Vicentin: una presa codiciada por el kirchnerismo

La estatización de la cerealera Vicentin está en marcha. Un relato patriótico oficial de los acontecimientos justificará este nuevo avance sobre la propiedad privada. La firma exporta alrededor de 3.000 millones de dólares por año.

Redacción

Por Redacción

La intervención y expropiación de la empresa cerealera Vicentin inaugura una nueva etapa en la vida económica argentina: la del Estado intentando controlar el mercado agrícola en el país.

No es un detalle menor. Para el kirchnerismo -ideólogo del proyecto- es una revancha de la guerra contra el campo que se desató allá por marzo de 2008 cuando la presidenta Cristina Fernández no pudo avanzar con “La Resolución 125” que buscaba imponer retenciones móviles a la exportación de soja.

Tal como se hizo oportunamente con la empresa YPF, un relato patriótico de los acontecimientos justificará este nuevo avance sobre la propiedad privada. El puntapié inicial lo dio ayer el mismo presidente y su gabinete: “Será una empresa de utilidad pública»; “Con esta medida estamos defendiendo la soberanía alimentaria”. Frases que nos transportan a las peores épocas de los setenta y nos proyectan hacia un modelo que ya fracasó en todo el mundo.

Vicentin es una empresa alimenticia que mueve anualmente poco más de 3.000 millones de dólares por exportaciones. Divisas que el Gobierno está ávido de controlar teniendo en cuenta la escasez de moneda extranjera que hoy existe en la economía argentina.     

Con esta nueva estatización, el Gobierno marca la cancha al sector agropecuario, algo que sin lugar a duda aumenta la libido del peronismo más reaccionario dentro de la administración de Alberto Fernández. Sin embargo, como en toda decisión de esta naturaleza, aparecen efectos indeseables para el país.

El primero de ellos es la mirada del mercado ante el avance del Estado en una de las pocas actividades altamente competitivas que tiene la Argentina. La medida no será inocua en la decisión de los futuros fondos que año tras año apuestan a este importante sector de la economía nacional. ¿Quién va a venir al país a invertir con un Estado controlando el mercado con precios predefinidos?

«Yo aprendí de ‘La 125’ que cuando uno va por todo corre el riesgo de quedarse sin nada»

Alberto Fernández, junio 2018

En segundo término, estatizar la empresa Vicentin conllevará a trasladar a todos los contribuyentes la abrumadora deuda financiera que tiene hoy la cerealera, a lo que hay que sumar el reclamo de sus accionistas frente a los que consideran un atropello sobre la propiedad. Para la política, con plata de terceros, siempre es más fácil hacer negocios. Recordemos que Vicentin estaba llevando adelante su concurso preventivo y la Justicia es la que tiene la potestad de colocar el interventor en la empresa. Hay que ver como se termina zanjando este posible conflicto de Poderes.

El tercer punto, que genera también cierta incertidumbre, se traslada el ministerio de Economía. Los mensajes que da la Argentina a sus acreedores terminan siendo contradictorios. En medio de la negociación por la reestructuración de la deuda externa y con el ministro Guzmán que no se cansa de repetir que el Estado no tiene un dólar más para ofrecer a sus acreedores, el Gobierno sale a hacerse cargo de una empresa que, según especialistas, necesita más de 1.800 millones de dólares por año solo para mantener su capitalización en el negocio.  

El presidente Alberto Fernández acaba de dar un paso arriesgado. No toda la dirigencia política está de acuerdo con esta decisión. La pulseada por la expropiación de la cerealera Vicentin se dirimirá en poco tiempo más en el Congreso Nacional, el mismo recinto donde terminó sepultada “La 125”.


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