El hábito de la anomia
ÍTALO PISANI (*)
La naturalización de los bloqueos de ruta en Neuquén
Los piquetes en calles y rutas –naturalizados en todo el país desde ya hace unos cuantos años– suelen compartir características análogas: la necesidad y presión de quienes los ejercen para alcanzar sus aspiraciones, el fastidio y el perjuicio de los ciudadanos que los sufren por la violación de su derecho constitucional a circular libremente, y la inacción de algunos o todos los actores de las instituciones para neutralizarlos. Gremios estatales protagonizaron el jueves bloqueos en ocho tramos vitales de rutas del territorio neuquino y en arterias de la capital, en una demostración de fuerza emblemática para los manifestantes que se repetirá (y probablemente agudizará) en los próximos días, pero traumática para muchos de los automovilistas, camioneros, colectiveros y transeúntes que debieron padecer hasta cuatro horas sin poder circular y sin carriles alternativos, pese a lo que se había prometido. El legítimo derecho de ATE, CTA, UPCN y Viales de manifestarse, protestar y peticionar una recomposición salarial a las autoridades, a través de marchas y volanteadas en rutas que no entorpezcan el tránsito, ha sido mínimamente cumplido. A las interrupciones totales provocadas, hay quienes piensan ahora en sumarles medidas más prolongadas o extremas como el bloqueo al transporte de combustibles o el cierre de un paso internacional. Por añadidura, la administración Sapag había anunciado un día antes que no toleraría cortes totales e, incluso, precisó que en casos de que el bloqueo fuese completo, daría intervención a los fiscales, se filmaría a los responsables y se los intimaría en un plazo de entre una y dos horas antes de desalojar. No hay noticias de que estas admoniciones se hayan cumplido. El precedente inmediato de Plottier ha sido, en plenas vacaciones invernales, elocuente demostración de laxitud. Transcurridos años de piquetes, el fastidio, pero sobre todo la resignación al impedimento de la libre circulación de las personas, parece haberse constituido en un hecho natural. Y éste es precisamente el problema. Además de los piquetes viales, otras manifestaciones recurrentes suelen ser las usurpaciones de tierras, con componentes similares, y el añadido de la afectación del derecho de propiedad cuando se trata del espacio privado. La expresión más elocuente de impotencia que recordamos fue escuchada en marzo del año pasado cuando el exsecretario de Seguridad y jefe de Policía neuquino, Guillermo Pellini, admitió: “Estamos atados de pies y manos”, en referencia al fallo del juez Elosu Larumbe, quien consideró que no había delito en una ocupación de Neuquén capital. Así, de cara a un delito que establece claramente el artículo 194 del Código Penal, el país asiste a uno de los fenómenos sociales más perturbadores: la anomia, es decir el poco o nulo respeto por la ley. El jurista Carlos Nino, en su libro “Un país al margen de la ley”, ha profundizado el concepto de la anomia como expresión de una sociedad abrazada a la ilegalidad. Distinguió entre desviaciones individuales, acciones de conjunto derivadas de un conflicto y situaciones sociales en las que todos terminan perjudicados. A estas últimas las llamó anomia boba. Paradójicamente, las acciones de quienes se conducen por fuera de la norma han permitido desarrollar corrientes jurídicas que –con dilemas internos y matices– llegaron a avalar la cultura del piquete, el escrache o el apriete. Son las que anteponen el derecho de petición al derecho de circular libremente, como manifestación –argumentan– de un sistema democrático que incluye tolerar el menoscabo sufrido. Tal corriente ideológica (que algunos inscriben en el “garantismo”), acompañada del concepto de “descriminalizar la protesta social” vertido desde el Estado, atiza un extraño fenómeno: cuando la ley no se cumple, se deroga de hecho. Se crea, entonces, una forma heterodoxa de abolir leyes con el solo requisito de incumplir las disposiciones vigentes desde el “derecho de resistencia”. Bajo ese criterio, la repetición de estos acontecimientos ilegales terminan estableciéndose. Y transformándose en “legales” por el abolicionismo o la despenalización de conductas que son claramente delictivas. Crecientes sectores sociales encuentran en estas ponderaciones jurídicas o del Estado la justificación a actos que vulneran derechos ajenos. El problema es que, en el marco de esta línea, se sentirían con derecho desde los más numerosos y estructurados grupos a los más insignificantes e inorgánicos, con lo cual se aceptaría como tolerable un bloqueo de cuatro o cinco personas afectando a miles. El académico Horacio A. García Belsunce describió la inseguridad basada en el temor de aplicar la ley: “Parece que represión es sinónimo de autoritarismo y puede que así lo sea en ciertos casos, pero no es represión aplicar la ley a los casos en que corresponda”. Represión entendida como la acción de contener, refrenar o moderar actos ilegales, desde un Estado autorizado a usar su fuerza legitimada por el derecho. Y con la persuasión y disuasión como primera medida. Una fuerza donde el abuso de poder y la torpeza –nada infrecuentes en las filas policiales– no le son permitidas. La acción judicial, a través de procesamientos, podría constituir una vía disuasiva. La novedad conocida a mediados del 2011 de que en Neuquén existían 546 procesados por diversas protestas sociales, adquirió, sin embargo, un valor simplemente alegórico. Demostró una mera acumulación y una nula sanción. La tendencia a dejar hacer se convierte en un estímulo para que se repitan procedimientos ilegales ante la certeza de que no serán sancionados ni reprimidos. Cualquier escenario es imaginable frente a la anomia y la laxitud: la invasión o depredación de espacios públicos y privados, la naturalidad en la evasión impositiva, la contaminación y hasta la corrupción extendida en funcionarios que se sabrán impunes. (*) Editor general de “Río Negro”
