El gobierno nacional ya no disimula que apaña a violentos

Es un grave error abandonar a un gobierno provincial en su iniciativa de enfrentar al terrorismo y proteger a sus víctimas, desde las vías operativa y judicial.





Gobernadora Arabela Carreras y presidente Alberto Fernández.

La tolerancia -al borde de la connivencia- del gobierno nacional a la acción de los grupos terroristas, que incendian locaciones privadas y estatales y usurpan tierras, ya no es disimulada. Es desembozada.

Las palabras del presidente Alberto Fernández“No es función del gobierno brindar más seguridad a la región”– frente a un pedido desesperado de la gobernadora de que Nación se decida actuar por los atentados, rebasa toda lógica sobre las obligaciones de un Estado.

Le han respondido sin eufemismos el intendente de Bariloche y el ministro de Seguridad de Chubut.

Gustavo Gennuso calificó al mensaje del presidente como una ofensa al federalismo del país. “Me cuesta entender el tono de la carta; quiere decir que estamos solos”. En la misma orientación, el ministro Federico Massoni espetó: “Gobiernan mirándose el ombligo” y advirtió: “En Chubut no dialogamos, no mediamos, no defendemos delincuentes, no nos interesa convivir con ellos. ¡Acá los combatimos y los llevamos ante la justicia!”.

Las expresiones de Alberto Fernández no tienen esa espontaneidad e improvisación que tantas veces le generó (al presidente y al oficialismo todo) dolores de cabeza. Están dichas desde una convicción, plasmada en una carta de jefe a jefe de Estado. Reflejan no tanto el desdén, cuanto directamente un temerario dejar hacer, arraigado en un evidente sesgo ideológico.

Vienen respaldadas por otras definiciones emanadas desde el gobierno; por ejemplo, el mismo día, cuando la flamante portavoz con rango ministerial, Gabriela Cerrutti, dijo suelta de cuerpo sobre los recientes hechos violentos: “No es un conflicto que tenga que ver con la propiedad privada. Es un conflicto que tiene que ver con la historia de este país y con los diferentes conflictos de quienes se sienten propietarios de determinadas tierras”. Cerrutti desconoce u omite deliberadamente el vandalismo sobre casas y tierras particulares, un colegio religioso y ahora un club andino. Y desde la inacción oficial también justifica indirectamente los ataques a bienes del Estado, que en definitiva nos pertenecen a todos, como la escuela de Guardaparques, la oficina de Turismo y Vialidad Provincial. Al mismo tiempo, Cerrutti concede una pátina de legitimidad a la acción de los violentos con aquello de “se sienten propietarios”, en suerte de dictamen anticipado sobre los derechos de propiedad de las tierras usurpadas, como si fuera solo cuestión de autopercepciones.

Y, sobre todo, las palabras del presidente Fernández vienen respaldadas de un historial de iniciativas del gobierno nacional que demuestran hasta qué punto ha llegado cierta complicidad del Estado nacional con los violentos y usurpadores. ¿Es necesario repasarlas? Sí:

• el uso del vehículo oficial para el traslado de personas y bienes a la toma de Villa Mascardi por parte del vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Luis Pilquiman.

• Los pedidos de la titular del INAI Magdalena Odarda, a una jueza para que suspenda el desalojo y restitución judicial de un lote ocupado. • El desistimiento de Parques Nacionales a la acción judicial que había emprendido por la usurpación del lof Lafken Winkul Mapu, del que fue víctima directa y denunciante, favoreciendo así que el caso no llegue a juicio.

• La propuesta del ministro de Ambiente Juan Cabandié para que los beligerantes ocupantes de Mascardi compartan la administración, manejo y control de las tierras.

• El reciente gesto de defensa del gobierno argentino -vía su embajador Rafael Bielsa- al violento líder de la RAM Facundo Jones Huala en el pedido de que se le otorgue la libertad condicional en Chile.

El gobierno nacional se resistió hasta último minuto a enviar las fuerzas federales (finalmente lo hizo a regañadientes), con el pretexto de que los recientes hechos ocurrieron en territorio exclusivamente rionegrino.

En las expresiones de Aníbal Fernández ante las exigencias de acción de la gobernadora (“Señora está equivocada, no puede exigir nada”) y del presidente Fernández -con mejor tono, pero igual sentido-, el gobierno nacional pretende aislar hechos que inocultablemente están vinculados; sólo falta que la parsimoniosa investigación judicial lo haga palmario.

La usurpación en Villa Mascardi, un paraíso a merced de grupos radicalizados mapuches que han sido denostados hasta por otras comunidades mapuches que reclaman derechos, tiene la configuración de los demás atentados de las inmediaciones, al paso de una ruta nacional. Hay allí tierras y organismos estatales y tampoco el gobierno ha hecho nada.

Ya no hay solo pasividad frente a una escalada violenta que viene de, por lo menos, cuatro años con la toma de Mascardi. Hay acción que raya la complicidad. Una habilitación al “dejar hacer, dejar pasar”.

Es un grave error abandonar a un gobierno provincial en su iniciativa de enfrentar al terrorismo y resguardar a sus víctimas, desde las vías operativa y judicial. Acompañarlo y adoptar medidas de seguridad y control (no de brutalidad y torpeza) es una función que el Estado debe asumir en democracia. Al fin y al cabo, al esquivar sus responsabilidades deja desguarnecidos a los ciudadanos y a sus derechos. Y apaña a los violentos y violadores de derechos.


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