El magistrado Macome

El magistrado neuquino Fernando Regino Macome es uno de tantos militantes del olvido en este país. Está entre quienes creen que el paso del tiempo entierra la memoria a tanta profundidad que ni siquiera las bombas capaces de penetrar 30 metros bajo la superficie -que arrojan los bombarderos estadounidenses en Afganistán en busca de Ben Laden- podrían recobrarla.

El magistrado Macome, empeñado en defender un privilegio jubilatorio, escribió anteayer en esta misma sección, como para cerrar triunfalmente un alegato de honestidad y a propósito de su pertenencia de 18 años al Tribunal Superior de Justicia, que se siente «orgulloso de integrar este cuerpo que absolutamente siempre ha dado sobradas muestras de la independencia existente con los otros poderes del Estado».

Así, magistralmente, finaliza la nota. De las «sobradas muestras» Macome exhibe «tres casos jurisdiccionales» que -dice- fueron comentados en este diario el 6 de noviembre último».

¿Absolutamente siempre? Parece excesivo, porque hay otras «sobradas muestras» de que durante los gobiernos de Felipe Sapag y Pedro Salvatori, entre 1985 y 1991, el TSJ funcionó como si fuera una oficina judicial del Poder Ejecutivo.

Es difícil saber si Macome cree que los demás han olvidado el bochorno que esta columna se propone recordar, o si también él está entre los desmemoriados. Como quiera que sea, en lugar de las bombas están los archivos, que muchas veces, por sus revelaciones, suelen tener el efecto de una bomba.

En los archivos de este diario se guarda la lamentable historia de cómo, a mediados de 1985, el oficialismo emepenista de entonces, encabezado y regimentado por Felipe Sapag, puso a sus pies al TSJ.

Por entonces tenía estado público un pleito por una denominada «chacra 4» entre particulares y el municipio de San Martín de los Andes. A iniciativa del Poder Ejecutivo la Legislatura sancionó la ley 1.575, que daba intervención a la Fiscalía de Estado, a la sazón a cargo de Federico Rúa, en todos aquellos litigios en que el Estado, provincial o municipal, fuera parte.

El TSJ, presidido ese año por Helvecio Barba, declaró inconstitucional la ley, y Barba dio a conocer la sentencia a los tribunales inferiores mediante una circular.

De inmediato un grupo de vecinos de San Martín de los Andes pidió a la Legislatura que Barba fuera sometido a juicio político. Cuando el cuerpo, con mayoría absoluta emepenista, estaba iniciando el trámite, los demás vocales -Mateo Fabani, Arturo González Taboada, Héctor Olcese y Luis Emilio Silva Zambrano- renunciaron ante la Legislatura «en solidaridad» con Barba. Lo propio hicieron el fiscal, Fernando Macome, y el defensor, Carlos Muller. Barba también renunció.

Como se preveía, todas las renuncias fueron aceptadas, pero la sorpresa en medios forenses y políticos fue mayúscula cuando se advirtió que a la cabeza de una de las ternas enviadas por el Ejecutivo a la Legislatura para cubrir las vacantes resplandecía el nombre de Fabani. El espíritu solidario se había agotado en 48 horas.

La oposición protestó airadamente, y lo propio hizo el Colegio de Abogados, presidido por Prudencio Ceballos. Pero nada pudo impedir que tanto Fabani como quienes ocupaban el primer lugar en las otras dos ternas, el subsecretario de Gobierno Jorge García Osella y Martín Elustondo -estos dos señalados por Oscar Parrilli como militantes emepenistas- fueran nombrados por la Legislatura. También volvió González Taboada, aunque su regreso pasó por un escalón previo, que fue uno de los dos tribunales penales creados después.

Macome aplicó en la contingencia lo que suele llamarse el «bajo perfil». No tan bajo, sin embargo, como para que el Colegio dejara de advertir, en tono crítico, que no había insistido en su renuncia después de que la Legislatura se la rechazara.

El 9 de octubre de 1985 este diario publicó, en lugar destacado, la crónica del juramento de los tres nuevos (Fabani no tan nuevo) vocales del TSJ. «Resta por conocer -decía el texto- los nombres que propondrá el Poder Ejecutivo para cubrir las dos vacantes que aún existen en el alto cuerpo».

Como no había un solo vocal que tomara el juramento, subrogó en la presidencia a ese fin el fiscal Macome, quien, al término de la ceremonia, felicitó al reingresado Fabani y a los ingresados García Osella y Elustondo.

Las vacantes fueron cubiertas en 1986. El primer agraciado fue -adivinen- Macome. Luego, Aidée Vázquez.

Como todo el mundo quedó curado de espanto, nada que haya pasado posteriormente en el TSJ -como por ejemplo el enfrentamiento entre Vázquez e Iribarne- pudo sorprender a nadie. No sorprenderá, por lo tanto, que si Macome alcanza su ansiada jubilación extraordinaria, el MPN le agradezca los importantes y patrióticos servicios prestados. Será justicia.