El municipio de Bariloche debe pagarle al defensor del Pueblo destituido en 2012
La Justicia rechazó la apelación de la comuna y ratificó que Vicente Mazzaglia debe ser resarcido. También descartó la objeción del exfuncionario por el monto que consideró bajo.
Vicente Mazzaglia fue defensor del Pueblo de Bariloche, denunciado por maltrato laboral y violencia de género. Archivo
Los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativa de Bariloche Carlos Cuellar, Emilio Riat y Juan Lagomarsino rechazaron por unanimidad los recursos de apelación que había presentado la Municipalidad y el exdefensor del Pueblo Vicente Mazzaglia.
La Cámara confirmó la sentencia que el juez civil de primera instancia de esta ciudad Santiago Morán dictó el 3 de febrero del año pasado, cuando admitió la demanda por daños y perjuicios que Mazzaglia había presentado contra la Municipalidad.
Morán condenó al Municipio a abonar al exfuncionario 1.046.000 pesos, en concepto de capital, más los intereses que se devenguen desde que fue suspendido en 2012 en el cargo de Defensor del Pueblo municipal hasta el efectivo pago. Por eso, el monto se incrementa notablemente. Además, le impuso a la Municipalidad el pago de las costas del proceso que suman más de 1,4 millón de pesos.
Morán condenó al Municipio a reparar los daños y perjuicios sufridos por Mazzaglia, “cuando fuera desplazado del ejercicio de su cargo de Defensor del Pueblo, sin haberse cumplido con el procedimiento de la revocación del mandato, ni habérsele dado intervención a los efectos de respetar su derecho a ser oído”.
La Cámara de Apelaciones dictó el 17 de mayo último el fallo. La Municipalidad impugnaba la sentencia de Morán por falta de fundamentación. Entendía que no bastaba con que el juez hubiera invocado la sentencia del STJ que declaró inconstitucionales las ordenanzas que suspendieron a Mazzaglia, en base a una denuncia efectuada contra él por maltrato laboral y violencia de género.
Lagomarsino, Riat y Cuellar recordaron que el STJ decretó la inconstitucionalidad de esas ordenanzas “por no haberle permitido el ejercicio de su derecho de defensa” al exdefensor del Pueblo. También, desestimaron la apelación de Mazzaglia que cuestionaba por bajo el importe establecido como daño moral.
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