En Neuquén, ¿existe “política penitenciaria”?

https://www.rionegro.com.ar/en-neuquen-existe-politica-penitenciaria-OYRN_906484/

Horacio Rubén Jankowski (*)

En estos días, a raíz del asesinato de Cristian Ibazeta en una celda de la Unidad 11 y la salida de José Poblete en Zapala, en distintos medios de prensa locales se han escrito muchas notas de opinión y editoriales pretendiendo establecer una descripción de la situación de las unidades de detención y de la institución policial. Mi intención no es disentir con esas opiniones de autoridades y/o especialistas; por el contrario, coincido en muchos de los aspectos mencionados, pero creo conveniente que, para ampliar el análisis, es necesario efectuar algunas consideraciones. En primer orden, quiero mencionar que lo sucedido merece el mayor de los repudios, así como las sanciones judiciales y administrativas a los responsables. Dicho esto, considero muy riesgoso e inapropiado estudiar estos hechos como simples “causales” de una política, de una cultura de la organización o de un “modelo” policial o simplemente como actitudes de una “corporación”. Para poder ver si existieron adecuaciones o se intentaron transformaciones organizacionales y culturales en una organización de este tipo, es necesario visualizar y estudiar un campo más amplio, retrotrayéndonos a ver lo sucedido por década hacia atrás, para poder determinar si se hicieron o no intentos de cambio y si fueron exitosos o no. Específicamente, en la problemática concerniente a los ciudadanos “detenidos” en sede policial, la Policía del Neuquén viene desarrollando desde hace más de 20 años distintas estrategias a fin de que la atención y el cuidado de las personas privadas de la libertad sean competencia y responsabilidad de otra área del Ejecutivo provincial, sin ninguna intervención policial. Este proceso de transformación tuvo una impronta muy significativa a partir de marzo de 1993, cuando se conformó la Comisión Penitenciaria Provincial, integrada por funcionarios del Poder Judicial, del Ejecutivo y de la Policía provincial; recordamos entre algunos de sus integrantes a los Dres. Adolfo Mantilaro, Tomas Gavernet, Alberto Tribug, Cecilia Luzuriaga de Valdecantos, Víctor Martínez, Ricardo Mendaña y Gustavo Vitale. Esta “comisión” trabajó reuniéndose periódicamente durante más de seis años y desarrollando varios documentos, como “Bases de una política penitenciaria” y el “Programa de arquitectura penitenciaria”, entre otros. Para que el lector pueda materializar fácilmente el desarrollo estratégico que llevó a cabo la Policía en este sentido, y en el marco de la política desarrollada en esa comisión, en lo que respecta a infraestructura se ejecutaron varias obras, como la Unidad 11 de Neuquén y las unidades en Cutral Co y Zapala, cuyo proyecto y localización no fueron casuales ni se recurrió a profesionales fuera de la provincia, siendo su diseño y destino únicamente para “procesados”. Paralelamente se proyectaron y construyeron –en los últimos años de la década del 90– nuevos prototipos de “comisarías” con un sector de celdas diseñado para un corto tiempo de alojamiento, incluyendo además un sistema de videocámara de seguridad dentro de la dependencia, tecnología que hoy se reclama desde algunos sectores para contralor del personal policial –hace 15 años la propia institución decidió su instalación y así se hizo; por ejemplo, comisarías de Gran Neuquén, Confluencia, etcétera–. La culminación del programa era la construcción de la cárcel para condenados, la que se hizo (en Senillosa) sin el asesoramiento de la Policía provincial. En lo que respecta a la formación del personal, ya en 1995 egresó el primer curso de “celadores” con formación específica fuera de la tradicional Escuela de Policía. Simultáneamente el mismo año se creó la Dirección de Unidades de Detención, que centralizaba todas las unidades dedicadas al alojamiento de detenidos con la finalidad de llevar a cabo una “política de alojamiento y tratamiento”. El mismo año se aprobó, juntamente con el Poder Judicial, el primer reglamento de tratamiento de procesados, y así podría enumerar muchas acciones más, incluyendo el proyecto de ley de creación del Servicio Penitenciario Provincial –que prevé una conducción “civil”–, que se elevó al Poder Ejecutivo en el 2009, redactado con participación de personal superior retirado y sin tratamiento legislativo hasta la fecha. Cabe mencionar que en lo que respecta a la formación del policía, siempre y muy significativamente a partir del 2000 se llevó a cabo una transformación muy profunda desde la misma institución que es imposible sintetizar en este escrito y merece un análisis particular. El objeto que me llevó a escribir estas líneas, sin pretender que las mismas sean compartidas por todos los lectores, es simplemente agregar mayor información a esta problemática y a la vez preguntarnos si la institución policial, por sí misma, hizo poco o mucho por mejorar la situación de los ciudadanos privados de la libertad. La adaptación de políticas y estrategias sobre este tema o sobre el aspecto más amplio de la “seguridad ciudadana” depende de las propias instituciones involucradas, desde donde se han gestado cambios interesantes, o de la conducción “política” de turno. No olvidemos que llevamos más de 25 años de democracia, tiempo suficiente para haber formado “políticos” y “funcionarios” con capacidad y conocimiento en conducción en la temática “seguridad”; si así no es, constituye una deuda pendiente para no seguir policializando los asuntos de seguridad pública. Seguramente el modelo policial neuquino amerita seguir siendo corregido, mejorado, democratizado y actualizado a las demandas comunitarias de hoy, pero creo y desde lo personal estoy convencido de que se hizo mucho por cambiar desde la propia institución, o por lo menos se intentó. Ojalá que quienes la conducen día a día y en un futuro profundicen esos cambios y que desde una verdadera política de gobierno se desarrolle, se conduzca y se controle la seguridad en su conjunto. (*) Comisario general (R) de la Policía del Neuquén