El hilo conductor

Héctor Mauriño vasco@rionegro.com.ar

La imagen de Darío Poblete caminando tranquilamente por Zapala recorrió el país levantando una ola de estupor e indignación. La impunidad es un mal arraigado en la Argentina y, en esta etapa en que la sociedad está tratando de saldar las cuentas pendientes con el pasado ominoso de las dictaduras y sus vergonzosas complicidades civiles, ver a un condenado a prisión perpetua por una muerte tan brutal e injusta como fue la del maestro Carlos Fuentealba, desplazándose libremente por la calle, no puede sino producir furor. Desde la alcaidía de Zapala informaron que Poblete salió del penal para asistir a una clínica donde tenía un turno médico y que fue acompañado por una custodia de a pie, ya que el móvil que debía llevarlo estaba retrasado. Pero sin perjuicio de que la explicación no explica nada, no es la primera vez que Poblete se desplaza libremente por las calles de Zapala. Durante la instrucción de la causa, este diario informó que, por lo menos en una oportunidad, el ex cabo primero salió a cobrar su salario en un cajero del Banco Provincia de Neuquén. También en Zapala abundan las versiones que dan cuenta de que Poblete no sólo salía frecuentemente sino que, inclusive sus excompañeros lo llevaban con ellos a ciertos procedimientos. Si no fuera por la acción oportuna del fotógrafo Bruno Tornini, que obtuvo la imagen el jueves pasado, tal vez este mecanismo irregular e ilegal se hubiera seguido verificando indefinidamente. La excesiva tolerancia, cuando no complicidad, de miembros de la fuerza con el cabo primero condenado adquirió mayor voltaje con la aparente reticencia del subcomisario Roberto Carlos Mieres, jefe de la Unidad de Detención 31, donde Poblete estaba detenido, para trasladarlo a la U11 como le ordenó perentoriamente la Justicia. Actitud que le valió ser separado del cargo por el gobierno provincial. En mayo pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por la defensa de Poblete para que revise la sentencia que lo condena. El ex cabo primero nunca manifestó el menor arrepentimiento por haber asesinado, por la espalda y con una granada de gases, a Fuentealba. El hecho de que ahora se desplace libremente es una afrenta difícil de digerir para los familiares de la víctima, para los neuquinos y para los argentinos en general. Pero la aparente protección por parte de sus compañeros al autor del homicidio está en línea con la defensa corporativa de otros miembros de la fuerza implicados en la causa Fuentealba II, que busca dilucidar las responsabilidades políticas e ideológicas del crimen y que tiene bajo la lupa desde el exgobernador Jorge Sobisch hasta los funcionarios provinciales y policiales que estaban en funciones en el momento en que se cometió el bárbaro asesinato. En ese contexto, la protección a Poblete por parte de sus excompañeros entraña un sordo reproche a las autoridades políticas, que –dirían los interesados– “los mandan a reprimir y luego se desentienden de los efectos letales de sus órdenes”. Y, algo de razón parece asistirlos cuando se observa cómo el exgobernador ha tomado distancia de las órdenes que desencadenaron aquella tragedia. Aunque eso no desincrimine para nada a la cadena de mandos y al autor material. Otro hecho, aparentemente desvinculado de lo ocurrido en Zapala, el asesinato del interno de la U11 Cristian Ibazeta, testigo clave en la causa por torturas perpetradas en el 2004 dentro de ese penal, tiene sin embargo un hilo conductor con el caso Poblete. En ese proceso todavía inconcluso están involucrados 27 policías. Luego de haber denunciado apremios por parte de los guardia cárceles por lo menos cuatro veces, Ibazeta fue atacado el lunes 21 de mayo a la noche en su celda, ubicada a 15 metros de la guardia, y la sospecha de los organismos de defensa de los derechos humanos es que hubo una suerte de “zona liberada” para facilitar el asesinato del interno. Es la primera vez que asesinan a un preso en las cárceles neuquinas y no por nada la Cámara Criminal hizo lugar el jueves al hábeas corpus interpuesto por los defensores oficiales, que pidieron declarar la emergencia carcelaria en la U11. Aunque la fuerza policial neuquina dista mucho de ser una “maldita policía” como otras, el hecho terrible de la muerte de este interno, más todavía que la versión perversa del espíritu de cuerpo aplicada con Poblete, debe encender una luz roja muy potente para las autoridades políticas, bajo cuya responsabilidad se encuentran, por mandato constitucional, tanto la Policía como la seguridad y la vida de quienes están privados de su libertad. A esta altura, lo menos que se puede decir es que la Policía no debiera ocuparse de cuidar a los presos, como que ésa no es su misión específica y, los hechos lo demuestran, tal actividad puede inclusive resultar totalmente incompatible. Lo deseable sería que la provincia contara con un cuerpo civil, especialmente preparado para ocuparse de las personas privadas de la libertad y que, en todo caso, la Policía provincial custodiara los perímetros externos de las unidades penales sin que se le permitiese mantener contacto alguno con los internos. Al parecer, en ámbitos del Poder Ejecutivo se baraja una propuesta de estas características, aunque se argumenta que su puesta en práctica requeriría de tiempo y recursos para capacitar a los futuros miembros de ese hipotético cuerpo civil. En realidad, la necesidad de crear un servicio penitenciario provincial viene siendo planteada por juristas y políticos desde por lo menos 1991, sin que hasta el momento se haya materializado en lo más mínimo. Está visto que ya han ocurrido abusos de distinto calibre, torturas y, ahora, una muerte, ¿hasta cuándo?