El TSJ deberá definir en un caso clave contra el fracking

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) suspendió la vigencia de la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de Vista Alegre, que prohibe en todo el ejido municipal la actividad de exploración y explotación de gas y petróleo de yacimientos no convencionales “por los impactos ambientales y sociales negativos que la misma ocasiona”. Fue a pedido de la fiscalía de Estado que, además, promovió una acción de inconstitucionalidad.

Se trata de un caso testigo, ya que la localidad está ubicada en una zona estratégica en materia hidrocarburífera. Ahora, el máximo tribunal deberá definir sobre el fondo de la cuestión.

La ordenanza 783/2016 declaró al municipio de Vista Alegre libre de métodos de exploración y/o explotación por fractura hidráulica (fracking). En los considerandos los concejales plantearon que: “el objetivo de este cuerpo es tomar medidas que eviten una incidencia negativa en la comunidad evitando perjudicar el normal desarrollo de las actividades socioeconómicas tradicionalmente ligadas al uso de la tierra y del agua, tal como se da en nuestra localidad donde poseemos tierras productivas que en la actualidad se están trabajando y de las cuales muchas familias viven de ellos.”

Ni bien fue publicada la norma en el Boletín Oficial el 17 de febrero pasado, el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, requirió al TSJ la suspensión de su vigencia. Posteriormente solicitó que se la declare inconstitucional. Lo fundó en que el municipio no tiene competencia en materia de hidrocarburos ya que señaló, por mandato constitucional, está a cargo la provincia.

Los vocales Soledad Gennari y Oscar Massei y el fiscal José Gerez resolvieron el viernes pasado correrle traslado a la municipalidad por el término de cinco días para que conteste, y en el ínterin, dispusieron que no se aplique la ordenanza. Sostuvieron que “sin perjuicio de que en esta instancia sólo se cuenta con los argumentos aportados por el Sr. Fiscal de Estado, lo cierto es que la naturaleza del planteo constitucional propuesto y el interés público que subyace a la cuestión (de cara a los perjuicios que –se alega– podría acarrear la vigencia de la ordenanza impugnada) amerita la respuesta jurisdiccional pre-cautelar requerida.”

Otros antecedentes

Vista Alegre no es el primer municipio que sanciona una ordenanza de este tipo. Junín de los Andes prohibió la megaminería, la hidrofractura y la circulación de sustancias derivadas de estos procesos. El intendente Domingo Linares la vetó, pero el Deliberante la ratificó. Sin embargo, los proyectos que se desarrollan en Vista Alegre son de otra envergadura: allí se encuentran el yacimiento Río Neuquén y una parte del área Lindero Atravesado.

Un antecedente de similares características ocurrió en Allen. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro declaró en 2013 la inconstitucionalidad de la ordenanza que prohibió la utilización del método de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos.

“Es un exceso de competencia en la jurisdicción de regular la actividad, que es específica, especial y exclusiva de la Provincia”.

Raúl Gaitán, fiscal de Estado, sobre la ordenanza de Vista Alegre.

Ordenanza en la mira

Los puntos centrales

Origen. Un grupo de vecinos se mostró preocupado por movimientos de suelos que se hacían cerca del barrio Ruca Luhe. Manifestaron su preocupación por “el daño ambiental que puede ocasionar en las napas de agua subterráneas y su repudio a la técnica del fracking”.

Producción. Los vecinos plantearon que la actividad puede colisionar con la producción frutícola de la zona así como con los loteos residenciales.

Aprobación. Los concejales entendieron que está acreditado el potencial daño y la afectación a la salud que ocasiona el uso de esta técnica.

Presentación. Para el gobierno provincial, el Municipio no tiene competencia para legislar sobre materia hidrocarburífera.