En defensa propia

María Inés García *

La rapidez de las instituciones judiciales para desechar presentaciones que ponen en duda su propio desempeño es asombrosa.

El Consejo de la Magistratura rechazó, en tiempo récord y sin solicitar una sola medida de ningún tipo, el planteo por mal desempeño contra Rita Custet Llambí por haber juzgado y condenado en la causa de los adicionales habiendo sido ella misma directora general de Asuntos Legales durante el gobierno de Saiz durante el período investigado.

Eso sí, la intensidad en el trabajo no es la misma cuando se trata de proteger los derechos de los ciudadanos o mantenerlos informados.

La decisión que, según informa el Consejo de la Magistratura por correo electrónico, se habría tomado el 23 de diciembre del año pasado fue notificada a las partes recién hace dos días (el lunes 8). Justo luego de que los denunciantes solicitaran copia del sorteo mediante el cual se designó a la jueza subrogante en el caso, que también fue inmediatamente rechazado.

La resolución del Consejo de la Magistratura es asombrosa también por varios otros motivos. Me concentraré en el que considero nodal, pues muestra el estado de situación (crítico) jurídico-institucional de la provincia de Río Negro.

La misión del Consejo de la Magistratura consiste en velar por el buen funcionamiento del sistema judicial y controlar que sus integrantes se desempeñen con independencia, imparcialidad e idoneidad.

En el caso, los denunciantes le solicitaron al Consejo que evaluara el desempeño de la jueza subrogante en la causa de los adicionales, Ma. Rita Custet Llambí, pues fue funcionaria del gobierno investigado y tenía el deber legal y ético de apartarse de la causa.

El Consejo de la Magistratura no tomó una sola medida destinada a esclarecer por qué la jueza subrogante no se excusó. Ni siquiera la citó a dar alguna explicación.

Desestimó el pedido de ciudadanos de a pie cuyos derechos han sido afectados, sin más. La jueza subrogante, vale decir, pudo haber cometido el delito de prevaricato, esto es, fallar ilegalmente a sabiendas.

En lugar de cumplir con su función de controlar el desempeño de los integrantes del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura sostuvo que nada debía investigar pues, y cito textual, “la integración del Tribunal con la Dra. Custet Llambí ha sido generada por el propio impulso de los letrados defensores de los denunciantes”.

También es función del Consejo de la Magistratura la de designar jueces y juezas en la provincia de acuerdo con la Constitución y las leyes. Si lo que afirma el Consejo es cierto, las instituciones judiciales de la Provincia están heridas de muerte. Si los abogados defensores pueden elegir jueces y el Consejo permitirlo, la situación es realmente preocupante, pues no es posible visualizar quién, dentro de la Provincia, podría volver las cosas a su cauce legal.

En el medio, los denunciantes que se presentaron por derecho propio ante el Consejo, quedan absolutamente indefensos. No queda institución a la que recurrir.

No quedan instituciones judiciales en pie en la provincia.

*Exlegisladora rionegrina