El turno del PAMI
El gobierno del presidente Néstor Kirchner dista de ser el primero que se haya comprometido a terminar de una vez con «las mafias» que están enquistadas en el PAMI, transformando así un foco de corrupción al parecer inmanejable en una institución limpia y bien administrada. Por el contrario, ya es tradicional que poco después de iniciar su gestión un nuevo presidente se afirme resuelto a purgar «la obra social de los abuelos» de los malhechores politizados que la han colonizado para que por fin deje de constituir la «caja» favorita de sindicalistas y políticos, por lo común peronistas o radicales, poniéndose al servicio de quienes en teoría son sus dueños. Aunque por los antecedentes de sus figuras principales el encabezado por el radical Fernando de la Rúa podría considerarse un tanto más confiable que el de Kirchner, su debilidad al parecer congénita y su estilo excesivamente cauto impidieron que la intervención liderada por Cecilia Felgueras avanzara mucho más allá de los anuncios bienintencionados que siempre se han formulado al hacerse cargo un equipo nuevo. Si bien el gobierno actual, a diferencia de sus antecesores inmediatos, parece tener «la vocación de poder» necesaria para llevar a cabo algunas reformas drásticas, sorprendería que se animara a hacer mucho más que reemplazar a los directores o gerentes supuestamente vinculados con caciques políticos notorios por otros de trayectoria menos polémica.
Por tratarse de la enésima intervención, es lógico que algunos hayan dado por descontado que el objetivo número uno del gobierno consistiría en capturar una entidad que constituye una pieza fundamental del «poder» político con la intención de aprovecharla en beneficio propio manteniendo a raya a sus rivales. Por cierto, el que Kirchner se las haya arreglado para hacer del PAMI el escenario de una lucha entre él mismo y el sindicalista emblemático Luis Barrionuevo no ha contribuido a que sean menos verosímiles las sospechas en tal sentido. Aunque la costumbre tanto de este gobierno como de otros de personalizar los problemas de este tipo atribuyéndolos a la perversidad de individuos determinados puede resultar eficaz en términos políticos, también hace suponer que las reformas suelen ser meramente cosméticas: podrían cambiar las caras, pero el sistema esencialmente corrupto que representan seguirá siendo igual.
Como ha señalado uno de los muchos ex interventores del PAMI, Federico Polak, acaso la causa básica tanto de la extrema ineficacia de la entidad como de la corrupción generalizada que la caracteriza consiste en que el plantel, permanente o contratado, se ha visto grotescamente inflado. Nos recuerda que «En Estados Unidos, el Medicare, único símil al PAMI que hay en el mundo, tiene cuatro mil empleados para atender a 40 millones de personas, mientras que el PAMI tiene doce mil empleados para atender a tres millones». Dicho de otro modo, una «solución» sería abolir una organización que no tiene ningún equivalente salvo en el país que conforme al punto de vista de Kirchner y sus simpatizantes es la patria del «neoliberalismo» y el «capitalismo salvaje» y otra sería reducir de forma realmente draconiana la cantidad de empleados, despidiendo a los superfluos que de acuerdo con la comparación hecha por Polak alcanzarán a más del noventa por ciento del total. Puesto que no hay motivos para suponer que el nuevo interventor, Juan González Gaviola, pensará ni en desmantelar una institución sui géneris que no ha logrado cumplir adecuadamente las funciones por las que fue construida ni en echar a más de diez mil empleados que según cualquier pauta administrativa razonable son prescindibles, es de prever que las reformas resulten decepcionantes por muchas que sean las «mafias» a las que los representantes del gobierno nacional consiga incomodar. Como es el caso en tantos otros ámbitos de la vida nacional, la resistencia de las autoridades a tomar medidas que además de reportarle «costos políticos» perjudicarían a «la gente» -o, por lo menos, a quienes son más que capaces de organizar protestas públicas ruidosas-, le impedirá intentar llevar a cabo las muchas reformas «estructurales», incluyendo aquellas que carecen de connotaciones ideológicas, que serán necesarias para que el país pueda funcionar con un mínimo de eficiencia.
