Emergencia y democracia
La crisis global desatada por la pandemia del coronavirus obligó al gobierno argentino a tomar medidas excepcionales para proteger la salud pública, que han recortado libertades como la de reunión, circulación o de comercio. Sin embargo, toda actuación del Estado en esta situación atípica debe explicarse, estar sometida a la crítica, justificarse en el Estado de derecho y desalentar el autoritarismo o la discriminación.
La explosiva expansión del mal genera angustia en el planeta. Los gobiernos movilizan masivos recursos para enfrentarla, y una forma de mantener atenta y cooperativa a la población es el relato épico de la “guerra” contra un “enemigo invisible” que amenaza a nuestras sociedades. No está mal, siempre que se recuerde que toda actuación pública, por excepcional que sea, sigue teniendo límites en democracia.
Mucho se habló de la efectividad de los países asiáticos en el control de esta pandemia. Sistemas masivos de testeo, vigilancia y seguimiento digital, sumados a una tradición cultural de obediencia a la autoridad y la primacía de lo colectivo sobre lo individual más acentuada que en Occidente, han colaborado para ello. Sin embargo, el autoritarismo resulta contraproducente. Un informe de Reporteros Sin Fronteras reveló que la censura china a las primeras informaciones del brote de Covid-19 en Wuhan y la brutal represión a médicos y científicos que alertaban sobre la necesidad de cuarentenas y mayor investigación redujeron la respuesta estatal ante la epidemia. Si se hubieran adoptado dos semanas antes las medidas de confinamiento que definió el 22 de enero, tal como reclamaban esos sectores silenciados, se podrían haber reducido hasta en un 86% los contagios, señala el reporte. Pekín también cerró laboratorios y encarceló a científicos que filtraron en la web información sobre la secuencia genética del virus, lo que demoró la respuesta de la comunidad científica internacional al problema.
Las cuarentenas, el cierre de fronteras y la restricción de vuelos para ralentizar la circulación del virus han servido para achatar el pico de contagios y permitir a los sistemas sanitarios dar mejores respuestas. Sin embargo, como vemos en nuestro país, también fortalece nacionalismos y localismos extremos e irracionales que llevan al bloqueo de pueblos enteros, escraches en las redes sociales, estigmatización de pacientes “sospechosos” y actuaciones arbitrarias y vejatorias de fuerzas de seguridad en los controles. No pocos dirigentes y gobernadores consideran insuficiente la dureza de las medidas del presidente Alberto Fernández y reclaman declarar el Estado de sitio, un control más estricto de los medios y la oposición, aun cuando no hay desborde social.
Como señala el expresidente brasileño Fernando Enrique Cardoso, gobernar a menudo es explicar. La canciller alemana Angela Merkel, una dura política conservadora, señaló que “al virus se lo combate en democracia abierta, donde las decisiones se explican y justifican; antes que el sometimiento es mejor el conocimiento compartido”.
En nuestro país, hasta ahora los distintos niveles estatales, el oficialismo y la oposición han coincidido en una estrategia de cooperación. Pero unidad no significa unanimidad. Las críticas de medios, científicos y opositores ayudó al gobierno a rectificar medidas como la prevención tardía, la excesiva centralización de los testeos, decisiones económicas o la repatriación de connacionales. Una situación inédita como la pandemia obliga a respuestas flexibles y sujetas a revisión, y eso se logra con un debate público robusto y abierto.
Es cierto que indignan los comportamiento sociales irresponsables y desobedientes del aislamiento social, tal como señaló este diario. También se debe sancionar el oportunismo y la especulación. Pero ante el miedo y actitudes de anarquía individual debe ser la ley y no la brutalidad la que restaure la confianza de la población en las instituciones. El gran desafío de nuestros países es priorizar la vida, la salud y proteger a los sectores vulnerables, y hacerlo eficazmente dentro de un sistema democrático y respetuoso de los derechos humanos.
