la Superintendencia de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones pudieron determinar que en la construcción la evasión es del «92,1%» y en la industria manufacturera del «84,7%», esto quiere decir que poseen la información precisa para obligar a los empresarios a cumplir con sus deberes legales.

Es comprensible que no aporten los desocupados y los indigentes, mientras que no cabe duda de que para quienes ganan muy poco hacerlo supondría penurias muy graves. Sin embargo, sucede que el grueso de los evasores no se encuentra en una situación tan desesperada. Podría mantenerse al día, aunque fuera con muchas dificultades, pero a pesar de saber muy bien que centenares de miles de jubilados actuales cobran apenas lo suficiente como para subsistir, se niega a intentarlo. ¿A qué se debe esta conducta irracional? En parte a la desconfianza atribuible a la irresponsabilidad de una larga serie de gobiernos nacionales: muchos dan por descontado que aun cuando aporten correctamente, su dinero se vería apropiado ya por «los políticos», ya por «los empresarios» a cargo de las AFJP. También hay otros motivos, que tienen que ver con la cultura de la imprevisión que desde hace años predomina en el país y que ha dado pie no sólo al vaciamiento de las cajas jubilatorias sino también al deterioro constante del sistema educativo, al desprecio por la investigación científica y a la falta de interés en invertir en infraestructura a menos que los beneficios políticos sean inmediatos. Mal que nos pese, la Argentina es un país increíblemente cortoplacista cuya población, empezando por los «dirigentes», raramente piensa en lo que podría suceder más allá del fin de mes.

Otro factor negativo es la resistencia de muchos a asumir que su propio destino es en el fondo su propia responsabilidad, que si bien «la sociedad» puede ayudar o estorbar, lo que cada uno haga será en última instancia decisivo. Así, pues, se da la paradoja aparente de que el dramatismo de la situación de tantos jubilados no ha estimulado a la mayoría a tomar sus propias precauciones sino que, por el contrario, la ha convencido de que es un problema político, o sea, general, cuya «solución» está en manos del gobierno de turno. Parecería que pocos se preguntan qué podrán hacer los futuros gobernantes si nadie aporta nada a los fondos jubilatorios. ¿Aumentar de forma salvaje los impuestos para que los escasos contribuyentes subsidien tanto a los «abuelos» como a aquellos jóvenes bien conectados que se las han ingeniado para conseguir una jubilación especial? Los más entenderán que dicha «solución» es fantasiosa, pero aun así, apuestan a que se concrete antes de que ellos mismos dejen de trabajar.