El rol de jueces y fiscales en la dictadura está bajo la lupa de la Justicia

Les atribuyen no haber investigado las denuncias de víctimas y familiares, como una medida sistemática del fuero federal.

“El juzgado federal funcionó para garantizar la impunidad en 1976”, aseguró el abogado Marcelo Medrano, quien es querellante por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación en las causas por la represión ilegal de esa época.

Lo dijo en relación al tramo de las investigaciones que se realizan por “La Escuelita”, en la que se busca juzgar a partícipes del proceso que no fueron integrantes de las fuerzas armadas o de las policías federales o provinciales.

Dentro de las investigaciones por delitos de lesa humanidad la causa denominada “magistrados” continúa en indagatorias en el Juzgado Federal de Neuquén.

La investigación impulsada por la secretaría buscó visibilizar la participación de civiles en los hechos delictivos protagonizados por los militares en la dictadura.

Para Medrano el rol del entonces juez Pedro Duarte y del fiscal federal Víctor Ortiz fue garantizar la impunidad de los militares y grupos de tareas ante los secuestros, torturas y desapariciones denunciados por sus familiares; mientras se desalentaba a los que buscaban un auxilio judicial ante el accionar ilegal.

Hubo otros magistrados federales y provinciales imputados por la fiscalía en el requerimiento inicial, pero el juez Gustavo Villanueva continúa desde el 2015 con estas indagatorias y no ha producido los procesamientos o desvinculaciones.

“El rol de la Justicia federal fue dejar al ciudadano sin ningún tipo de garantías, no hubo a quién recurrir porque son parte del plan sistemático”, señaló el profesional.

“No se trata de un juez, sino de una actividad sistemática en la instancia federal donde los hábeas corpus y las denuncias por privaciones ilegítimas sólo tuvieron un trámite formal para garantizar la impunidad”.

Agregó que a algunas víctimas se le aplicó la ley terrorista, hubo negación de justicia por tratarse de perseguidos políticos, causas “armadas” para justificar la detención ilegal, y en muchos casos, el adicional del cobro de una tasa de justicia para los familiares de los desaparecidos a fin de desalentar nuevas presentaciones.

“Cuando se atienden más de 20 personas por secuestros en manos de grupos militares o de otras fuerzas y luego se dice que no sabía qué les pasaba, claramente es una falacia decir que no se sabía”, especificó.

Los juicios