El lobby contra la Ley de Etiquetado Frontal

Aunque diputados de varios sectores habían llegado a un consenso, la ley quedó en riesgo de perder estado parlamentario.





Ignacio Porras es Licenciado en Nutrición (MN 7270), nació en Santa Rosa, La Pampa, y se trasladó a estudiar la Licenciatura en Nutrición a Mar del Plata. Desde allí trabaja, investiga y promociona la salud para que esté al alcance de toda la población. Es director ejecutivo de Fundación SANAR (Sociedad Argentina de Nutrición y Alimentos Reales), una organización libre de conflictos de interés con la industria alimentaria y farmacéutica, que busca promover una alimentación adecuada e incidir en políticas públicas de la salud. Desde ahí también se divulga evidencia científica, y actualmente tienen agenda de salud, ambiente y género. El Licenciado Porras es, a su vez, consultor de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentable.


P – ¿Cuáles son las razones y evidencias científicas que hacen necesario tener la Ley de Etiquetado Frontal en nuestro país?
R –
Tenemos evidencias científicas y estadísticas con encuestas nacionales. La importancia radica en que no sabemos lo que comemos. Podemos afirmar esto porque sólo el 13% de la población argentina lee y comprende las etiquetas de los productos de góndola. El 26% las lee, pero solamente la mitad las comprende. Entonces ahí podemos preguntarnos, ¿cuánta libertad hay en esa elección? Si verdaderamente no estamos entendiendo qué es lo que estamos comprando…

El etiquetado frontal no sólo se apoya en eso, sino también en cómo las enfermedades crónicas no trasmisibles han llegado a ser la primera causa de muerte en este país.

De acuerdo a una encuesta de factores de riesgo publicada en octubre de 2019, mueren más de 686 personas por día por enfermedades crónicas no trasmisibles relacionadas a la alimentación, en Argentina. Entonces calculemos, estos 11 meses que la propuesta de Ley de Etiquetado pasó en Diputados cajoneada, estimamos más de 200 mil muertes. Y si vamos un poco más atrás, según datos de Indec del 2013, fallecían 640 personas, es decir que desde 2013, que es el último dato antes de esta encuesta de factores de riesgo, el impacto ha sido mayor. El consumo de estos productos que tienen exceso en nutrientes críticos, son los que se relacionan con el desarrollo de estas enfermedades que nos matan, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes tipo 2… El consumo de estos alimentos ha ido en aumento, al igual que su impacto.

Hay productos nacionales que salen con etiquetado al exterior.


Actualmente en Argentina consumimos 186 kilos de ultra procesados por habitante al año. Si lo contrastamos con alimentos naturales disponibles como por ejemplo las legumbres, son 700 gramos per cápita al año. ¿En qué sectores se ve que se consumen más ultra procesados? En la población infantil. En la encuesta nacional de nutrición y salud, se afirma que los niños y niñas consumen un 40% más de bebidas azucaradas, el doble de snacks y triple de pastelería. También se ve una marcada diferencia de consumo de estos productos de acuerdo al nivel de ingresos, determinando mayor consumo de estos productos en los hogares de menores ingresos. Es decir, ser pobre en Argentina te condiciona a comer mayor cantidad de ultra procesados, con exceso de nutrientes críticos, y por lo tanto es mayor la posibilidad de tener enfermedades crónicas no trasmisibles.

P – ¿Por qué se sostiene que al no dar el quórum en el Congreso se vulneró este derecho para toda la población?
R –
Creemos que al no dar quórum se vulneró el derecho a la alimentación por todos estos datos… Creo que no se puede esperar más, aquel martes 5 de octubre era una oportunidad para que el Estado empiece a tomar un rol importante y activo a través de esta política pública para la garantía de los derechos.

La alimentación adecuada viene dentro de la Ley. No trata solamente el etiquetado, sino que lo que se busca es atender a los grupos vulnerables con alimentos, no con productos ultra procesados, que es lo que sucede hoy. Si vamos a Precios Cuidados, a Súper Cerca, o a los bolsones que reparte Nación, provincia o los distintos municipios; tienen una participación muy alta de productos de muy baja calidad nutricional. Si vamos al ejemplo de Súper Cerca, el 50% de los productos elegidos para ese listado de alimentos a los cuales se les va a proteger el precio tendrían al menos un sello de exceso. Eso habla de que el abanico de alimentos que se le acerca a la población a través de la asistencia alimentaria, o de políticas económicas, no tiene que ver con alimentos sino con productos comestibles.

Si uno quiere una población sana, no tiene que llenar panzas sino nutrir cuerpos. En esa diferencia es donde radica, y esta Ley viene un poco a impedirle al Estado que, en sus programas de asistencia alimentaria, pueda elegir alimentos con sellos. Obviamente tendrá que elegir alimentos naturales, de perfil más saludables. Esta es la forma de evitar que la condición económica siga siendo un motivo por el cual las personas se enferman.


P – ¿Qué hay detrás de la imposibilidad de avanzar en la Ley? ¿Hay un poder corporativo o simplemente especulaciones políticas?
R –
Lo que hay es un fuerte lobby de la industria alimentaria. Hay un trabajo muy poderoso que hacen. Argentina no es el único caso a nivel mundial, esto se pudo ver en casi todos los países donde se quiso avanzar con políticas de regulación sobre lo que se come. Hay una serie de estudios, uno muy conocido de Melissa Mialon, que narra las estrategias de interferencia de la industria alimentaria en el desarrollo e implementación de políticas públicas. Y el lobby es el método indirecto de gestión en la política. Hay también métodos más directos, como las “puertas giratorias”, es decir, encontrar en el Estado expresidentes de azucareras, por ejemplo. También la cooptación de medios o de profesionales, o el enfrentamiento entre ellos. Esto va a generar un sesgo por confianza, va a hacer que una parte de la población escuche al profesional rentado por la industria alimentaria para dar mensajes favorables a ellos, sin presentar evidencia científica y armando una narrativa que va calando.

Dentro de los lobbies más fuerte, está el de la cámara de bebidas azucaradas, el de los ingenios azucareros o el de la cámara láctea. La industria láctea está haciendo un lobby terrible, muy fuerte. Nos ha tocado desmentir, armar documentos en función a las falacias que enviaban por mail a decisores políticos, buscando confundir, sin citar ni siquiera evidencia. ¿Por qué tanto lobby? Porque va a ser la industria desenmascarada después de esta Ley. Los yogures se promocionan como alimentos saludables, y la mayoría son yogures golosinados. Quiere decir que esconden hasta 8 cucharadas de azúcar por pote. Es un montón, sobre todo si sabemos que seis cucharadas de azúcar por día es lo que se recomienda como máximo a un adulto.


P – En otros países con la Ley, ¿se vio afectada la industria?
R –
No se vio modificada la industria alimentaria. Lo que hubo fue una redirección del consumo. Es decir, la gente no deja de comprar: cambia a productos con menos sellos. Ninguna industria, ninguna empresa tiene solo una cartera integrada por productos de baja calidad nutricional. Ese viraje lo demostró científicamente Chile. Las industrias no pierden, porque incluso en la fase de reformulación terminan haciendo un marketing más poderoso, diferenciador de las que no se quieren reformular. Ahí es donde se ve marcada la diferencia. En ese informe de Chile también se afirma que no hay pérdidas laborales: las empresas que se quieren reformular necesitan mayor personal. No hay nada que diga que esto sería un problema para la industria, más que la incomodidad de ser puestos bajo la lupa.

También es importante entender que estas empresas que se niegan a darnos información en Argentina, ya le están proveyendo esa información a otros países. Conocemos el caso de Havanna, que exporta y los alfajores de acá salen con tres sellos. Arcor también exporta y a cada país que envía, ya sea Chile, Uruguay, Brasil, México o Perú, les cambian el etiquetado porque son países que tienen un etiquetado frontal y Arcor lo adecúa. En Perú sacó las frutas de los paquetes porque prohíbe que haya dibujos de fruta, si no tienen fruta natural los productos. Entonces, creo que lo que es inaudito es ¿por qué empresas argentinas no dicen a los argentinos algo que sí le cuentan al mundo?

Por Victoria Rodríguez Rey.-


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