El malestar de los postergados

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Luego de permitir el gobierno que transcurriera más de una semana con la esperanza de que los manifestantes uniformados terminaran entendiendo que les convendría deponer su actitud, por fin se levantó la protesta de los prefectos navales y gendarmes que, entre otras cosas, había obligado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a adelantar su regreso desde Lima, pero las repercusiones del virtual amotinamiento de las fuerzas de seguridad seguirán haciéndose sentir por mucho tiempo más ya que, según el gobierno mismo, no es posible pagarles el salario mínimo de 7.000 pesos mensuales que reclaman. Si bien a juicio de muchos se trata de un monto razonable en vista de las tareas ingratas y a menudo muy peligrosas que tienen que desempeñar los efectivos, parecería que, a pesar del supuesto éxito del “modelo” económico kirchnerista, el gobierno no cuenta con los fondos suficientes aunque, como no tardaron en señalar distintos voceros opositores, la falta de dinero así supuesta no le ha impedido invertir muchos millones de pesos en Fútbol para Todos y en su creciente imperio propagandístico, además de subsidios para Aerolíneas Argentinas, los ferrocarriles y otros servicios públicos. De todos modos, puesto que los prefectos y gendarmes saben muy bien que el gobierno maneja el dinero aportado por los contribuyentes según criterios netamente políticos, beneficiando sistemáticamente a sus partidarios y castigando a quienes no lo son, es natural que se hayan sentido injustamente postergados. Por ser cuestión de fuerzas de seguridad que el gobierno suele usar en situaciones de emergencia, en reemplazo de la policía que supone es congénitamente corrupta, la ruptura que se ha producido podría tener consecuencias desafortunadas. También ha de motivar preocupación el impacto de las protestas en la cadena de mandos. Por cierto, la purga drástica de las cúpulas que ordenó la ministra de Seguridad, Nilda Garré, no habrá contribuido a restaurar la disciplina. Al acusarlas de ser en efecto las responsables del desaguisado caótico que según parece es característico de los sistemas salariales de todas las reparticiones políticas, la ministra ha ayudado a hacer aún más tóxico que antes el clima imperante en la Prefectura Naval y en la Gendarmería que, desde luego, no podrán funcionar como es debido a menos que los efectivos rasos confíen en los suboficiales y éstos, en los jefes. Mal que le pese a un gobierno que en su propio ámbito está acostumbrado a aplicar de manera férrea el principio de autoridad pero que en otros propende a denigrarlo, como si a su juicio fuera un resabio del Proceso militar, cuando de organizaciones como la Prefectura Naval y la Gendarmería se trata, es necesario respetarlo a rajatabla ya que, en caso contrario, podrían degenerar en bandas armadas. Además de merecer la ira de los prefectos y gendarmes, el gobierno de Cristina se las ha arreglado para llamar la atención sobre su propio desprecio por la legalidad. Sucede que, desde hace muchos años, está en negro la mayor parte de los sueldos de los uniformados y también de otros empleados públicos, una aberración que el oficialismo, que está en el poder desde hace más de nueve años, atribuye a la mala praxis de los menemistas de la década de los noventa. Por lo demás, el esquema que se ha improvisado se ha hecho tan absurdamente complicado que ha provocado un sinnúmero de conflictos internos entre los efectivos que consiguen mejoras y quienes, por razones difícilmente explicables, tienen que conformarse con sueldos decididamente inferiores. Y, lo que es peor todavía desde el punto de vista oficial, se ha hecho rutinario que los gendarmes recurran a la Justicia para que, a través de fallos judiciales y medidas cautelares, logre que las autoridades les paguen lo legalmente debido, modalidad que denunciaron como si fuera una estafa mafiosa perpetrada por abogados y jueces inescrupulosos de “la industria del juicio” el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Huelga decir que tal “industria” no existiría si no fuera por la impericia de las autoridades gubernamentales y por la brecha cada vez más ancha que se da entre el país formal reivindicado por los jueces y el país real en el que importan mucho más los arreglos personales.