El ocaso del camionero
Hace apenas un año se daba por descontado que el líder sindical Hugo Moyano era el “hombre más poderoso del país” y que a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no le quedaba más opción que seguir colmándolo de favores de todo tipo, pero desde entonces mucho ha cambiado. Por depender el poder exagerado atribuido al camionero en buena medida de la sensación de que el gobierno no se animaba a enfrentarlo y por lo tanto le daría todo cuanto pidiera, se redujo en cuanto la presidenta dejó de tratarlo como un interlocutor privilegiado. Para Moyano, la decisión de Cristina de minimizar la presencia de sus allegados en las listas electorales fue un revés doloroso que contribuyó mucho a desprestigiarlo entre los demás sindicalistas ya que sirvió para informarles que en verdad su influencia era más escasa de lo que habían supuesto. También lo ha perjudicado el que la presidenta no haya querido que los camioneros participen de forma demasiado visible en la campaña electoral porque sabe muy bien que los eventuales beneficios que le supondrían sus manifestaciones de fervor oficialista serian inferiores a los costos políticos. Además de ser conscientes de que la imagen pésima de Moyano incidía de manera negativa en su relación con la ciudadanía, un tema de suma importancia en un año electoral, Cristina y otros miembros del gobierno entienden que por razones económicas no les convendría en absoluto ceder demasiado a los sindicatos. Asimismo, les ha sido fácil aprovechar las divisiones que existen en la cúpula de la CGT: puesto que en cualquier momento Moyano podría encontrarse en graves dificultades legales por asuntos como los supuestos por la mafia de los medicamentos adulterados, el manejo de los fondos cuantiosos de las obras sociales que dependen de él o miembros de su familia y sus actividades como empresario, muchos dirigentes quisieran verlo reemplazado por un personaje menos problemático. Para hacer aún más vulnerable al camionero que se había creído un “aliado estratégico” imprescindible del kirchnerismo, no es ningún secreto que está en la mira de los militantes de La Cámpora que lo consideran un representante típico de la derecha peronista. Si bien Moyano no es totalmente inerme, su capacidad para conservar sus “conquistas” es limitada. De intentar contraatacar encabezando una ofensiva salarial, sería culpado por los estragos económicos resultantes y correría el riesgo de perder por completo la protección legal que aún le brinda su relación supuestamente estrecha con el gobierno. Por lo demás, no puede sino preocuparle el interés de sectores del kirchnerismo en reformar de manera radical el régimen de obras sociales con el propósito de privar a los sindicalistas del manejo de los miles de millones de dólares anuales que pasan por sus arcas. Aunque algunos sospechan que el motivo por el que el gobierno tiene los ojos puestos en el dinero de las obras sindicales tiene menos que ver con el deseo de asegurar que no se desvíe hacia las cuentas bancarias personales de ciertos dirigentes vitalicios que con la necesidad de rellenar la famosa caja, tal y como quiso hacer con las retenciones móviles y logró hacer con los fondos jubilatorios privados y parte de las reservas del Banco Central, con la excepción de los sindicalistas mismos pocos negarían que, en principio, una reforma integral del sistema sería muy positiva. Mientras tanto, la CGT procuró aprovechar las circunstancias electorales para reclamar que el salario mínimo fuera de 2.600 pesos mensuales, un aumento del 41,3% que, claro está, las agrupaciones empresariales insistieron sería absurdamente excesivo. Aunque el gobierno, comprometido como está con impulsar el consumo, estuvo a favor de un aumento mayor al preferido por el empresariado, cuyos voceros hablaron del 18%, era naturalmente reacio a reconocer que la tasa de inflación real es muy superior a la difundida por el Indec y por lo tanto se opuso a las pretensiones sindicales, de ahí la decisión de limitar el aumento al 25%. En esta puja como en otras el gobierno no ha querido dar la impresión de ceder ante las presiones sindicales, de suerte que el porcentaje resultante dependió tanto de su voluntad de continuar debilitando a Moyano como del temor a que la tasa de inflación que, si bien muy alta, se ha mantenido estable últimamente suba varios puntos más.
