El Gobierno busca reformar la Ley de Ética Pública para limitar el uso político de recursos del Estado
Desde el entorno del presidente Javier Milei explican que el proyecto apunta a establecer reglas más precisas sobre qué conductas están prohibidas dentro de la administración pública.
Milei busca reformar la Ley de Ética Pública.
El Gobierno nacional analiza impulsar una reforma de la Ley de Ética Pública con el objetivo de endurecer las restricciones sobre la actividad partidaria de los funcionarios y evitar el uso político de recursos estatales. La iniciativa se discute en la Casa Rosada y toma como referencia la normativa estadounidense conocida como Hatch Act.
Desde el entorno del presidente Javier Milei explican que el proyecto apunta a establecer reglas más precisas sobre qué conductas están prohibidas dentro de la administración pública, en especial en lo que respecta al uso de oficinas, teléfonos, vehículos oficiales y otros recursos del Estado para fines políticos.
Uno de los ejemplos que analizan es el de funcionarios que realicen llamados partidarios desde teléfonos oficiales o utilicen tiempo laboral para actividades de campaña, prácticas que buscan dejar expresamente reguladas.
Más controles y sanciones: la propuesta del Gobierno
La legislación vigente ya establece límites generales, pero la reforma buscaría avanzar hacia definiciones más concretas, incluyendo el uso de correos institucionales, redes sociales, teletrabajo, presión sobre subordinados y la organización de actividades partidarias desde el Estado.
Además, no se descarta incorporar cambios en los mecanismos de control y sanción, con posibles penalidades que podrían ir desde advertencias hasta la expulsión del cargo, siguiendo el modelo de la Hatch Act.
Otro punto clave en estudio es la protección de los empleados públicos frente a la coerción política, evitando que sean obligados a participar en campañas o realizar aportes partidarios.
Una iniciativa en evaluación
Aunque el proyecto aún no forma parte de la agenda inmediata, en el oficialismo reconocen que podría ser impulsado durante 2026, dentro de un paquete más amplio de reformas institucionales que el Ejecutivo planea enviar al Congreso.
La discusión se da en un contexto atravesado por investigaciones judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien volvió a recibir el respaldo del Presidente en la última reunión de Gabinete.
Desde el Gobierno aclaran que esta iniciativa no se superpone con otros proyectos, como la denominada “ley anticasta” o la propuesta de Ficha Limpia, sino que apunta específicamente a regular el comportamiento ético de los funcionarios y reforzar la separación entre gestión pública y actividad política.
Con información de TN.
El Gobierno nacional analiza impulsar una reforma de la Ley de Ética Pública con el objetivo de endurecer las restricciones sobre la actividad partidaria de los funcionarios y evitar el uso político de recursos estatales. La iniciativa se discute en la Casa Rosada y toma como referencia la normativa estadounidense conocida como Hatch Act.
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