El TSJ ordenó a Manganaro informar a diputados

NEUQUEN (AN).- El presidente del Banco de la Provincia de Neuquén y de la fundación del mismo nombre, Luis Manganaro, deberá informar sobre los números de todos los gastos en materia de publicidad los organismos que están bajo su control.

La orden de blanquear estos gastos la dispuso el Tribunal Superior de Justicia a través de un fallo reciente que resolvió un conflicto de poderes a favor de los diputados de la Alianza, Raúl Radonich y Mirta Domene, y del socialista Eduardo Correa.

Manganaro dispone de cinco días hábiles para remitir los datos solicitados por los legisladores que acudieron al máximo tribunal de justicia de la provincia luego de no obtener respuestas a dos pedidos de informes que fueron enviados a Manganaro, uno el 11 de abril de 2001 y otro doce días después.

Manganaro también deberá decir cuánto costaron los recitales que ofreció el pianista Raúl Di Blasio en abril del año último en esta ciudad y en el interior de la provincia.

El cachet del pianista -un zapalino emigrado a Miami- originó un fuerte debate. El artista ofreció tres recitales en el estado Ruca Che de esta capital, dos en Zapala, uno en Villa La Angostura y otro en Plaza Huincul. Todos los espectáculos fueron con entrada gratuita y acompañados de una profusa campaña publicitaria.

El 11 de abril, los tres legisladores de la oposición solicitaron al presidente de la fundación del BPN los balances de los tres últimos ejercicios, los presupuestos de 2000 y 2001 y el listado de la planta de personal, permanente y contratada, con discriminación de funciones. También requerían una síntesis de los proyectos a desarrollar por la fundación en el 2001 y el monto ejecutado en publicidad en los últimos tres años.

En el mismo pedido se incluía una información que muchos andaban buscando: saber el monto del contrato de Di Blasio, el detalle de la publicidad originada de esa visita y todo otro gasto relacionado con la promoción del artista.

Como Manganaro no respondió los pedidos de informes, los legisladores de la oposición fueron al TSJ a plantear un conflicto de poderes, con el patrocinio de los abogados Carlos Caballero y Roberto Luján López.

Fallo unánime

En forma unánime, el tribunal, integrado por Arturo González Taboada, Marcelo Otharán y los vocales subrogantes Alejandro Gavernet, Jorge Sommariva y Cecilia Luzuriaga de Valdecantos, dirimieron el conflicto a favor de los denunciantes y ordenaron al presidente del BPN y de la fundación a suministrar los informes requeridos en abril del año último. El fiscal del TSJ, Alberto Tribug, desestimó la denuncia de los legisladores.

La intervención del Tribunal en un conflicto de poderes está contemplada en el artículo 170 de la Constitución Provincial y el fallo conocido ahora tiene un antecedente inmediato: la diputada Teresita Acosta recurrió a la misma vía para acceder a información sobre el manejo de los planes de empleo transitorios de la ley 2128. Una fuente legislativa dijo ayer a este diario que, pese al fallo a favor de Acosta, los funcionarios aún no remitieron la información requerida.

Los funcionarios de rango inferior al de un ministro tienen obligación de responder informes a los legisladores. En cambio el ministro lo debe hacer si el pedido es de la Cámara en su conjunto, según la jurisprudencia del TSJ.