El secuestro de Colón
Que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quisiera revisar la historia no sólo nacional sino también universal, reubicando a los personajes que dejaron huellas en lugares que le parecen apropiados para que la jerarquía resultante reflejara sus prioridades actuales, ya no motiva sorpresa. Acostumbrada como está a que la realidad se adapte sin chistar a su voluntad, no vacila en echar del panteón a quienes cree indignos, para que tomen su sitio personas que a su entender son más populares y nacionales, destino éste que, con toda seguridad, espera que la posteridad le confiera a ella misma y a su cónyuge fallecido. Por cierto, pocos días transcurren sin que nos informe, por la cadena nacional de radio y televisión o por Twitter, de sus preferencias en tal sentido. Es que, como tantos que se formaron en la década de los setenta del siglo pasado, la presidenta está resuelta a premiar a aquellos muertos, ilustres o no, que a su entender compartirían sus propias opiniones si les tocara ser sus contemporáneos –ya sabemos que, si aún viviera, Manuel Belgrano militaría en las filas kirchneristas–, y castigar a los que, sería de suponer, caerían en la tentación de vincularse con una “corpo” maligna. Entre estos desgraciados se encuentra Cristóbal Colón, un sujeto genovés que, además de ponerse al servicio de la corona española, cometió el crimen de lesa humanidad de despejar el camino para la conquista europea del hemisferio occidental. No fue su propósito, puesto que lo que el almirante quería era viajar directo a Cipango, o sea, el Japón, pero a juicio de Cristina las intenciones importan mucho menos que las consecuencias de los actos humanos, razón por la cual está decidida a humillarlo post mortem, trasladando la estatua del delincuente que estaba detrás de la Casa Rosada a Mar del Plata, ciudad que ya cuenta con otra parecida y reemplazándola por una de Juana Azurduy, una precursora boliviana de nuestra presidenta, porque ella también luchó por liberar la patria grande del yugo hispano. Así, pues, más de medio milenio después de haber cruzado el mar océano, Colón se ha visto obligado a desempeñar un papel simbólico en la interna política argentina. Desde hace varios meses, las alternativas de la pelea entre Cristina y el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, por la estatua del navegante, como si fueran dos chicos que luchan por un juguete, están contribuyendo a amenizar la política nacional. Lo mismo que ocurrió con las disputas ya casi olvidadas acerca del huso horario, en que el gobernador de Jujuy, un oficialista a más no poder, respetó la voluntad presidencial pero otros la desafiaron, acaso por suponer que su “ciclo” estaba por terminar, las vicisitudes de la estatua se deben más al estado del clima político que a la importancia real del asunto. En el partido de Colón se encuentran los opositores al proyecto kirchnerista, liderados en esta oportunidad por los macristas que gobiernan la ciudad de Buenos Aires, y miembros de diversas organizaciones italianas que se han solidarizado con quien consideran un compatriota, mientras que los resueltos a mandarlo a Mar del Plata, asestando así lo que creen será un golpe contra el imperialismo y los “cipayos” porteños, son “revolucionarios” a quienes les parece progresista reivindicar a los “pueblos originarios” con tal que no les ocasionen problemas, como en el caso de los Qom. Para cumplir con la orden presidencial, los kirchneristas no han vacilado en mofarse de una medida cautelar destinada a impedir o, por lo menos, demorar el traslado previsto. Si bien ya se las han arreglado para separar el monumento del plinto en que había descansado durante casi 100 años –se inauguró en julio de 1921–, el gobierno de Mauricio Macri jura estar decidido a protegerlo. Los porteños no sólo temen que el gobierno nacional lo robe, también afirman que en cualquier momento podría romperse debido al maltrato que está recibiendo de manos de quienes están procurando apoderarse de él. De todas formas, aun cuando los kirchneristas finalmente logren transportar la escultura a Mar del Plata, la saga continuaría, ya que tarde o temprano el país tendría un gobierno de signo muy distinto que, con toda seguridad, trataría de hacer de la devolución del monumento al almirante al sitio que ocupaba al lado de la Casa Rosada una causa popular.
