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El Ipross, una obra social con polémicas “preventivas”

Un extitular de la obra social no puede ser prestador desde hace ocho años por denuncias penales que terminaron en absolución. En Roca esta semana hubo un caso similar con una farmacia. ¿Las medidas para "proteger" los fondos públicos pueden transformarse en un boomerang?



El caso de Alcides Pinazo abre el debate sobre el vínculo entre la obra social y sus prestadores.

El caso de Alcides Pinazo abre el debate sobre el vínculo entre la obra social y sus prestadores.

Alcides Pinazo fue intendente de Choele Choel. Terminó su mandato y volvió a trabajar en su consultorio de ginecología. Fue legislador provincial. Cumplió su período y volvió a su consultorio. Fue titular del Ipross. Finalizó la gestión y quiso volver al consultorio. Pero algo nunca fue igual, porque desde hace ocho años que no puede atender a afiliadas de Ipross.


La obra social lo excluyó de la lista de prestadores, por las causas penales en las que ahora terminó absuelto y por las cuales envió irónicas cartas al exvicegobernador, Pedro Pesatti, al ministro de Salud, Fabián Zgaib y al fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía.

La situación impone la necesidad de revisar mecanismos internos dentro del instituto, para que esas medidas de resguardo de los fondos públicos no terminen convertidas en un boomerang, máxime cuando la Justicia demora tanto tiempo en resolver este tipo de procesos.

Pinazo -en diálogo con RÍO NEGRO- aportó otro elemento al debate. “Yo y ningún médico de la provincia tiene un contrato particular con el Ipross. Los convenios son con la Federación Médica y con los colegios. ¿Cómo es posible entonces que tomen una medida restrictiva de forma unilateral sobre un alguien con quien no tienen vínculo formal?”, preguntó.

Y ese análisis interno también es pertinente porque la situación de Pinazo no es la única.

De hecho, esta misma semana hubo un conflicto con una farmacia de Roca.

Se trata del comercio donde se descubrieron las recetas que permitieron revelar las irregularidades en la facturación a la obra social.

Ese local tiene nuevos dueños y fueron ellos los que hicieron pública la situación que derivó en la denuncia penal. Sin embargo, la obra social los penalizó “preventivamente”, excluyéndolos de la lista de prestadores y tratándolos igual que a los realmente complicados ante la Justicia.

El malestar llegó a Viedma y ese caso particular se remendó rápido. Pero las dudas sobrevuelan.

¿Qué ocurrirá si la causa penal por la estafa al Ipross sigue demorándose? ¿Y si la investigación naufraga como tantas otras sobre delitos contra el Estado?

Estaríamos ante una obra social con serios indicios de haber sufrido perjuicios millonarios y al mismo tiempo enfrentando juicios por lucro cesante de prestadores excluidos en forma irregular.

El Estado bobo en su máxima expresión.


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El Ipross, una obra social con polémicas “preventivas”