El marco de un cuadro vacío

Los delitos contra la administración pública y la Justicia argentina son el agua y el aceite: es casi imposible juntarlos. Apenas un puñado de causas terminaron en condenas. Las fallas en la investigación y las intromisiones extrapoderes en los expedientes son apenas algunos de los condimentos que ponen en ridículo el pretendido estatus de pulcritud que el mainstream judicial se adjudica. El sistema neuquino no es ajeno a estas imperfecciones de las que se nutren los tribunales.

El reelecto gobernador Omar Gutiérrez, en plena campaña, lanzó una frase que descolocó a más de uno: “En mi gestión no tuvimos una sola denuncia por corrupción”. El orgullo del mandatario, si se lo descontextualiza, pareció extemporáneo o injustificado ya que para un funcionario público no debería ser un atributo no cometer un ilícito, debería ser la regla. Para ser justos, las palabras de Gutiérrez fueron parte de una respuesta por elevación a los dichos de un candidato surgido del MPN.

Ciertamente la palabra corrupción hace algunos años que no forma parte del diccionario cotidiano de los neuquinos. Pero la aparición reciente de un caso que parece sacado del realismo mágico puso a todo el arco político a mirar de reojo con algo de nerviosismo.

Esta semana se conoció que la fiscal federal Cristina Beute pidió el pase a la Justicia provincial de la causa iniciada por la concejal Karina Montecinos (CC-ARI) quien presentó un par de videos, que le habrían llegado en forma anónima, donde se ve a un vecino neuquino contando presuntos fajos de dólares y otras monedas extranjeras y asegurando que todo pertenecía a Ricardo Esquivel, exfuncionario de Ambiente en el gobierno de Jorge Sapag.

Beute entendió, con buen tino, que contar billetes frente a una cámara no constituye un delito federal. Pero también reconoció que tras las imágenes y la declaración del involucrado pueden existir otros delitos que le corresponderán a la Justicia provincial investigarlos o no. Una de las personas que aparece en los videos, hijo de un reconocido empresario neuquino, declaró ante la fiscalía y repitió casi todo lo que se pudo ver en las imágenes.

Sin embargo, hubo algunas variaciones. La estimación del monto que presuntamente encontró, que pasó de 700.000 a 600.000 dólares alimentando las versiones de pasillos que se generaron alrededor del hecho, y el contenido de un cuadro. En las imágenes viralizadas el involucrado aseguraba que junto al dinero había un cuadro con una imagen “de Sapag” a la que no le agregó nombre de pila ni alguna otra precisión. En la declaración posterior el contenido se desvaneció y terminó como un “marco de cuadro vacío”.

Más allá de las dudas decorativas surgen otros interrogantes que podrían caer en el abismo de las competencias judiciales.

Esquivel le reconoció a “Río Negro” que tenía pertenencias en la baulera de la persona que lo señala en los videos, pero negó desde el principio la existencia de dinero. Pese a que se trató de una declaración pública esa vinculación no alcanzó méritos para convertirse en una convocatoria testimonial. El exfuncionario, más que cualquiera, estaría interesado en despejar las dudas sobre su honestidad.

Si el dinero, como dice el protagonista de los videos, existió y no es de Esquivel, ¿de quién es? La suma es lo suficientemente significativa como para estar en cajas fuera de alcance para el control fiscal.

Pero también a la inversa: si el monto no existió o no se trataba de dinero de curso legal, por qué se involucra a un exfuncionario y por qué aparece meses después de ser grabado -las imágenes fueron tomadas en agosto de 2018- y en medio de una veda electoral. En definitiva, ¿quién lo impulsó?

Quizás algunas de las respuestas a los interrogantes planteados exceden la responsabilidad del Poder Judicial, cualquiera sea su fuero, pero en estos casos un exceso de responsabilidad ayudaría a echar algo más de luz y evitar que los cuadros se vacíen.