En Río Negro se abre el debate por la suspensión de los juicios por jurados
Hay resistencias al proyecto para suspenderlos por un año. Se piensa en un periodo menor. El STJ hizo público su respaldo luego de que el gobierno se molestó por su desatención. Abogados de Roca se oponen.
Foto: Alfredo Leiva.
Los juicios por jurados quedarán suspendidos en Río Negro, según un proyecto gubernamental que empezará el próximo martes a debatirse en la Comisión de Interpoderes. Igualmente, esa pretensión oficial ya originó críticas públicas y reacciones reservadas.
Su aprobación en el recinto se prevé para la cuarta semana de junio, pero ya se estima un acortamiento en el aplazamiento propuesto para un año.
El plazo será menor –posiblemente, seis meses– y, en todo caso, se dejará la alternativa de su prorroga, anticipan fuentes legislativas.
Su tratamiento llega complicado, pues rápidamente aparecieron posturas contrarias de los colegios y de organizaciones, que advierten la inconstitucionalidad de la suspensión del mecanismo de enjuiciamiento por jurados populares.
El proyecto tiene su origen en el Poder Ejecutivo, pero solicitado por el Superior Tribunal de Justicia. Ayer, su presidenta, Liliana Piccinini salió en su defensa después de conocer el malestar gubernamental por el intento judicial de tomar distancia de la iniciativa.
Frente al estancamiento de los procesos por la pandemia, la suspensión de los juicios con jurados populares es la salida propuesta frente a la posibilidad del vencimiento de las prisiones preventivas. Tres casos marchan con plazos ajustados: dos de Bariloche –ambos por abusos sexuales, uno en perjuicio de una menor de 13 años y el otro con un imputado por ese mismo delito contra su nieta– y el tercer expediente en Roca –con cuatro imputados por un homicidio ocurrido en junio del 2019–.
Si a la persona se le niega ser juzgada por sus pares habrá una violación constitucional y la sentencia sería anulada”.
Colegio de Abogados de Roca, que preside Gastón Lauriente
El Código Procesal permite hasta un año de prisión preventiva y una ampliación de seis meses por “circunstancias excepcionales”.
Frente al mismo dilema, en Neuquén se trabajaba un proyecto legislativo de ampliación de los plazos para sostener las prisiones preventivas, extendiéndolos en nueve meses. Pero, su STJ sorprendió y, directamente, levantó la prohibición para realizar todo tipo de juicios, dejando el desafío de su organización.
En Río Negro se propone que “jueces técnicos” asuman y concluyan los procesos que corresponden a juicios por jurados, previa la suspensión de los mismos por un año. En agosto se cumplirá el primer año de aplicación aunque, hasta ahora, sólo uno se realizó. Fue en marzo pasado en Bariloche donde se declaró no culpable a Marta Valle por la muerte de Fernando Huenuqueo, en junio del 2019. Los delitos encuadrados en este esquema de juzgamiento son aquellos con penas superiores a los 12 años.
Presentada a fines de mayo y con acuerdo de ministros, la gobernadora Arabela Carreras hizo suya totalmente la iniciativa, pues no hace ninguna mención a la solicitud del STJ. El martes, a las 10, empezará el análisis por la comisión de Interpoderes, convocada anoche por el presidente de Asuntos Constitucionales, Lucas Pica.
Los fundamentos plantean las presentes complicaciones para concretar esos juicios cuando se “desaconseja el movimiento y la reunión de personas en espacios” donde no se logre “el necesario distanciamiento” y afirma que “los medios tecnológicos existentes no logran satisfacer las necesidades que el específico procedimiento exige”. Además, se pondera “el deber irrenunciable de los magistrados y funcionarios judiciales para resolver las causas en los plazos fijados”, la cual, “resulta imposible” con los jurados populares, “en las circunstancias actuales”.
Admite que, aún la emergencia sanitaria, se “deben realizar los máximos esfuerzos posibles a los fines de procurar que aquellos derechos que puedan ser afectados, lo sean en un marco de equilibrio que permita su razonable ejercicio”. Se reclama la tutela “efectiva y real acceso a la justicia”, “en tiempo legal y oportuno, preservando garantías de debido proceso legal, definido por la Corte Suprema.
La Justicia se alineó con la propuesta gubernamental
Ayer, forzado, el Poder Judicial hizo público su respaldo a la iniciativa gubernamental. La presidenta del STJ, Liliana Piccinini consideró que el proyecto “da cuenta de la imposibilidad” de realizar juicios por jurados en el actual contexto de pandemia y, en esa línea, compartió esa “solución acotada en el tiempo que tiene en cuenta las garantías del debido proceso”.
El Procurador General, Jorge Crespo también acompañó mientras aclaró que “el juicio por jurados no está siendo abolido”, “simplemente se está suspendiendo momentáneamente” y valoró la continuidad del proceso en favor del “debido proceso legal”, con “jueces técnicos”.
Ambos comunicados se difundieron al mediodía. Fue la respuesta al malestar del Poder Ejecutivo al entender que el STJ se desentendía de su informal requerimiento y dejaba solo al gobierno con un proyecto, que –por ahora– suma rechazos.
El mayor enojo se generó cuando Piccinini, en una entrevista con este medio, dijo desconocer “los fundamentos”, más allá que resaltó que los juicios por jurados “eran impracticables” y aportó argumentos en favor de la suspensión.
En ese diálogo, la presidenta reclamaba recurrir a “los jueces profesionales, con todas las garantías, para que el acusado y la víctima lleguen a un juicio”. Así, Piccinini desestimaba la posibilidad de prorrogas de las prisiones preventivas.
En otra ratificación pública de acompañamiento, Piccinini y Crespo concurrirán el martes próximo a la comisión de Interpoderes para insistir en la de defensa de la suspensión del mencionado procedimiento penal.
El término del aplazamiento del expediente original está fijado en un año aunque en el oficialismo admite que se piensa reducir a seis meses, con la posibilidad de su prorroga.
Advierten sobre fallos nulos
Los abogados ya plantean sus oposiciones y el Colegio roquense punteó con una nota remitida a la Legislatura, advirtiendo que el proyecto es “inconstitucional” y su aplicación derivaría en anulaciones de sentencias con jueces técnicos.
Además, esa institución –que preside Gastón Lauriente– entendió que esta suspensión “no se ha dado en el país ni en el mundo” y, en todo caso, propone algo “intermedio”, con un plazo de tres meses y la posible prorroga por un período igual. También, enumera “posibilidades técnicas y prácticas” para cumplir con los juicios por juradas, en las actuales condiciones de distanciamiento sanitario.
Los otros colegios aún no formalizaron sus posiciones. En cambio, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (Inecip) calificó al “proyecto de innecesario e inconstitucional” mientras reclamó en este momento “sentido común, imaginación y compromiso”. Entre sus razones, esa organización advierte que la iniciativa “parece contraria al texto de la Constitución Nacional ya que es obvio que ni los legisladores nacionales, ni los provinciales, tienen facultades para suspender o derogar –aunque sea temporalmente– el juicio por jurados.
Admite la excepcionalidad del momento, pero afirma que a “nadie se le ocurriría por un año, suspender el juicio público o el derecho de defensa en juicio, o los derechos de las víctimas”.
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