El gobierno viola los derechos humanos de los venezolanos
Desde el 12 de febrero, fecha en la que comenzaron las enormes protestas de la población venezolana contra los responsables del caos económico-social en que ha sumido al país, el inepto gobierno de Nicolás Maduro ha detenido a nada menos que 970 personas, según informa el Foro Penal de Venezuela. Como sucede desde hace medio siglo en Cuba, todos han marchado presos por disentir y exteriorizar sus convicciones. El llamado delito de opinión, que caracteriza a las dictaduras totalitarias. Las detenciones conllevan siempre malos tratos, vejaciones, golpes, torturas y robos, a estar a las declaraciones uniformes ofrecidas por las 41 personas que fueron recientemente detenidas en la plaza Altamira, el 28 de febrero pasado. Estaban por lo demás, visiblemente golpeados, según informa “El Universal” de Caracas en su edición del 3 de marzo pasado. Ellas incluyeron los dichos de la periodista italiana Francesca Commissari en el Palacio de Justicia, donde prestaron declaración a la madrugada del día posterior, después de haber sido imputados, increíblemente, de haber cometido tres “delitos”: instigación pública a la violencia; obstrucción de la vía pública y “ultraje a funcionarios públicos”, a los que se presume no se puede criticar de ninguna manera puesto que son dueños de la verdad al predicar el “discurso único”. De no creer. Pasaron de ser efectivamente víctimas a aparecer como presuntos delincuentes, sin solución de continuidad y por arte de la magia totalitaria. Juan Pablo Ficano, uno de los estudiantes detenidos, aclaró: “Puso sus manos en alto, en señal de paz y los efectivos lo obligaron a arrodillarse, lo golpearon y a empujones lo lanzaron esposado dentro de un autobús. Dentro del vehículo amenazaron a todos los detenidos con lanzarles una bomba lacrimógena para ahogarlos”. Una monada de trato. Ejemplar como respeto de los derechos humanos de los civiles que protestaban en paz. A lo que agregó: “Otro joven, de quien me reservo el nombre, se bajó los pantalones frente al juez para mostrarle la media cura por los perdigones que le disparó un guardia nacional a quemarropa, en el recto”. Indignante e inocultable, por cierto. Ante lo acontecido, la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana denunció además que todos, absolutamente todos, los detenidos desde el 12F han sido víctimas de robos durante sus detenciones. Hablamos de la sustracción cobarde de celulares, cadenas, anillos y otros efectos personales de esa misma naturaleza. A los periodistas además se les quitaron los aparatos fotográficos. Todo esto sucede durante la constante represión violenta por parte de las fuerzas “del orden” y de los sicarios que los acompañan perteneciendo a los conocidos “colectivos” armados, conformados por matones a sueldo del oficialismo. Mientras el gobierno convoca al diálogo, sigue violando desde la más completa impunidad los derechos humanos de los venezolanos, lo cual podría conformar, al menos en algunos casos, verdaderos crímenes de lesa humanidad por los que deberá asumir sus responsabilidades. (*) Exembajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas
EMILIO J. CÁRDENAS (*)
Desde el 12 de febrero, fecha en la que comenzaron las enormes protestas de la población venezolana contra los responsables del caos económico-social en que ha sumido al país, el inepto gobierno de Nicolás Maduro ha detenido a nada menos que 970 personas, según informa el Foro Penal de Venezuela. Como sucede desde hace medio siglo en Cuba, todos han marchado presos por disentir y exteriorizar sus convicciones. El llamado delito de opinión, que caracteriza a las dictaduras totalitarias. Las detenciones conllevan siempre malos tratos, vejaciones, golpes, torturas y robos, a estar a las declaraciones uniformes ofrecidas por las 41 personas que fueron recientemente detenidas en la plaza Altamira, el 28 de febrero pasado. Estaban por lo demás, visiblemente golpeados, según informa “El Universal” de Caracas en su edición del 3 de marzo pasado. Ellas incluyeron los dichos de la periodista italiana Francesca Commissari en el Palacio de Justicia, donde prestaron declaración a la madrugada del día posterior, después de haber sido imputados, increíblemente, de haber cometido tres “delitos”: instigación pública a la violencia; obstrucción de la vía pública y “ultraje a funcionarios públicos”, a los que se presume no se puede criticar de ninguna manera puesto que son dueños de la verdad al predicar el “discurso único”. De no creer. Pasaron de ser efectivamente víctimas a aparecer como presuntos delincuentes, sin solución de continuidad y por arte de la magia totalitaria. Juan Pablo Ficano, uno de los estudiantes detenidos, aclaró: “Puso sus manos en alto, en señal de paz y los efectivos lo obligaron a arrodillarse, lo golpearon y a empujones lo lanzaron esposado dentro de un autobús. Dentro del vehículo amenazaron a todos los detenidos con lanzarles una bomba lacrimógena para ahogarlos”. Una monada de trato. Ejemplar como respeto de los derechos humanos de los civiles que protestaban en paz. A lo que agregó: “Otro joven, de quien me reservo el nombre, se bajó los pantalones frente al juez para mostrarle la media cura por los perdigones que le disparó un guardia nacional a quemarropa, en el recto”. Indignante e inocultable, por cierto. Ante lo acontecido, la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana denunció además que todos, absolutamente todos, los detenidos desde el 12F han sido víctimas de robos durante sus detenciones. Hablamos de la sustracción cobarde de celulares, cadenas, anillos y otros efectos personales de esa misma naturaleza. A los periodistas además se les quitaron los aparatos fotográficos. Todo esto sucede durante la constante represión violenta por parte de las fuerzas “del orden” y de los sicarios que los acompañan perteneciendo a los conocidos “colectivos” armados, conformados por matones a sueldo del oficialismo. Mientras el gobierno convoca al diálogo, sigue violando desde la más completa impunidad los derechos humanos de los venezolanos, lo cual podría conformar, al menos en algunos casos, verdaderos crímenes de lesa humanidad por los que deberá asumir sus responsabilidades. (*) Exembajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas
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