Elevan proyectos de ley para derogar las normas de Lecop y Río 4 02-11-03





VIEDMA (AV).- El Ejecutivo rionegrino elevó cinco proyectos de ley a la Legislatura proponiendo la derogación de cuatro normas. Dos de esas iniciativas derogan las leyes que lanzaron los bonos Río 4 y las Lecop. En otra se propone la disolución de la Sindicatura General y la suspensión de remates por deudas.

Con acuerdo general de ministros ingresaron esta semana a la Legislatura los que podrían significar los últimos proyectos del Ejecutivo provincial durante la gestión del gobernador Pablo Verani.

Los más importantes se vinculan a la derogación de leyes que tuvieron vigencia en una de las etapas económica-social más crítica de la provincia como lo fueron la que posibilitó la emisión de bonos Río 4.

El Ejecutivo también pidió la derogación de las norma que creó la Sindicatura General de la Provincia; así como la anulación del inciso de la ley de tasas retributivas de servicios que fijó el pago por prestación de servicios vinculados con la ganadería.

El resto de los proyectos propició la derogación de la ley sancionada en el 2001 que estableció en la provincia la obligatoriedad de recibir Lecop como medio de pago o cancelación de deudas y la suspensión de los remates y ejecuciones derivados de saldos impagos de créditos que otorgó el ex Banco Provincia a productores frutihortícolas.

En todos los casos, las iniciativas fueron firmadas por el gobernador Pablo Verani y el ministro de Economía José Luis Rodríguez.

La emisión de los bonos Río 4 sumó un total de 20 millones de pesos aplicados a saldar la primera y segunda cuota del aguinaldo correspondiente al 2001 y otros 10 millones de pesos al sueldo anual complementario 2002 de los empleados públicos.

Sobre este tema, el Ejecutivo destacó los alcances del acuerdo con la Nación para poner en marcha el programa de financiamiento que permitió al Estado rionegrino afrontar el pago de los compromisos salariales con desembolsos en moneda de curso legal.

La derogación de la ley que creó la Sindicatura General de la Provincia (SIGEPRO) fue fundamentada en la imposibilidad de disponer las partidas presupuestarias específicas para financiar los gastos que demanda la constitución de la estructura y la designación de los funcionarios del organismo.


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