En Bariloche, hay 23 denuncias penales por apremios ilegales de la policía

POLICIALES

Se presentan ante la Justicia cuatro denuncias mensuales en promedio por apremios ilegales o vejaciones por parte de agentes de la Policía de Río Negro y del Servicio Penitenciario en Bariloche y la región.

Según información oficial de la Unidad Fiscal de Atención Primaria de la Tercera Circunscripción que recepciona las denuncias e inicia los expedientes judiciales, en lo que va del año se presentaron 23 denuncias formales bajo las calificaciones de apremios ilegales y vejaciones. No incluye los últimos sucesos del fin de semana del 28 de junio que sumó dos nuevas denuncias por ataques a dos jóvenes en el barrio 169 Viviendas (ver nota).

El último hecho retomó las críticas de organismos de derechos humanos y funcionarios, como al defensora del Pueblo Andrea Galaverna y el concejal Ramón Chiocconi, por el accionar desmedido de la policía que evidencia un “disciplinamiento social”, según apreció Galaverna.

Los delitos denunciados (vejaciones y apremios) están incorporados en el Código Penal Argentino que pena estos hechos cometidos por funcionarios públicos como policías o agentes penitenciarios, quienes de comprobarse los hechos pueden tener condenas de 1 a 5 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer la profesión por el doble de tiempo. En el caso de torturas a personas privadas de la libertad la pena es mayor y va de 8 a 25 años de prisión.

Según las denuncias del 2014 a las que accedió “DeBariloche”, 9 presentaciones judiciales fueron formuladas contra efectivos de la Comisaría Segunda ubicada en el Centro Cívico, 4 señalan a agentes de la Comisaría 28 (jurisdicción donde ocurrieron los últimos episodios), un caso en la Unidad 27 del oeste y otro en la 80 del Este (barrio San Francisco), otro hecho en la Comisaría 12 de El Bolsón.

Además la jurisdicción también incluye un caso en la Comisaría 14 de Jacobacci y otro en la unidad policial de Comallo. El resto de los casos no precisan dependencias policiales en la denominación del expediente judicial.

Entre los denunciantes hay víctimas, padres de menores afectados e incluso en un caso la denuncia fue formulada por el Juzgado de Instrucción N°6.

La resolución de ninguno de estos casos tomó estado público, según los registros propios, algo que sí sucedió en mayo con el sobreseimiento de los agentes policiales que estaban imputados por la golpiza feroz de julio del año pasado a seis adolescentes de la murga del barrio Arrayanes. Por este hecho, el gobierno decidió apartar temporariamente a uniformados y un comisario que dos meses después fueron restituidos en sus funciones pero en otras dependencias policiales.

rionegro.com.ar con información de DeBariloche