El salario real perdió el 14% durante el último año

Dos fueron las noticias salientes en materia económica durante la semana que acaba de culminar.
Una fue la publicación de los datos referidos a la incidencia de la pobreza y la indigencia para el primer semestre del año. Los mismos dieron cuenta de que una de cada 3 personas en Argentina no reúnen los ingresos necesarios para atender sus necesidades básicas. El dato más crudo, fue aquel que señala que la mitad más dos de los niños en el país es pobre.
La otra, fue el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, que mediante un promedio de las mediciones privadas, estima que la inflación de septiembre será 5,8% y que el acumulado anual rondaría el 60%.
En ambos casos, no se trata de una novedad, sino más bien de una confirmación. Todos sabían en Argentina que la pobreza era alta. Pero es fuerte ver un dato oficial que lo confirma. En especial, porque el dato conocido esta semana no contempla el impacto de la devaluación y el rebrote de precios posterior a las elecciones primarias de agosto, lo que significa que las carencias de hoy son mayores que las que refleja la estadística oficial. Más fuerte aún, si el incremento de la postergación de millones de personas tiene lugar durante una gestión que se autoimpuso como única vara de éxito la reducción de la pobreza. Algo similar sucede en materia de precios. Es un hecho que el mandato de Mauricio Macri finalizará con una inflación que duplicará a la que recibió en 2015.
Entre ambos datos,existe un vaso comunicante que establece una relación directa, y es el poder adquisitivo de los ingresos en pesos. La estadística oficial en Argentina establece una Canasta Básica Total (CBT) que habitualmente se denomina “línea de pobreza” y una Canasta Básica Alimentaria” a la que se llama “línea de indigencia”. Todos los habitantes que no cuentan con ingresos iguales o mayores a la CBT se consideran pobres y los que no reunen el equivalente a la CBA, son indigentes.
El punto es que la CBT y la CBA se mueven al ritmo de la inflación, mientras que los salarios quedan progresivamente rezagados respecto al avance del nivel general de precios. Así, la cantidad de pobres, crece también de forma progresiva.

En este sentido, hay dos datos elocuentes de los que poco se habla, pero que al mismo tiempo explican con claridad la gravedad del escenario.
El primero es la inflación de alimentos. Tras la crisis de mediados de 2018, el precio promedio de los alimentos se movió a un ritmo mayor a la inflación general. El pico máximo se registró en abril de este año, cuando el IPC registró un acumulado anual de 55,8%, y la inflación de alimentos marcó 66,2%. Desde mayo, se inició una senda descendente, que se detuvo en el 58,1% de julio, para reiniciar un camino creciente con el 58,8% de agosto (ver infograma).
Los números muestran que comer cuesta hoy un 60% más que el año pasado. Ningún convenio colectivo de trabajo logró semejante ajuste en los haberes. La señal que confirma el ajuste real de los bolsillos es la enorme caída en las cantidades consumidas de dos alimentos básicos: leche y carne. En ambos casos se trata de alimentos centrales en la dieta de los argentinos y principalmente en la nutrición de los niños. En ambos casos además, los registros revelan el menor nivel de consumo en lo que va del siglo. En el caso de la carne, los datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación indican que en 2019 se consumen 51,8 kg de carne roja per cápita. Una baja del 10,5% respecto a 2018 y el menor registro desde 2002. En relación a la leche, el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina revela que este año se consumen 182 litros per cápita, lo que implica una merma del 4,2% respecto a 2018, del 16% respecto a 2015, y el valor más bajo desde 2003. Un reflejo del 7,7% de indigentes dado a conocer por el Indec esta semana: en efecto, hay tres millones y medio de personas que no logran comer.

El segundo dato, es el derrumbe real de los ingresos en pesos durante el último año. El infograma adjunto muestra la evolución del salario promedio del sector registrado (Ripte), las jubilaciones mínimas y el salario mínimo vital y móvil, luego de la corrida cambiaria de 2018. De allí surge que en los últimos doce meses los salarios privados perdieron un 14% de su valor real, el salario mínimo (incluso luego de la actualización posterior a las PASO) perdió un 13%, y la jubilación mínima un 8%. Si la comparación se realiza con respecto a 2015, la pérdida real es del 18,1%, 30,2% y 16,9% respectivamente.
Sin duda la economía argentina presenta debates urgentes respecto a cuestiones estructurales como el tamaño del estado, el gasto político, la competitividad de los productos argentinos, o los costos laborales. Sin embargo, con semejante panorama social y gane quien gane en octubre, cuesta imaginar una agenda de crecimiento en el corto plazo que no comtemple una recomposición del poder de compra. En especial si se tiene en cuenta que la última estimación oficial indica que el consumo sigue representando dos terceras partes del Producto Bruto Interno argentino.