El valor de la palabra





COLUMNISTAS

El abuso sexual intrafamiliar es una lacerante realidad negada pero vigente que se expande en la Argentina a una tasa del 15% anual. El Programa de Investigación en Infancia Maltratada de la UBA (2010) informó que el 15% de la población encuestada manifestó haber sufrido abuso sexual, el 70% ocurrido intrafamiliarmente antes de los 18 años. Estos aberrantes hechos son frecuente causal de divorcios controversiales, que alcanzan según el defensor del Menor de la Comunidad de Madrid al 35% de las separaciones controversiales, donde surgen naturales discusiones inherentes al régimen de visitas y de la tenencia de los hijos. Un informe generado en el 2004 por los juzgados de Familia de Cataluña asegura que “el síndrome de alienación parental” (SAP) es alegado en un 10% de las familias atendidas”, alcanzando sólo en Madrid más de 150 litigios anuales. La carencia de información veraz, actualizada y oportuna en la Argentina es una parte importante del problema; al decir del Dr. Daniel Sabsay, “el primer escalón para gozar de los derechos humanos es tener la información pública”.

El denominado “síndrome de alienación parental” sería “un trastorno que se produce cuando un padre transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor”. Los análisis estadísticos realizados no respaldan la existencia generalizada de fabulaciones inducidas. Sobre una muestra de casi 8.000 casos de abuso denunciados a los servicios sociales en Canadá, las investigaciones revelaron que sólo el 4% de las denuncias resultó falso.

Richard Gardner, pedófilo confeso, generó un “marco teórico” del supuesto SAP como un producto funcional a los intereses de un sector patriarcal, violento y abusador, afirmando que “cualquier acusación de violencia o abuso pronunciada por niños debe considerarse infundada, ya que surge desde el adoctrinamiento del progenitor alienador”, del que aconsejaba alejar a los niños restituyendo la tenencia al acusado de abuso. En su apología de la pedofilia y la violencia intrafamiliar, Gardner ya había afirmado que los encuentros sexuales entre niños y adultos no son necesariamente traumáticos, calificando de exagerada la reacción de la gente a la violencia. Es inadmisible que se utilice como soporte teórico de los peritajes y defensas de los agresores un engendro como el SAP. Resulta imposible para un niño sostener una mentira de ese tipo durante una entrevista adecuada, frente a psicólogos entrenados.

Su difusión se apoya en un sistema de creencias patriarcales y misóginas de los operadores judiciales, profesionales de la salud, peritos judiciales y una parte de la sociedad “negacionista” que ha tomado partido anticipadamente silenciando los casos de pedofilia también en las parroquias, campamentos o colegios de pupilos. Numerosas entidades de diversos países han prohibido la utilización e invocación del SAP por resultar contraria a derecho y a la integridad profesional que demanda el marco ético del ejercicio profesional. Su uso expone a enfrentar los respectivos tribunales de disciplina y ética profesional de las siguientes entidades: colegios de Psicólogos de Buenos Aires, de Córdoba, del Valle Inferior de Río Negro y de Rosario; Cámara de Diputados de la Nación; APBA; Federación de Psicólogos de la República Argentina; Organización Mundial de la Salud; Asociación Mundial de Psiquiatría; American Psychological Association Presidential Task Force on Violence in the Family; Asociación de Psicólogos Americana (DSM-4); Asociación Médica Americana; Departamento de Justicia de Canadá; Court of Appeal of England and Wales; Observatorio contra la Violencia del Consejo General del Poder Judicial Español; Asociación Española de Psiquiatría; Asociación Española de Neuropsiquiatría y Sociedad de Psiquiatría Paraguaya, entre otras.

Es tiempo de decretar la imprescriptibilidad del abuso de menores como en Estados Unidos, penas por omisión de denuncia a los que no informen cuando observen indicios de presunto maltrato o abusos y normas más severas para los que ejerzan indebidamente su jerarquía como los sacerdotes, padrastros, profesores y padres.

No es aceptable que más de la mitad de los menores vivan por debajo de la línea de pobreza y constituyan la mayoría de los indigentes. No es aceptable que se los prostituya, se los transforme en “soldaditos” del narcotráfico, se los someta al yugo mortal del paco. Para restaurar los equilibrios es necesario restituirles a los niños la palabra, asegurar los horizontes intertemporales que no puede proporcionar el mercado, los bienes públicos que le competen al Estado. Hay que habilitar nuevos espacios de escucha y de supervisión donde los niños tengan condiciones para manifestarse libremente y de acuerdo con sus propias características psicosocioambientales.

La situación de la infancia se puede ponderar no sólo por los enunciados presentes en la formulación de las políticas públicas y el asistencialismo clientelar, sino en cómo se piensa a los niños y se establece un modelo para su futuro. La miseria no engendra delincuencia, lo que engendra delincuencia es la descomposición social que lesiona y excluye silenciosamente a los vulnerables. Porque, como dijo Silvia Bleichmar, “la esperanza de un país se mide por la propuesta que tiene para la infancia. Es a través de lo que se propone a los niños donde se ve claramente la perspectiva de futuro que un país tiene”.

María Elena Ochoa

Licenciada. Integrante del Comité Científico y disertante en los congresos XV Nacional de Psicología de la Federación de Psicólogos de la República Argentina y XVI Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología y en el X Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur de la Facultad de

Psicología de la UBA

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