El MPN confía en un acuerdo para el contrato de CALF

El oficialismo busca avanzar con la aprobación del marco regulatorio del servicio. El tema no llegará al recinto antes del 22 de octubre. Hoy no tiene los votos.

Las oficinas de la distribuidora permanecerán cerradas para apoyar las medidas del Municipio que busca reducir la circulación.

Las oficinas de la distribuidora permanecerán cerradas para apoyar las medidas del Municipio que busca reducir la circulación.

El oficialismo del MPN buscará que se vote el marco regulatorio eléctrico de la ciudad para destrabar la firma del contrato de concesión con CALF que hace tres meses está en debate.

La agenda legislativa no permitirá que la votación sea antes del 22 de octubre, cuando se llevará a cabo la próxima sesión del Deliberante. Para la reunión legislativa de mañana, aún no está firmado el despacho.

“Hubo un consenso verbal que tenemos que transformar en escrito”, dijo el presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini.

El MPN necesita 12 de 18 votos para que se apruebe el contrato de CALF y el marco regulatorio. Pero lo cierto es que no los tiene. En las últimas tres comisiones donde se puso en debate el proyecto, tras la presentación del equipo de energía del intendente Mariano Gaido, y el de ingenieros de CALF de la gestión de Carlos Ciapponi, la oposición logró sumar a las cámaras empresariales en sus críticas a la nueva modalidad tarifaria prevista.

Sguazzini dijo que el MPN buscará consensos para mejorar la presentación que hizo el Ejecutivo sobre las nuevas condiciones contractuales para los próximos 20 años del servicio, siempre que las modificaciones no socaven la “esencia” del planteo elevado por el municipio.

El negociador político del MPN en el Deliberante recordó que hasta ahora “ningún contrato enviado por el Ejecutivo se aprobó a foja cero, siempre hubo una construcción de consenso” en tanto aseguró que continuará con este perfil “siempre que no se desnaturalice el objetivo, por que hay un diseño de base” que no están dispuestos a torcer por intereses sectoriales y que tiene como sustento el mecanismo de la tarifa plana.

“En lo que respecta al marco regulatorio, existen grandes puntos en común; las disidencias están en el contrato. Hay un consenso generalizado de autorizar los 20 años de licitación con la prórroga de 5 y, posiblemente, la implementación de un ente regulador, así es que estamos trabajando en esto último, en el marco regulatorio”, dijo Sguazzini.

Agregó que no se incluiría la creación de un ente regulador de servicios eléctricos en el marco regulatorio, pero se trabaja en “una redacción actualizada, y en el caso de que en un futuro se defina tener un ente regulador, el marco regulatorio no quede obsoleto sino comprendido” por las nuevas reglas.

“Necesitamos tener una proyección a futuro de un cuadro tarifario más simple, sencillo, sin tantas categorías, e incorporar a la visión de una ciudad sostenible”, puntualizó Sguazzini en referencia a que buscarán que el marco regulatorio contemple “el espíritu” de la modificación a tarifa plana que se está buscando para el nuevo contrato.

CALF no tiene contrato desde agosto de 2017 porque no logró acordar con la gestión de Cambiemos hasta el final de su mandato.

Existe incluso un reclamo administrativo millonario contra el municipio por la discrecionalidad de aplicación, tres meses más tarde, de la actualización del cuadro de tarifas que propuso la cooperativa cuando aplicó acuerdos salariales y la suba del precio de la energía, que avaló la secretaría de Energía a partir de 2018.

Necesitamos tener una proyección a futuro de un cuadro tarifario más simple, sencillo, sin tantas categorías, e incorporar a la visión de una ciudad sostenible".

Atilio Sguazzini, presidente bloque MPN.

Parte de las mismas críticas que generaron el continuo desacuerdo entre la gestión del exintendente Horacio Quiroga se replican en la actual discusión: los gastos de administración del Consejo Directivo de la cooperativa, el tema asentamientos y las pérdidas por la fuga energética, el ajuste de personal y de sueldos, que deslizó en sus informes la consultora Deloitte SA.

Los planteos contrarios al nuevo contrato de concesión del ala opositora agregaron (con la adhesión de cámaras empresarias de Comercio, Hoteles y Gastronómicos) el cuestionamiento de la estructura tarifaria favorable al usuario residencial. Según las cámaras empresarias, les traería consumos caros, en más de un 70% para el mediano y gran empresario de Neuquén.

En números

12
adhesiones necesita el oficialismo para aprobar el marco regulatorio y el contrato de concesión.
$1.000
millones son los que le reclama CALF al Municipio por bloquear, en la pasada gestión, una actualización de tarifas.

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