El juez más famoso
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene buenos motivos para defender al juez federal más notorio del país, Norberto Oyarbide, de los ataques de sus muchos críticos que se han intensificado últimamente al hacer gala del hombre de su lealtad para con el oficialismo actual. Además de aprobar la forma expeditiva en que Oyarbide siempre ha manejado causas sensibles, como las derivadas de la evolución impresionante del patrimonio de los Kirchner o de los métodos heterodoxos empleados por la empresa constructora de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a la presidenta le conviene que el magistrado más emblemático de los tiempos que corren sea un personaje tan controvertido, para no decir escandaloso, que su mera presencia sirve para desprestigiar el Poder Judicial, colaborando de tal modo con el gobierno kirchnerista que se ha propuesto “democratizarlo”. Desde el punto de vista de los kirchneristas, es positivo que haya jueces cuya conducta hace más convincente su campaña para que la ciudadanía comparta su desprecio por “la familia judicial”, aun cuando sea cuestión de uno que nunca ha vacilado en ayudarlos. Por lo demás, nadie ignora que Oyarbide está en condiciones de perjudicar mucho al oficialismo; merced a su larga experiencia en las proximidades del gobierno kirchnerista, poseerá información suficiente como para ocasionarles muchas dificultades si a Cristina se le ocurriera “soltarle la mano”. Pues bien: hace algunos días, Oyarbide se las arregló para regresar al centro del escenario político cuando afirmó, con orgullo aparente, que el 19 de diciembre pasado suspendió el allanamiento de una financiera sospechada de irregularidades luego de recibir una llamada telefónica de un alto funcionario de la Secretaría de Legal y Técnica, la repartición de Carlos Zannini, el asesor principal de Cristina. En opinión del juez, era perfectamente normal hacerlo después de que una fuente gubernamental tan “confiable” le advirtiera que dos policías que participaban en el operativo pedían al dueño de la empresa una coima de 300.000 dólares. En opinión de quienes aún toman en serio la división de poderes que supuestamente rige en el país, en cambio, Oyarbide actuó como si la Argentina fuera una dictadura, violando descaradamente los principios constitucionales más básicos, al subordinarse de manera tan servil al Poder Ejecutivo. Como muchos han señalado, de funcionar debidamente las instituciones, la carrera judicial de Oyarbide hubiera alcanzado su fin hace varios años, pero pocos realmente creen que en esta oportunidad el gobierno se resignaría a dejar ir a un magistrado que le ha brindado tantos servicios útiles. Se prevé, pues, que, al tratar el tema la semana que viene, el Consejo de la Magistratura asuma una postura benévola hacia el juez a pesar de las oposición de los integrantes no kirchneristas de dicho organismo. Después de todo, si decidiera destituirlo, no sólo los adversarios de Cristina sino también sus partidarios lo interpretarían como un síntoma de debilidad, lo que haría todavía más incómoda la situación en que se encuentra el gobierno. Para complicar todavía más el embrollo provocado por la voluntad del juez de obedecer automáticamente órdenes procedentes de la Casa Rosada, el jefe policial acusado de pedir aquellos 300.000 dólares a la financiera Propyme dice que el dueño de la empresa le aseguró que Zannini era su “socio”, versión que el financista jura que es totalmente falsa. Sea como fuere, es lógico que la intervención de un funcionario de Legal y Técnica haya hecho pensar que Zannini –cuyas acciones están en baja, según los presuntamente enterados de las vicisitudes de la interna kirchnerista– frenó una investigación que podría haberle causado problemas, de tal forma desvirtuándola al brindar a los sospechosos tiempo más que suficiente en que ocultar las eventuales pruebas que la Justicia había buscado, y que Oyarbide optó por hacer pública la información con el propósito de enviar un mensaje nada amistoso a un gobierno que está batiéndose en retirada. Puesto que el juez dista de ser el único personaje vinculado con el kirchnerismo que esperará ahorrarse disgustos cuando otra agrupación esté en el poder, es de suponer que en los próximos meses proliferarán los mensajes cifrados de tal tipo, lo que, huelga decirlo, hará aún más bochornoso el clima sociopolítico imperante en el país.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Martes 24 de septiembre de 2013
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene buenos motivos para defender al juez federal más notorio del país, Norberto Oyarbide, de los ataques de sus muchos críticos que se han intensificado últimamente al hacer gala del hombre de su lealtad para con el oficialismo actual. Además de aprobar la forma expeditiva en que Oyarbide siempre ha manejado causas sensibles, como las derivadas de la evolución impresionante del patrimonio de los Kirchner o de los métodos heterodoxos empleados por la empresa constructora de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a la presidenta le conviene que el magistrado más emblemático de los tiempos que corren sea un personaje tan controvertido, para no decir escandaloso, que su mera presencia sirve para desprestigiar el Poder Judicial, colaborando de tal modo con el gobierno kirchnerista que se ha propuesto “democratizarlo”. Desde el punto de vista de los kirchneristas, es positivo que haya jueces cuya conducta hace más convincente su campaña para que la ciudadanía comparta su desprecio por “la familia judicial”, aun cuando sea cuestión de uno que nunca ha vacilado en ayudarlos. Por lo demás, nadie ignora que Oyarbide está en condiciones de perjudicar mucho al oficialismo; merced a su larga experiencia en las proximidades del gobierno kirchnerista, poseerá información suficiente como para ocasionarles muchas dificultades si a Cristina se le ocurriera “soltarle la mano”. Pues bien: hace algunos días, Oyarbide se las arregló para regresar al centro del escenario político cuando afirmó, con orgullo aparente, que el 19 de diciembre pasado suspendió el allanamiento de una financiera sospechada de irregularidades luego de recibir una llamada telefónica de un alto funcionario de la Secretaría de Legal y Técnica, la repartición de Carlos Zannini, el asesor principal de Cristina. En opinión del juez, era perfectamente normal hacerlo después de que una fuente gubernamental tan “confiable” le advirtiera que dos policías que participaban en el operativo pedían al dueño de la empresa una coima de 300.000 dólares. En opinión de quienes aún toman en serio la división de poderes que supuestamente rige en el país, en cambio, Oyarbide actuó como si la Argentina fuera una dictadura, violando descaradamente los principios constitucionales más básicos, al subordinarse de manera tan servil al Poder Ejecutivo. Como muchos han señalado, de funcionar debidamente las instituciones, la carrera judicial de Oyarbide hubiera alcanzado su fin hace varios años, pero pocos realmente creen que en esta oportunidad el gobierno se resignaría a dejar ir a un magistrado que le ha brindado tantos servicios útiles. Se prevé, pues, que, al tratar el tema la semana que viene, el Consejo de la Magistratura asuma una postura benévola hacia el juez a pesar de las oposición de los integrantes no kirchneristas de dicho organismo. Después de todo, si decidiera destituirlo, no sólo los adversarios de Cristina sino también sus partidarios lo interpretarían como un síntoma de debilidad, lo que haría todavía más incómoda la situación en que se encuentra el gobierno. Para complicar todavía más el embrollo provocado por la voluntad del juez de obedecer automáticamente órdenes procedentes de la Casa Rosada, el jefe policial acusado de pedir aquellos 300.000 dólares a la financiera Propyme dice que el dueño de la empresa le aseguró que Zannini era su “socio”, versión que el financista jura que es totalmente falsa. Sea como fuere, es lógico que la intervención de un funcionario de Legal y Técnica haya hecho pensar que Zannini –cuyas acciones están en baja, según los presuntamente enterados de las vicisitudes de la interna kirchnerista– frenó una investigación que podría haberle causado problemas, de tal forma desvirtuándola al brindar a los sospechosos tiempo más que suficiente en que ocultar las eventuales pruebas que la Justicia había buscado, y que Oyarbide optó por hacer pública la información con el propósito de enviar un mensaje nada amistoso a un gobierno que está batiéndose en retirada. Puesto que el juez dista de ser el único personaje vinculado con el kirchnerismo que esperará ahorrarse disgustos cuando otra agrupación esté en el poder, es de suponer que en los próximos meses proliferarán los mensajes cifrados de tal tipo, lo que, huelga decirlo, hará aún más bochornoso el clima sociopolítico imperante en el país.
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